El fraude político consentido en España

El "primer gesto" de quien aspira gobernar en España ha sido cometer una ilegalidad. Así, sin problemas. Utilizaron esa expresión casi todos los cronistas parlamentarios cuando, la pasada semana, se constituyó la Mesa del Congreso de los Diputados y la irregularidad se interpretó como "el primer gesto" hacia los grupos independentistas que deben apoyar a Pedro Sánchez para ser investido de nuevo presidente del Gobierno. Es verdad que no es la primera vez que pasa, que esa misma vulneración se produjo por primera vez hace treinta años, en 1993, el último Gobierno de Felipe González, cuando los socialistas prestaron diputados a Coalición Canaria para que formara grupo parlamentario propio y se comprometiera, a cambio, a apoyar al Gobierno socialista.

Desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual, utilizada a izquierda y a derecha, que, con la pasmosa normalidad con la que se refleja en las crónicas parlamentarias, se acepta en el debate político sin reparar en el significado que conlleva. El Congreso es la institución que nos representa a todos, el órgano que representa la soberanía nacional, y podría tener por lema aquella frase, de principios del siglo pasado, de un presidente del Gobierno, Antonio Maura: "Yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos". Un siglo después, en esta España democrática, la normalidad consiste en que, con luz y taquígrafos, quien aspira a formar gobierno inicia la legislatura cometiendo un fraude de ley. Como si hubiera adaptado a su antojo la frase de Maura, "yo, para gobernar, no necesito más que poder cometer irregularidades con luz y taquígrafos". Como un anuncio de lo que vendrá. De hecho, en esta Legislatura ya se han cometido varias ilegalidades, empezando por las del ministro más pizpireto del Gobierno en funciones, José Manuel Albares.

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La irregularidad de la conformación de los grupos parlamentarios conlleva una segunda consecuencia nefasta para el sistema de representación de la soberanía popular. Veamos. Como es sabido, lo que exige el Reglamento del Congreso de los Diputados (Título II, artículo 23.1) es que lo mínimo para poder constituir un grupo parlamentario propio es tener, al menos, cinco diputados y haber superado el 15 por ciento de los sufragios en las circunscripciones en las que se presentaron. Ni los independentistas de Puigdemont ni los de Junqueras, cordiales enemigos políticos, han superado el 15 por ciento en una o dos provincias de Cataluña, con lo que deberían irse con los demás minoritarios al Grupo Mixto.

Al prestarle el Grupo Socialista de Pedro Sánchez a varios de sus diputados para que puedan tener su propio grupo parlamentario, se comete un doble fraude, como advierte el catedrático de Constitucional, Agustín Ruiz Robledo. Por un lado, se ignora que los grupos tienen carácter permanente, con lo que no es legal la cesión temporal de cuatro diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y, por otro lado, no se puede aplicar la regla del 15 por ciento solo para Cataluña porque el PSOE se ha presentado en toda España, y se necesitaría en ese caso el 5 por ciento de todo el Estado.

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La segunda consecuencia nefasta de la que se hablaba es que a lo que contribuye todo ello es a una sobrerrepresentación de los independentistas catalanes, que nada tiene que ver con la realidad. Gracias a la ley electoral, se convierten en partidos decisivos para decidir gobiernos y, gracias al fraude del Congreso, obtienen un protagonismo completamente adulterado y un estatus que no le corresponde, con las abultadas retribuciones que conlleva. También esto podemos considerarlo una forma de corrupción política, si pensamos que los independentistas van a recibir mensualmente un dinero que no les corresponde y que irá a parar a los bolsillos de muchos de ellos o a financiar la operación de derribo del Estado, a la que nunca han renunciado.

Y conste, una vez más, el criterio que se ha repetido aquí en varias ocasiones, cada vez que alguien plantea cordones sanitarios o similares. Todos los diputados, sea cual sea su ideología, merecen respeto institucional porque son representantes de la ciudadanía española. Pero la obligación ética y política de quienes defienden la Constitución es hacerles ver que, al menos, el mismo respeto que se les brinda a ellos, es el que merecen las instituciones y las autoridades del Estado. Esta segunda parte es la que nunca oiremos…

No solo eso, la manga ancha cada vez se estira más y se admite el bochorno del acatamiento a la Constitución, con fórmulas cada vez más extravagantes. Es verdad que el Tribunal Constitucional admitió en 1990 que los diputados proetarras de Herri Batasuna, como se llamaba entonces el conglomerado de Bildu, pudiesen jurar "por imperativo legal". A fin de cuentas, es lo que se exige a todo ciudadano, que acate la ley, le guste o no le guste. Pero añadía el mismo Tribunal Constitucional que nada de ello podía degenerar "en expresiones que contradigan la naturaleza esencialmente formal y solemne del acto del juramento". Cuando se jura "por los represaliados y exiliados", "por el planeta" o "por la república vasca" se está convirtiendo el acto formal en un triste espectáculo de burla a la Constitución, que previene también de lo que vendrá después porque el mensaje primero es ese, que, aquí, vale todo.

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Habrá quien sostenga que, a fin de cuentas, se trata de asuntos menores que, como se decía antes, se han acabado asimilando como normales, con el paso de los años. Pero los vicios políticos, que son ilegalidades y corruptelas, acaban empapando la institución hasta considerarlos como una forma de hacer política. La propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, quiso sumarse, decidida, a la ofrenda de irregularidades a los independentistas, para halagarlos, y le dio por anunciar el uso de lenguas cooficiales sin tener competencias para ello. Luego, tuvo que rectificar.

Peor fue lo ocurrido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, empleado también en la misma tarea de enviar gestos a los independentistas para ganar su apoyo en esta legislatura incierta. El pasado 17 de agosto, que era el día que se constituían las Cortes, el ministro envió a las 6:17 minutos de la mañana (¡a las seis de la mañana!) una carta a la presidencia del Consejo de la Unión Europea dándole cuenta —esto es literal— "de la decisión del Gobierno de España de solicitar al Consejo la inclusión del catalán, euskera y gallego…". Apenas se reparó en esa carta, que era otro gesto, pero incumplía doblemente la ilegalidad. No es verdad que se tratase de una decisión del Gobierno de España, porque el Consejo de ministros no se reunía desde el 25 de julio, y porque esa petición excede con mucho las competencias de gestión ordinaria que tiene atribuidas un ministro en funciones. Ha debido ocurrir como con todo lo demás, que no se le da importancia porque se trata de un fraude político que en España está plenamente consentido y normalizado.