Los jueces gobiernan España

La radicalización de la política conduce a la judicialización de la democracia. La imposibilidad absoluta de diálogo y de entendimiento en dos de los poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, se resuelve en el tercer poder, el judicial, que acaba asumiendo un protagonismo impropio, además de indeseable, en una democracia. Si nos detenemos un momento a analizar la ingente cantidad de leyes que están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional, veremos que estamos ante uno de los signos más destacados de esta legislatura de la crispación; veremos que esa es la preocupante deformación que ha provocado la polarización extrema que se vive en España desde hace casi una década, quizá desde que la primera gran crisis del siglo, la crisis financiera que hizo temblar el mundo, derrumbó el imperfecto y apacible bipartidismo en que se había sustentado hasta entonces la democracia española.

Con la irrupción de los extremos, se acentuó el sectarismo que ya existía en la política española, un sectarismo inherente a la forma de hacer política aquí, y se alejó definitivamente la posibilidad de un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas. A partir de ahí, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de girar bruscamente hacia la izquierda, convirtiendo en estables sus alianzas con los partidos más radicales en la izquierda del arco parlamentario, ha acabado agudizando todos los males anteriores.

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La cuestión es que, si se repasan las leyes de esta legislatura que están pendientes de resolución del Tribunal Constitucional, comprobamos que es como si la legislatura se vaya a cerrar en falso, porque todo va a quedar pendiente de confirmación legal. Eso, desde luego, sin contar con los pronunciamientos y sentencias de los órganos que sí pertenecen al poder judicial, como el Tribunal Supremo. Ahí está el auto demoledor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al revisar las penas de los independentistas condenados por la revuelta de 2017.

Cualquiera puede comprobar que la sala del juez Marchena no se limita a una aplicación técnica, sin más, de las nuevas penas tras la reforma del Código Penal, sino que se vierten serias y severas advertencias por las consecuencias futuras de esas modificaciones. Expresiones en un texto judicial como que la reforma del Gobierno “desenfoca el problema” o que, en adelante, los delitos contra el orden constitucional quedan "ajenos a la intervención penal" para poder perseguirlos ya denotan ese mismo aspecto, de cómo la crispación ha llegado también hacia esos tribunales superiores después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya premiado a los insurrectos y menospreciado, o incluso burlado, el trabajo de tantos magistrados y fiscales.

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En todo caso, la mayor proporción de leyes pendientes de resolución está en el Tribunal Constitucional. A expensas de que Vox decida si recurre o no la última ley aprobada, la ley trans, ya que el PP ha decidido no hacerlo, aunque sí ha prometido que la derogará, hay una decena de leyes que ya están pendientes de sentencia, casi todas las relevantes aprobadas por el Congreso de los Diputados: la ley de eutanasia, la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, la ley de educación, la Ley de Memoria Democrática y la del solo sí es sí. Por estar recurridas, lo están incluso algunas leyes del ámbito económico, como la ley del ingreso mínimo vital, la de reforma laboral y la de las medidas de ahorro energético.

También la aprobación de impuestos que podrían invadir competencias autonómicas, como el impuesto a los ricos, y hasta la ley de los riders, que este Gobierno aprobó por decreto ley en una de las interpretaciones más grotescas de la “urgente necesidad” que legalmente se requiere para aprobar una ley sin respetar los trámites parlamentarios. Si las elecciones generales se celebran, como parece, en los primeros días de diciembre de este año, la legislatura expirará sin que el Tribunal Constitucional se haya podido pronunciar sobre la mayoría de esas leyes. Y si, como vaticinan numerosas encuestas, en esas elecciones hay un cambio de ciclo y las puertas del Gobierno se abren para el Partido Popular, nos encontraremos con una situación peculiar: un Gobierno de derechas, autor de la mayoría de los recursos interpuestos, y un Tribunal Constitucional con una mayoría progresista, incluidos el presidente, Conde-Pumpido, de acreditada trayectoria y confianza del Partido Socialista, y dos antiguos altos cargos de Pedro Sánchez en la Moncloa. Es decir, la situación propicia para que el caos institucional se expanda, la falta de entendimiento aumente y la polarización conduzca a un deterioro en España que nos lleva a esperpentos como esta sensación de que vivimos en una democracia judicializada.