Pactos, maltratadores y falsedades

Convirtamos lo ocurrido en un tríptico diferenciable, pero unido entre sí. El Partido Popular pacta con Vox en la Comunidad Valenciana y el acuerdo se recibe como si fuera una sorpresa, primera perplejidad, como un peligro para la democracia, segunda distorsión, y como la concesión a un maltratador de mujeres, tercera deformación. Así que, para no reproducir algunos engrudos en los que se mezclan políticas con pactos y pactos con maltratadores, pintemos ese cuadro diferenciado. Como esas pinturas de las iglesias, en la Edad Media, divididas en tres paneles o cuadros, unidos por bisagras y relacionados entre sí, pero perfectamente diferenciables. Y en el centro, las políticas.

Los pactos

Todas las democracias, por concepto, son sistemas de gobierno sin ideología, descontada la que se contiene en la Constitución, que ha sido aprobada por todos los ciudadanos. Por lo tanto, el Gobierno de dos partidos que se presentan a las elecciones, con respaldo constitucional, jamás puede suponer una “involución democrática” o un “pacto antidemocrático”, como se repite en la izquierda cuando se refieren al alcanzado por el PP y Vox. La democracia no tiene color político, ni siquiera cuando alcanzan el Gobierno partidos de la extrema izquierda, como ha ocurrido en España, o de la extrema derecha, como pasa en Italia, Polonia o Hungría. Lo esencial de las democracias es la fortaleza de los poderes del Estado y, en el caso de Europa, la estrecha vigilancia que se ejerce sobre toda la legislación nacional que afecte a los principios y derechos fundacionales de la Unión Europea. Además, en Europa se utiliza siempre la más eficaz de las medicinas democráticas, las sanciones y las penalizaciones en la distribución de fondos europeos. En Polonia lo saben bien, pero en España también pudieron comprobarlo el presidente Pedro Sánchez y sus socios de Podemos cuando pretendían un asalto al poder judicial.

¿Quiere decir todo ello que debemos aplaudir que la ultraderecha y la extrema izquierda lleguen a los gobiernos? En absoluto, entre otras cosas, porque no hablamos de preferencias personales, sino de principios democráticos y constitucionales. Mucho más en un país como el nuestro, España, donde las dos principales fuerzas políticas, PP y PSOE, han procurado por todos los medios acabar con el centro político como fuerza independiente y en que la sociedad, como ha demostrado históricamente, detesta la centralidad, entendida aquí como una equidistancia mojigata por la mayoría. Si socialistas y populares no deciden facilitar los gobiernos del adversario cuando ganan unas elecciones sin mayoría absoluta, solo queda un camino: el pacto con los extremos que luego condenan cínicamente.

Las políticas

El mejor consejo que nos dejó Julio Anguita, utilizable en todo el arco político, es aquel que propugnaba por abandonar los clichés y fijarnos solo en los contenidos. “Programa, programa y programa”, decía el califa de Córdoba. La mala noticia es que España también es un país proclive a preocuparse más por las formas en política que por los contenidos. Lo normal, por desgracia, es que cada cual analice los acuerdos políticos dependiendo de sus preferencias: los de izquierdas consideran un avance democrático los acuerdos de socialistas con los independentistas vascos y catalanes, mientras que tachan de regresión democrática que un gobernante del Partido Popular firme un acuerdo con la extrema derecha. Y viceversa. El rigor escrupulosamente democrático nos indicaría, sin embargo, que lo fundamental al trazar líneas rojas es que se haga sobre políticas, no sobre siglas.

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El PSOE y el PP están obligados en sus respectivos pactos de gobierno a trazar con claridad los límites de aquellas políticas que convierten a sus socios en partidos extremistas. Esa ha sido la perdición de Pedro Sánchez, por ejemplo, en sus acuerdos con Esquerra y Bildu. En el caso de Vox, lo esencial son las líneas rojas en inmigración, en violencia de género y en el respeto a las minorías LGTBI. Por el contrario, lo que es profundamente antidemocrático son los vetos previos y, mucho más, los vetos ad hominem, que es precisamente en lo que ha incurrido el PP en su pacto de Valencia con ese dirigente de Vox que fue condenado por violencia de género.

Los maltratadores

El veto a la persona es lo más reprobable del Partido Popular en este pacto de Valencia, porque se camufla lo importante, que son las políticas, y se comete la atrocidad inconstitucional de la condena perpetua. El enorme riesgo, otras veces comentado, de la invasión del movimiento woke en los discursos políticos es que introduce censuras inquisitoriales en la defensa de causas nobles, como son todas aquellas relacionadas con el racismo o la violencia contra la mujer. La lucha por la igualdad real no puede producir jamás el monstruo de una nueva desigualdad. El señor que lidera Vox en la Comunidad Valenciana fue condenado hace 20 años (¡20 años!) por un “delito de violencia psíquica habitual” con “coacciones, injurias y vejaciones” contra su exmujer. Un año de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabitación de sufragio pasivo, para ser elegido cargo público, también durante un año. El tipo, Carlos Flores se llama, que había militado en Fuerza Nueva, se separó de su mujer y, desde entonces, la acosaba constantemente con los peores insultos, delante incluso de sus hijos. Descartemos, una vez más, las consideraciones personales sobre la catadura moral de este hombre, porque no es el caso. Lo que debemos considerar —de nuevo la Constitución— es que el fin último de las penas en España es la reinserción del delincuente (artículo 25.2). ¿En nombre de qué y quién se puede arrogar la autoridad de establecer qué tipo de delitos deben perpetuarse eternamente?

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Víctor Romero. Valencia

Los excesos legislativos y dialécticos en la lucha contra la violencia de género son los que están provocando, paradójicamente, la banalización y el negacionismo de muchos adolescentes, como demuestran los estudios recientes, en un problema tan grave como la violencia que se ejerce contra la mujer. Lo fundamental del tal Carlos Flores, lo que nos concierne en este pacto, no es lo que ocurrió hace 20 años, sino lo que suceda ahora con las políticas del pacto de Valencia. Y es ahí donde debemos estar atentos a la regresión en la lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad real de la mujer. Las políticas, sí, las políticas. No la inquisición. Que por eso las políticas son las que están en el cuadro central de este tríptico de falsedades e imposturas asumidas.