Acoso a la Justicia, vuelta a empezar

La legislatura no ha comenzado aún y la mayoría parlamentaria que aspira a repetir gobierno ya está punzando con una de las armas de destrucción masiva de una democracia: el cuestionamiento y el descrédito de la independencia del Poder Judicial. Tantas veces como suceda habrá que repetirlo, la solidez de una democracia, de un Estado de Derecho, se resquebraja rápidamente cuando no se respetan la separación de poderes y la representatividad de las principales instituciones del Estado. Ningún gobierno, como Poder Ejecutivo, ni ningún parlamento, como Poder Legislativo, puede considerar que está facultado, por el hecho de emanar de las urnas, para invadir, menospreciar y pisotear el Poder Judicial.

En España se da la terrible paradoja de que la misma clase política que denuncia la falta de independencia del Poder Judicial es la que ha hecho todo lo posible para parcelarlo con su sistema de cuotas partidarias. Primero, politizan sus órganos de gobierno y luego se quejan de tribunales conservadores o progresistas, según el origen de las denuncias. Es un completo disparate que, además, padece un proceso de degeneración a lo largo de cuarenta años que se ha acentuado especialmente con el Gobierno de Pedro Sánchez. No es que el presidente socialista, en funciones, haya sido el único que ha intentado condicionar las decisiones judiciales, pero ha sido el que más lejos ha llegado. De hecho, lo ha maltratado hasta sobrepasar todos los límites permisibles y convertir su estrategia política en eso que se decía, armas de destrucción masiva de la estabilidad institucional.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La justicia poética del ERE de Podemos

Javier Caraballo

Los dos frentes de acoso abiertos prematuramente tienen que ver con el cuestionamiento del resultado electoral y con la batalla que lleva librando la Justicia española, desde ya hace casi seis años, contra el cabecilla de la revuelta independentista de Cataluña, Carles Puigdemont. El objetivo de ambos frentes es el mismo, intentar allanarle a Pedro Sánchez el camino de la nueva investidura. Este objetivo, que es un fin plenamente legítimo, se pervierte cuando se ignoran los medios, que no son todos válidos en una democracia.

La pérdida de un escaño en Madrid, otorgado al Partido Popular en el recuento del voto extranjero, el denominado Censo de Residentes Ausentes (CERA). Como el margen entre los dos partidos ha sido pequeño, el PSOE está presionando para que los jueces de la Junta Electoral, primero, y del Tribunal Supremo, ahora, autoricen la revisión de los 30.000 votos nulos que hubo en Madrid. No es que tengan constancia de ninguna irregularidad, simplemente quieren ver si pueden rascar ahí los mil y pico votos que le faltan para volver a adjudicarse ese escaño y quitárselo al Partido Popular. Lo primero que dijeron los portavoces socialistas es que, en realidad, no les importaba perder ese escaño porque no cambiaba la correlación de fuerzas.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo y las dudas de su liderazgo

Javier Caraballo

Fue literal, además: "el cambio de un escaño en Madrid por el recuento del voto CERA no modifica la situación para formar mayorías: Junts (Puigdemont) tendrá que decidir si abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha, o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo". Pero como quiera que el sedicioso fugado se mantiene firme en sus exigencias, han activado esa presión a los tribunales para que les valga con la abstención de los diputados del huido.

Los jueces de dos juntas electorales le han repetido ya al PSOE algo de sentido común y de lógica jurídica elemental: que para que se revisen esos votos, debería aportar alguna prueba. "La parte recurrente no aduce ninguna irregularidad en el escrutinio general como para justificar la repetición que solicita, sino que se limita a invocar su derecho a revisar el voto nulo, indicando la cercanía en el número de votos necesarios para modificar la distribución de escaños en la circunscripción de Madrid", han concluido las dos juntas electorales.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Travestismo del PNV, otro delirio nacionalista

Javier Caraballo

Es más, por esa regla de tres del PSOE, lo suyo sería revisar, no una, sino todas las urnas de los distritos electorales en los que se han adjudicado escaños por un escaso porcentaje de votos. Y ya puestos, ¿por qué solo los votos nulos, por qué no todos? Es un disparate colosal, en fin, que nos llevaría a un escrutinio eterno. Pero lo peor es que un socialista como Félix Bolaños, que es ministro de la Presidencia en funciones, se atreve a decir que hay que "validar" esos votos para que el resultado cuente con "garantías" y los ciudadanos vean cumplidos "sus derechos". Y añade, aún: "para que podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado". Nuevamente, ¿le aplicamos ese mismo criterio a todas las circunscripciones y decimos que no está claro el resultado del 23J hasta que no se revisen todos los votos? Ese tipo, Bolaños, no es consciente de lo que está diciendo…

La alfombra que se busca para el independentista que se fugó en el maletero de un coche, el mencionado Puigdemont, se extiende hasta el Tribunal Constitucional. Este es el segundo frente. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, y que sus miembros de reconocido prestigio los nombran, en su inmensa mayoría, el Gobierno y las Cortes. Por tanto, cada legislatura que toca renovarlos reproduce las cuotas de la representación parlamentaria. Lo que no dice la Constitución por ninguna parte es que se nombre, no a juristas de reconocido prestigio, sino a obedientes culiparlantes, como llamaban en las Cortes de Cádiz a los diputados que se limitaban a votar lo que les ordenaban.

Ahora que ya ha perdido todas las batallas judiciales en Europa, lo único que intenta es alargar un año más la orden de detención

Es verdad que la llamada "Sala de Vacaciones" del Constitucional, que ha rechazado el recurso de Puigdemont contra su detención, tiene una mayoría de miembros conservadores, pero esa eventualidad es una nadería en comparación con el fondo de la cuestión. Lo que pretende el deshonrado expresident es lo mismo que ha hecho desde que se largó: prolongar hasta el límite su procesamiento con recursos judiciales. Ahora que ya ha perdido todas las batallas judiciales en Europa, lo único que intenta es alargar un año más la orden de detención para llegar hasta las elecciones europeas, en junio del año que viene. Si de nuevo sale elegido eurodiputado, volverá a activar el proceso de inmunidad parlamentaria para no ser juzgado.

Es decir, no se trata de una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de un capítulo más de la lucha judicial contra el individuo que con más insistencia ha intentado romper la convivencia y la democracia en España. La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha hecho lo que tenía que hacer para respaldar a la Justicia española y no caer en las artimañas de un fugado. Defender, como hacen estos días políticos y voceros, que eso es una interferencia en el proceso de elección de Pedro Sánchez es tan despreciable como corrosivo para el sistema democrático. No puede haber ideología cuando se trata de defender el prestigio de las instituciones españolas, que no. Por eso esta vuelta a empezar, este acoso prematuro a la Justicia no puede admitirse. Que no todo vale.