Sí o sí, elige quién miente

Los dos socios del Gobierno, socialistas y morados, están sometiendo a su electorado y a la opinión pública, en general, a una elección perversa: quién está mintiendo de los dos. La ley llamada del solo sí es sí ha entrado en la fase de la confrontación política entre quienes la aprobaron y, ahora que nadie discute el desastre en el que se ha convertido y la alarma social que ha despertado, unos y otros se pasan la responsabilidad con afirmaciones incompatibles. O la reforma de la ley aumenta las penas o las disminuye. O los socialistas advirtieron de las consecuencias o se callaron. O el Código Penal anterior es humillante para la mujer o más severo con los delitos. Unos afirman una cosa y otros defienden lo contrario. De modo que incitan a tener que elegir, quién está mintiendo de los dos.

Esa es la disyuntiva que deben resolver los votantes de izquierda, sobre todo, que son quienes se sienten más afectados por esta batalla que solo tiene una motivación electoral. Debemos remarcar esto último: la polémica sobre las penas reformadas para los agresores sexuales ha trascendido del interés y la preocupación por las víctimas, que es lo que afecta al interés general, y se ha restringido a la lucha por el voto. La preocupación ahora en el seno del Gobierno es simplemente por el desgaste electoral que supone. Las filtraciones de fuentes de la Moncloa en los últimos días contienen expresiones inequívocas al respecto: la proyectada reforma de la ley es “una decisión política” del líder socialista, Pedro Sánchez, para intentar “frenar la sangría de imagen” que supone para sus intereses electorales. Es decir, no se trata de una preocupación legal, sino política, ni el principal objetivo es la protección de las mujeres, aunque, al menos quien suscribe, no dude de la preocupación sincera de este Gobierno por las víctimas de los agresores sexuales. Sencillamente, no es el momento que estamos viviendo. Esto de ahora es el último grado conocido en la degeneración de esa ley, ya embarrada en la obscenidad de la batalla electoral entre los dos partidos que se disputan el electorado de izquierdas en España. Los socios de Gobierno se disputan ahora un sí o sí ante los suyos, para que los crean sin replicar, para que acepten sus argumentos, culpen al otro y pasen la página sin más.

Las diferencias entre las versiones que están ofreciendo los dos bandos enfrentados del Gobierno de Pedro Sánchez no se limitan a aspectos valorativos, ni mucho menos, de ahí la gravedad de lo que dicen, por la confusión exponencial que están provocando en un asunto de la máxima sensibilidad social. La ministra de Igualdad, Irene Montero, por ejemplo, ha repetido en alguna entrevista concedida que la reforma propuesta por el Partido Socialista provocará una rebaja de las penas a los agresores sexuales. En el mismo sentido, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sostiene que la reforma dará lugar “a una segunda oleada de revisiones de penas y condenas”, que siempre se realizan a la baja, atendiendo a la legislación que sea más favorable al reo. Sin embargo, la ministra de Justicia, la socialista Pilar Llop, asegura que ocurrirá todo lo contrario: con la reforma del PSOE “sí se van a evitar las disminuciones de condenas”. Y añade, para que no queden dudas: "No es de recibo que con esta ley se haya producido una rebaja de penas. Y que salga más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación".

Igual ocurre con la responsabilidad política sobre la aprobación de esta ley, los debates en el seno del Consejo de Ministros. Mientras que la vicepresidenta de entonces, Carmen Calvo, asegura que los socialistas sí advirtieron a los dirigentes de Podemos de las consecuencias nefastas que acarrearía, como la reducción de condenas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que nadie dijo nada: “No es que la rebaja de penas sea un efecto indeseado de la ley, es que nadie se esperaba que esto fuera a ocurrir”. ¿Quién miente? Puede elegir…

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Naturalmente, quien no se encuentre en la tesitura de tener que creer a unos o a otros, es muy probable que no tenga dudas sobre lo que ha ocurrido realmente con esta ley: ambos son responsables del desastre, unos por acción y otros por omisión. Se trata simplemente de contemplar la disputa, este insólito espectáculo de degradación política, y tratar de imaginar qué electorado será más receptivo a la exculpación que ahora le están ofreciendo sus respectivos líderes. Si atendemos a lo sucedido desde el otoño pasado, es probable que sea Podemos quien piense que tiene mejor encauzado el desgaste electoral que podía provocarle. Hace tan solo unas semanas, de hecho, la propia ministra Irene Montero aprovechó un acto de su partido en Murcia para decir algo que, hasta entonces, había negado: “Sé que la ley está bien hecha, pero estoy dispuesta a ceder con tal de llegar a una respuesta unitaria del Gobierno”. Lo que, sin embargo, ocurrió después fue lo contrario, en vez de ceder, apretó la presión y el acoso a sus socios. Podemos encontró el lema y la consigna de la que carecían para arremeter contra el PSOE, “quieren volver al Código Penal de la Manada”, y cuando en el Partido Popular se mostraron dispuestos a apoyar la reforma socialista, se completó la jugada política diseñada.

Para Podemos, es suficiente la alineación de los socialistas con la derecha para convertir la reforma de la ley en "un giro reaccionario en contra de las mujeres". Y está convencido de que su electorado acepta esa explicación. La posición del PSOE, sin embargo, es más pragmática, más realista, reconocimiento del error, aunque sea genérico, y propuesta de enmienda para volver a las penas anteriores del Código Penal. Pero no parece que su electorado esté valorando la rectificación tardía ni que, en consecuencia, haya salido del desconcierto que supone esta calamidad. La preocupación de Pedro Sánchez por el deterioro de su valoración pública, la “sangría de imagen” por “los efectos indeseados de esta ley”, como los llama, solo podría mejorarse si hubiera logrado imponer su autoridad al frente del Gobierno para rectificar la ley de inmediato y que los ministros afectados pidieran públicamente disculpas. Pero nada de eso ha ocurrido, su debilidad se mantiene. Entre otras cosas, porque en esto del sí o sí los más radicales siempre son los más crédulos con las consignas que lanzan sus líderes. Es lo que tiene el fanatismo político.