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Amnistía, anatomía de sus defensores
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Javier Caraballo

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Amnistía, anatomía de sus defensores

Son tres grupos de partidarios de aprobar en España una ley de amnistía para olvidar los miles de delitos cometidos durante la revuelta independentista a cambio de 14 escaños

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont. (EFE/EPA/Olivier Matthys)
El expresidente catalán Carles Puigdemont. (EFE/EPA/Olivier Matthys)
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Los hay pesebristas, pero también sólidos constitucionalistas. Están los beneficiarios directos y los aplaudidores de siempre, que aquí llamaremos amenistas, gracias al rescate de una antigua expresión española que ya ha desaparecido del diccionario: “Aquellos que a todo dicen amén”. En total, son tres grupos de partidarios de aprobar en España una ley de amnistía para olvidar los miles de delitos cometidos durante la revuelta independentista a cambio de los 14 escaños que mantendrán al líder del PSOE en el poder. Hablan todos ellos, habla la corte presidencial, pero callan el Gobierno y su presidente. Eso es lo llamativo. Pero tiene una explicación.

El silencio oficial decretado por Pedro Sánchez tiene un origen indubitado: ha sido necesario crear una corriente de opinión pública favorable a una ley de “alivio penal”, como la llamó eufemísticamente, para ir olvidando poco a poco que, hasta ahora, la petición de una ley de amnistía se había descartado rotundamente (“eso no es planteable en un Estado constitucional democrático”, dijo Carmen Calvo cuando era vicepresidenta). Así, para generar un ambiente propicio y proclive, es como surgen los tres grupos de partidarios de una ley de amnistía, aunque ya veremos si finalmente se acaba aprobando o no, y, de igual forma, si el líder socialista mantiene la misma estrategia o cambia de prioridades, porque eso haría cambiar también de argumento a alguno de los defensores. De modo que procedamos ya con este ejercicio de anatomía de los defensores de la ley de amnistía.

Foto: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante un acto de la última campaña electoral en Toledo. (EFE/Ismael Herrero)

Los independentistas. Está claro que hay que incluir a los partidos independentistas catalanes como primer grupo de defensores de la ley de amnistía, porque son ellos mismos los que acabarían beneficiándose del indulto general, que prohíbe expresamente la Constitución. De hecho, lo único que existía hasta ahora era la reclamación de esos grupos parlamentarios catalanes, que vienen exigiéndola desde que empezaron a pisar los juzgados, acusados de los muchos delitos cometidos en el otoño de 2017, desde la malversación o la sedición, ya desaparecida del Código Penal, hasta los relacionados directamente con actividades terroristas. En la última legislatura, cuando ya apoyaban al Gobierno de Pedro Sánchez, presentaron en la Mesa del Congreso de los Diputados una ley de amnistía, pero los letrados de la Cámara se opusieron a su tramitación alegando la evidente inconstitucionalidad. El rechazo provocó que los independentistas tacharan a los letrados del Congreso de reaccionarios de “derecha y de ultraderecha”, que actuaban “como un mini Tribunal Constitucional”.

Ya sabemos que para el independentismo la ley de amnistía va más allá del perdón, mucho más allá, porque se trata del reconocimiento de la “legitimidad democrática” del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia. Es decir, el objetivo es el harakiri del Estado español al admitir la “represión violenta” del procés. Por cierto, algún portavoz de Esquerra Republicana se ha mostrado seguro estos días de que, en esta ocasión, los letrados del Congreso cambiarán su informe, en atención a la mayoría parlamentaria que así lo exige.

Foto: Acto de grupos independentistas en el Fossar de les Moreres. (EFE/Marta Pérez) Opinión
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Los amenistas. Ya está dicho que se trata de una palabra que, hasta principios del siglo pasado, estaba presente en el diccionario de la Real Academia, pero que desapareció por desuso. Habría que iniciar una campaña para rescatarla, porque identifica con enorme precisión a personas y a colectivos de nuestros días, sobre todo en política; esa gente que, ante la indicación que se les haga, siempre van a decir amén y acatarán la orden o la consigna sin rechistar. Cualquiera podría hacer una relación mental con los amenistas de la ley de amnistía, catedráticos de Constitucional, analistas políticos y tertulianos, intelectuales del ramo y, por supuesto, cargos públicos del partido, en distintas instituciones, que no olvidan que deben su puesto al dedo que los incluyó en las últimas listas electorales del PSOE.

Lo más relevante de este grupo, en el que aún cabría un subgrupo de pesebristas, son los catedráticos de Constitucional. Ya han sido mencionados aquí en otras ocasiones y, como era de esperar en ellos, han sido los primeros en defender abiertamente que la ley de amnistía es plenamente constitucional porque la Constitución no la prohíbe. Ya les han recordado por todas partes que la Constitución tampoco prohíbe expresamente el derecho de autodeterminación o los rituales satánicos con niños recién nacidos, pero es evidente que ambos vulneran abiertamente los principios y reglas constitucionales. Pero nada de esto importa, nada del debate jurídico, porque el papel del amenista es otro. Eso sí, pueden cambiar perfectamente de opinión, sin inmutarse, en el momento en que la indicación sea distinta. Defienden la amnistía como defenderían el milenarismo si lo exige el guion estratégico.

Foto: El expresidente del Gobierno José María Aznar. (EFE/Raúl Caro)

Los condicionalistas. Estamos ante el grupo de partidarios más respetable de todos los defensores de la ley de amnistía. No todo son aplausos interesados, ignaros o diletantes. Existe un grupo de partidarios de la amnistía que, cuando han expuesto sus opiniones favorables, han antepuesto la única salvedad que podría revestir de legalidad constitucional una medida así. Este grupo de personas defiende el encaje constitucional de la amnistía como instrumento legal para solucionar un problema político. Pero no lo dicen en abstracto, como, por cierto, hacen siempre Pedro Sánchez y su vicepresidenta Yolanda Díaz. No, la condición sine qua non que se exige para la aprobación de una ley de amnistía es que, previamente, el independentismo catalán asuma la ilegalidad de sus acciones en el otoño de la revuelta soberanista y que se comprometa a no volver a repetirlo.

Podemos citar, como el más relevante de este grupo, a Tomás de la Quadra-Salcedo, un veterano socialista que fue presidente del Consejo de Estado y ministro de Justicia. Concibe la amnistía como una “singularidad legal del indulto por cualquier delito contra el orden constitucional y el orden público” que se puede, y se debe, utilizar en una democracia si eso conduce a la solución de un problema político. También el expresidente de la Generalitat José Montilla mantuvo una posición similar, aunque sin ese sustento jurídico. En todo caso, la única salvedad que podría legitimar una ley de amnistía se desvanece completamente. El único compromiso de los independentistas es el que conocemos, que lo volverán a hacer. Con lo cual, el propio Tomás de la Quadra-Salcedo concluye: “No tiene sentido en la situación de Puigdemont, máximo responsable de todo, fugado de la Justicia y cabeza de un Consell per la República que sigue actualizando su declaración de independencia, negando la Constitución misma y propugnando su violación unilateral (…) Dejando aparte si encaja en la Constitución, no responde a la causa, finalidad y significado de la amnistía en una democracia avanzada del siglo XXI”.

Los hay pesebristas, pero también sólidos constitucionalistas. Están los beneficiarios directos y los aplaudidores de siempre, que aquí llamaremos amenistas, gracias al rescate de una antigua expresión española que ya ha desaparecido del diccionario: “Aquellos que a todo dicen amén”. En total, son tres grupos de partidarios de aprobar en España una ley de amnistía para olvidar los miles de delitos cometidos durante la revuelta independentista a cambio de los 14 escaños que mantendrán al líder del PSOE en el poder. Hablan todos ellos, habla la corte presidencial, pero callan el Gobierno y su presidente. Eso es lo llamativo. Pero tiene una explicación.

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