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Odiar al Gobierno y despreciar a Ferrovial
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Javier Caraballo

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Odiar al Gobierno y despreciar a Ferrovial

Se olvidan otros valores fundamentales, como el de "integridad" y el de "respeto", que la compañía exhibe como los que tiene "grabados en su ADN"

Foto: Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. (Reuters/Paul Hanna)
Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. (Reuters/Paul Hanna)
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Nada más patético que esta ceguera española de celebrar el mal ajeno aun a costa de perjudicarnos a nosotros mismos y sufrir las consecuencias. Cueste lo que cueste. Todo lo que perjudica a Pedro Sánchez no nos beneficia como españoles, por mucho que se desee un cambio de gobierno, por muy opuestas que sean las ideas políticas y por grande que sea la preocupación por la deriva de esta legislatura. Ya está dicho aquí desde hace tiempo que el odio a Pedro Sánchez se ha convertido en el principal factor político en España, aquello que determina con más fuerza los estados de opinión electoral, pero que nadie tenga la menor duda de que en esta polémica de Ferrovial no es el presidente del Gobierno, ni siquiera sus ministros y ministras más cafres, quienes tienen la culpa de la espantada de la empresa.

Ferrovial abandona España para instalar su sede social en los Países Bajos por la inercia histórica del dinero de buscar la patria allí donde encuentra más rentabilidad, sin más sentimiento ni pasión que el que aporta la cuenta corriente y el valor de las acciones. Siempre ha sucedido así, es verdad, pero cuando el cálculo es meramente financiero, se olvidan otros valores fundamentales, como el de "integridad" y el de "respeto" que la compañía exhibe como los que tiene "grabados en su ADN". Al abandonar España, Ferrovial no ha estado a la altura de esos principios que dice defender. No por la repercusión económica o fiscal de su decisión, sino por lo que supone y lo que transmite. Por eso, en esta polémica, podemos razonablemente censurar la estúpida campaña de desprestigio contra los empresarios emprendida por este gobierno sin que, por ello, justifiquemos la decisión egoísta e ingrata de Ferrovial al dejar España y tirar por los suelos su prestigio de setenta años. Nada de lo que se puedan ahorrar en impuestos, ninguna cantidad, podría compensar ese desprestigio. Ni multiplicando los beneficios fiscales que persiguen con su salida podrían compensar el daño. Ese es el único cálculo que no han hecho en la familia Del Pino.

Foto: Pedro Sánchez y Sanna Marin. (EFE/Kimmo Brandt)

La censura de la política antiempresarios del Gobierno, como se decía antes, no tiene ningún tipo de justificación en un partido como el PSOE ni en un país como España. El acierto estratégico de Pedro Sánchez hace seis años, al girar el partido a la izquierda cuando accedió a la secretaría general del PSOE, fue efectivo para que los socialistas recuperasen el espacio político que les estaba arrebatando Podemos, pero es completamente absurdo que mantenga un discurso de radicalidad que desfigura entre sus votantes unas siglas históricas. La socialdemocracia no se puede representar con discursos como los que salen del Gobierno constantemente, llamando a los empresarios españoles usureros, codiciosos y avariciosos. Y Pedro Sánchez, no solo lo permite, sino que ha acabado él mismo asumiendo ese discurso radical. Si le añadimos a la agresividad del discurso, algunas de las medidas adoptadas, como la subida del salario mínimo sin tener en cuenta a los empresarios o los anuncios permanentes de subidas de impuestos y acoso fiscal a las grandes empresas, convendremos que nada de ello contribuye a fortalecer a una economía de mercado. No es así como se impulsa el progreso y el fortalecimiento de la economía española, pero nada de eso tiene que ver con las razones por las que Ferrovial va a pegar la espantada.

Es muy importante subrayar esto último porque, con la desmesura habitual con la que se afrontan los debates políticos en España, lo que ya ha comenzado a circular es el discurso de que con Ferrovial ha comenzado "la fuga de empresas". Por insultar a Pedro Sánchez, como se decía antes, no se puede propagar a los cuatro vientos que España es un país venezolano del que salen huyendo las empresas para no tener que soportar la extorsión fiscal y los insultos del Gobierno. Esa no es la realidad de este país y esa oposición de tierra quemada acaba perjudicándonos a todos, que es lo que nunca se calcula. Ferrovial va a dejar de tener su sede social en España, pero hay otras muchas grandes constructoras que se mantienen aquí y ninguna de ellas ha secundado la espantada. Hace muy mal el presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, cuando aprovecha la noticia de Ferrovial para ensalzar al presidente de esa compañía —"en España debería haber muchos Rafael del Pino"—, justificar su decisión de abandonar el país —"hay que respetarla como parte de su estrategia de expansión internacional"— y aventurar la marcha de otras muchas —"las empresas españolas están mirando el mercado norteamericano porque les da más confianza"—. Resulta inexplicable que el presidente de la patronal española, en vez de lamentar e intentar frenar la marcha de una multinacional como Ferrovial, se dedique a justificarla para cargar contra el Gobierno y acusarlo de generar inseguridad jurídica y desconfianza. Eso es darle un bofetón al Gobierno en la cara de España.

Estamos en un año de elecciones que, según predicen la mayoría de las encuestas, consolidará el cambio de ciclo político que se viene apuntando desde el pasado año. Solo con esa evidencia se desmonta que la marcha de Ferrovial tenga una motivación política porque, según esas encuestas de las que hablamos, es muy posible que este año termine con otro Gobierno en España. Una sociedad como Ferrovial, que nació en la dictadura, fabricando vías para los trenes, y que en la democracia española se ha convertido en una de las grandes multinacionales mundiales de la construcción; una empresa así, que ha crecido exponencialmente a lo largo de dos regímenes políticos y una decena de gobiernos de todos los colores políticos, no toma una decisión tan trascendental como la de trasladar su sede social porque le asfixie un Gobierno que está en los últimos meses de su mandato. Es un cálculo frío e ingrato, carente de los valores que dicen defender. Que no, que no. Este Gobierno de populismo simplón y avinagrado contra los empresarios no tiene nada que ver con la espantada indecente de Ferrovial.

Nada más patético que esta ceguera española de celebrar el mal ajeno aun a costa de perjudicarnos a nosotros mismos y sufrir las consecuencias. Cueste lo que cueste. Todo lo que perjudica a Pedro Sánchez no nos beneficia como españoles, por mucho que se desee un cambio de gobierno, por muy opuestas que sean las ideas políticas y por grande que sea la preocupación por la deriva de esta legislatura. Ya está dicho aquí desde hace tiempo que el odio a Pedro Sánchez se ha convertido en el principal factor político en España, aquello que determina con más fuerza los estados de opinión electoral, pero que nadie tenga la menor duda de que en esta polémica de Ferrovial no es el presidente del Gobierno, ni siquiera sus ministros y ministras más cafres, quienes tienen la culpa de la espantada de la empresa.

Ferrovial Pedro Sánchez
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