Doñana, ofensa alemana e indignidad española

El Parlamento de Alemania, el Bundestag, ha rectificado con buen criterio la ofensa que estaba perpetrando en España. Porque era una vergüenza política y una indignidad institucional. ¿Qué es eso de que una comisión del Parlamento alemán hubiera decidido visitar España para investigar si la producción de fresas en Huelva es ilegal o no, si respeta el medioambiente o está secando Doñana? ¿Alguien imagina que una delegación de parlamentarios españoles hubiera organizado una visita a Alemania para valorar los daños medioambientales por la reactivación de centrales de carbón? ¿O a las fábricas de coches, para asegurarnos de que no se vuelven a manipular motores para ocultar las altas emisiones de gases?

Nadie, de ningún Parlamento nacional de los países socios de la Unión Europea, está legitimado para inmiscuirse en los asuntos propios de la política de otro país. En todo caso, si algo preocupa de lo que sucede en uno de los países miembros, sea de la materia política que sea, el único competente es el Parlamento Europeo, que nos representa a todos, o la Comisión Europea, pero hasta ahí. Sin embargo, ese grupo de diputados alemanes, en medio de una zafia y sucia campaña comercial contra la exportación de fresas españolas, decidió venir a España a investigar si es verdad que los agricultores onubenses están secando Doñana. ¿Quién los había autorizado? Estaría bien empezar por ahí, por conocer cuál ha sido la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores español en esta insólita visita abortada, si es que ha intervenido en algo. Porque los parlamentarios alemanes han suspendido la visita, pero sigue vigente el boicot a unos agricultores españoles.

TE PUEDE INTERESAR

De agricultores a patrulleros para evitar saqueos en los campos de fresa de Huelva

M. Rosa Font. Huelva

El desentendimiento, la ignorancia o la permisividad parecen encajar perfectamente en la política de Exteriores de este Gobierno, sobre todo si relacionamos este episodio de la guerra sucia contra la fresa onubense con otros como los ataques a la Justicia española durante el ignominioso proceso independentista o, por ejemplo, la sumisión ante el rey de Marruecos, Mohamed VI. Menos la defensa de la dignidad de las instituciones españolas y del prestigio de la democracia española, todo se puede esperar del Gobierno de Pedro Sánchez cuando algo de fuera nos afecta. Mucho más en esta polémica, que deben considerar un asunto menor. Lo que ha dicho ahora el Bundestag para justificar que la visita se suspende es lo que tendría que haber dicho el Gobierno español hace mucho. "Las relaciones germano-españolas se caracterizan por un profundo respeto mutuo por las instituciones y procesos democráticos del otro país". Pues eso, respeto mutuo y confianza en las instituciones de cada país. Atacar, criticar y denunciar las acciones de un adversario es legítimo en democracia desde el punto de vista de la confrontación política, pero cuando se agrede a una institución o a un sector económico o profesional, es una irresponsabilidad lacerante.

Doñana no se salva atacando a los agricultores, sino con un plan de inversiones que garanticen su futuro y el de los habitantes de su entorno. Esa es la prioridad mayúscula de España y de Europa, sin caer en el esperpento de delegaciones de parlamentarios que deciden por su cuenta convertir “en el centro de sus debates” una cuestión que no les compete, como ya habían anticipado en un comunicado. Hasta traían la conclusión preparada: “Debido a la extracción ilegal de agua por parte de la agricultura para el riego, especialmente para el cultivo de la fresa, Doñana se encuentra gravemente amenazada”. ¿Qué cabía esperar de esa visita, de ese informe, sino un incentivo para quienes boicotean los productos españoles? Como no es la primera vez, ya sabemos qué pasa.

En esta última polémica, todo comienza, como se recordará, con la torpe decisión del PP de Andalucía de comenzar la tramitación parlamentaria de una ley para regularizar regadíos ilegales que existen en lo que se llama la corona norte forestal del parque nacional de Doñana. Ya se apuntó aquí a mediados de abril, cuando empezaba la polémica, que lo sucedido era una torpeza política del Partido Popular andaluz, “el primer gran error de Moreno Bonilla”, se decía, porque no se puede plantear la regularización de regadíos en plena sequía, sin que esté asegurado el suministro de agua mediante trasvases, sin afectar a los acuíferos del parque, y, encima, con la desaprobación y oposición de todos los expertos y científicos que operan en Doñana. O se trataba de un error o, peor aún, de una indecorosa estrategia política para ganar votos en las elecciones. Sea como fuere, la realidad, en todo caso, es que la ley se presentó y todavía no ha comenzado siquiera el trámite de comparecencias en la comisión parlamentaria correspondiente, en la que, nuevamente, el PP andaluz volvió a torpear cuando intentó excluir a los científicos críticos, incluso de la talla de Miguel Delibes.

TE PUEDE INTERESAR

Doñana, última llamada: piden la intervención internacional para evitar el desastre

Jose Luis Gallego

Ya veremos, por tanto, cómo acaba esa ley de regadíos, pero los que no han querido esperar han sido ni el Gobierno de Sánchez ni los lobbies ecologistas y empresariales de Alemania. El primero, el Gobierno y el PSOE, quiso encontrar en la polémica un asidero electoral, con lo que, de forma inmediata, puso en marcha una campaña, "Salvemos Doñana", con la acusación directa de que el Gobierno andaluz pretende acabar con el parque, dejándolo sin agua. Quizá merezca la pena insistir una vez más que tanto los trasvases que se necesitan para revitalizar los acuíferos como la lucha contra los pozos ilegales, dependen del Gobierno de España, no del autonómico, con lo que su responsabilidad es de primer orden en todo lo que ocurre. Los segundos, los lobbies alemanes, espoleados por la demagogia del Gobierno español, aprovecharon la controversia para poner en marcha una nueva campaña, un boicot más contra las exportaciones de productos hortofrutícolas españoles, sobre todo los extra-tempranos de Almería y Huelva. Lo hicieron sin que haya merecido una sola mención de condena por parte del Gobierno español. Todo lo contrario, justificaron el boicot e hicieron responsable al PP.

“La mejor manera de desactivar todas las bombas es que el PP deje de tontear y poner en riesgo a los regantes y agricultores españoles, a la reputación de España y obviamente, a Doñana”, dijo la vicepresidenta Teresa Ribera y el presidente Sánchez la secundó. Los responsables de las bombas no son quienes las colocan, sino quienes las reciben, por provocadores… “Resulta inaudito. Una vez más, un destacado miembro del Gobierno de Pedro Sánchez infringe un duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país y el propio presidente sorprende sumándose a la campaña de desprestigio”, han contestado tanto la patronal agraria como la propia CEOE. En fin… Ahora que hasta el Bundestag se ha percatado de la ofensa, por la falta de respeto que suponía la visita de esos parlamentarios, sentémonos a esperar a que el Gobierno español deduzca lo mismo de su comportamiento en esta lamentable polémica.