La indignidad marroquí de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rinde cuentas ante el rey de Marruecos, Mohamed VI, y menosprecia e ignora a las Cortes Generales de España. Punto. Conviene detenerse en esa simple frase porque ese desprecio, ese desprecio de Pedro Sánchez del Parlamento español, no se lo está haciendo a la oposición, ni a los grupos parlamentarios minoritarios, ni siquiera a los aliados del Gobierno; no, se trata de un desprecio a la institución en la que reside la soberanía del pueblo español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha, informa y acata lo que dice el rey de Marruecos y silencia, evita y desoye al Congreso de los Diputados de España.

Una democracia se distingue, entre otras muchas cosas, de los regímenes dictatoriales por el cuidado exquisito de las formas y del respeto mutuo entre los distintos poderes del Estado. Una democracia, además de leyes, se compone de convenciones, tan importantes como las primeras, porque sin esa liturgia democrática, de respeto y de protocolos, es la propia democracia la que se resquebraja. Todo lo que hemos ido conociendo de la relación de España con Marruecos en esta legislatura lo sabemos por los medios de comunicación, jamás por iniciativa del Gobierno, y cuando el presidente acude al Congreso de los Diputados, elude toda información, toda explicación, y se limita a vanagloriarse de sus propias decisiones. Sin embargo, no es ese el talante que demuestra ante el rey de Marruecos, al que no solo le ofrece explicaciones, sino del que, además, acepta todas sus exigencias, ya sea la rectificación sobre la soberanía del Sáhara o la dimisión de la ministra de Asuntos Exteriores de España. No hay nada más grave en este conflicto que ese desprecio de la soberanía que reside en las Cortes.

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Tengamos en cuenta, además, que esa discriminación, el agravio institucional al que se somete España, se realiza ante el jefe de un Estado que tiene poco que ver con las democracias occidentales ni en derechos y libertades, empezando por los propios derechos humanos. Es verdad que, formalmente, tras las reformas legislativas de la primera década del siglo, Marruecos es una monarquía parlamentaria, con un jefe de Estado, un sistema bicameral, un poder judicial y un sistema de elecciones mediante sufragio universal. Todo eso es cierto, y tan inútil es enredarse en la discusión de si Marruecos es una dictadura o no, como evidente es que no es una democracia plena. No es una dictadura islámica, como otros muchos países musulmanes, y ese avance no es, desde luego, despreciable, sino todo lo contrario. Pero hasta ahí. En la definición, habría que buscar una fórmula mixta, que no está en los tratados internacionales, digamos que Marruecos es una dictadura disfrazada de monarquía parlamentaria o una democracia intervenida por una dictadura.

La cuestión es que en el régimen marroquí son tolerables y habituales unas formas de gobierno que en España constituyen un escándalo democrático. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido asumir, y admitir, las reglas del juego que son propias en Marruecos e ignorar las de España. En Marruecos, Mohamed VI puede permitirse teledirigir el Gobierno, el Parlamento y el poder judicial. La política exterior es la que él decide, si hace falta, tumbado al sol desde algunos de sus palacios de vacaciones. En España, a partir de la Constitución, es el Gobierno quien dirige la política exterior española, pero la legislación reserva un papel determinante a las Cortes Generales, sobre todo en lo que se refiere a los tratados internacionales.

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Nada prueba mejor el desprecio antidemocrático que la constatación de que todo lo que hemos sabido de las relaciones de este Gobierno con Marruecos ha sido por los medios de comunicación. Nunca por la información del Gobierno a las Cortes y, mucho menos, a toda la opinión pública. Como la última información de El Confidencial, en la que se da cuenta de la reunión secreta en la que Marruecos pidió la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se la concedió. Desde que comenzó este largo y traumático conflicto al que nos ha conducido el Gobierno, siempre ha sido igual. Algunas veces, incluso, nos hemos enterado de lo que pasaba en España a través de algunos medios de comunicación marroquíes, fieles al régimen marroquí, como la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario, origen de esta patética secuencia diplomática.

La estrategia seguida desde entonces por el rey de Marruecos ha sido simple, contundente y eficaz. Mohamed VI se ha limitado a poner a prueba a Pedro Sánchez para conocer hasta dónde estaba dispuesto a ceder con tal de solucionar el conflicto que él mismo había provocado. Y se dio cuenta de que podía manejarlo a su antojo. Primero, propició la invasión cívica de Ceuta, cuando abrió las fronteras y animó a los marroquíes a cruzarla, sobre todo a los menores, y se sentó a esperar la llamada del Gobierno. Ahora sabemos, por este periódico, que la primera petición fue la destitución de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Luego vino la aceptación de la plena soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, dictada también por Mohamed VI, al igual que la orden a los eurodiputados socialistas españoles de que votaran en contra de la condena a Marruecos por vulnerar la libertad de expresión y para exigirle que libere a los periodistas encarcelados. También el Congreso de los Diputados, ayer, complacía a Mohamed. Una vez más, cuando una democracia se relaciona con una dictadura, no puede jamás asumir las formas y maneras de esa dictadura. La indignidad marroquí de Pedro Sánchez es una indignidad democrática.