Los ERE y las putas, un juicio olvidado

El más famoso de los juicios de la trama andaluza de corrupción socialista ha comenzado a celebrarse como de puntillas, eclipsado por las urgencias nacionales, que arrasan con todo. Pero es uno de los escándalos más conocido de la trama de los ERE, si aceptamos esa denominación genérica que solo sirve para la localización de una etapa de gobiernos del PSOE en Andalucía con un mismo denominador común, el fraude, el despilfarro del dinero público y las atrocidades a las que conduce la hegemonía política, la soberbia y la creencia de impunidad. Es el juicio contra el director que se gastaba en prostíbulos el dinero que debería emplearse en la formación de los parados, en la región con más desempleo de Europa.

La cantidad defraudada, según la instrucción del caso, no llega a 33.000 euros, que es una cantidad irrelevante en el global de la trama, cercano a los mil millones de euros, pero la grosería, el insulto, la desfachatez, lo convierten en emblema de la irritación social. No es el dinero, es la desvergüenza. Por esa razón, conviene consignar aquí que ese juicio ha comenzado, que se aplazó el pasado mes de mayo, a petición de las defensas, para no interferir en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas y que ahora, cuando se ha iniciado, resulta que el presidente del Gobierno ha decretado el inicio de una nueva campaña electoral. Esta vez, no se detendrá, pero ha quedado sepultado por el ruido mayor de la confrontación.

En el banquillo de los acusados solo dos personas: Fernando Villén y Ana Valls

En la presidencia del tribunal, está Mercedes Alaya, la juez con la que empezó todo cuando ocupaba el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla; ahora forma parte de la Audiencia Provincial. A izquierda y derecha, fiscales, acusaciones, abogados defensores y un jurado compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres. No son muchos los casos de corrupción que se enjuician con jurado, por la complejidad técnica de los delitos de carácter económico; será interesante asistir a la combinación de algo tan elemental como el gasto de dinero público en prostíbulos con la calificación penal de esos hechos, un "delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público".

En el banquillo de los acusados, solo dos personas: Fernando Villén, que era el director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y Ana Valls, la directora económica financiera de la entidad. Lo que quedó establecido en la instrucción es que, en 43 ocasiones, este alto cargo de la Junta de Andalucía utilizó la tarjeta de la Faffe, el dinero de los parados, para pagar en cinco clubes de alterne de tres provincias andaluzas, Cádiz, Córdoba y Sevilla. Lo que sostiene el acusado es que acudía a esos locales para complacer a los clientes, para satisfacerlos, pero que después devolvía todo el dinero que había gastado. "Estaba dentro de mi actividad comercial. Los contratos con empresas se encargaban en comidas y copas y, uno toma copas en esos locales y no está en el uso de sus facultades… Me arrepiento y desgraciadamente ocurrió eso", ha dicho en el juicio.

El fiscal anticorrupción no se cree lo primero, que fuera parte de su trabajo, y le ha acusado de utilizar la tarjeta de la Junta de Andalucía para "satisfacer sus lúbricos deseos, pagar sus vicios y organizar orgías". Y el capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dirigió la investigación ha negado lo segundo, que el acusado hubiera devuelto el dinero de los prostíbulos. Sostiene que no hay ninguna constancia, "ningún recibo ni documento que lo acredite", y que, además, el acusado incluso intentó taparlo todo cuando denunció un falso robo de la tarjeta, para imputarle al ladrón ficticio buena parte de los gastos.

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Fue, precisamente, cuando se trataba este asunto, cuando la magistrada Mercedes Alaya hizo gala del carácter rudo que siempre la ha acompañado. Estaba declarando un testigo y Alaya levantó la mirada, malhumorada: "Usted no puede evadir las preguntas, está declarando bajo juramento", le reprochó al testigo que, continuamente, contestaba con un "no lo recuerdo". El testigo balbuceó: "No es mi intención evadir las preguntas, señoría". "Pues lo parece", volvió a reprenderle Alaya, sin dejarle un respiro. "Si no contesta, se va a deducir testimonio y se va a abrir un proceso penal contra usted". Alaya, genio y figura…

Ya veremos, en adelante, cómo acaba el proceso y cuál es el veredicto del jurado. Por el momento, la inquietud mayor que produce la escasa relevancia que está teniendo el juicio que hemos llamado de los ERE y las putas, con la intención exclusiva de resumir una época de soberbia e impunidad, como se decía al principio, es que todo esto pueda servirnos de ejemplo de cómo la corrupción en España tiene un carácter circular. Se conocen los escándalos, saltan a los medios de comunicación y se elevan por la alarma social y el rechazo, pero al poco se va olvidando, sin que los verdaderos culpables hayan escarmentado. Los verdaderos culpables, sí, que no tienen por qué coincidir con los que se sientan en el banquillo. En casi todos los casos de corrupción que se producen en España hay responsables políticos exentos de responsabilidad penal que tenían la obligación de vigilar, controlar y detectar los comportamientos irregulares que se producían en su partido o en su gobierno.

Eso, desde luego, si descartamos un conocimiento expreso y hasta autorizado de las corruptelas, como es fácil sospechar en numerosos escándalos. En todo caso, es igual porque el problema principal es que, como esos casos no trascienden nunca a la cúpula de los partidos, como nunca se asumen como gravísimos errores de gobierno, solo hay que esperar que pase el tiempo para que, de nuevo, vuelvan a producirse. De los prostíbulos del tipo de la Junta de Andalucía hasta las fiestas del tito Berni. El olvido también impide el escarmiento y el silencio provoca que en los partidos políticos se desentiendan de los vicios que ellos mismos generan cuando gobiernan. Por la falta de control interno, por la ausencia de autocrítica, por la tendencia a taparlo todo. Un juicio olvidado, como este, es una oportunidad perdida.