Indignación por la tomadura de pelo de Doñana

Un pacto ahora sobre Doñana es una tomadura de pelo. No por lo que supone, que ya veremos en qué queda, sino por lo que demuestra, el abuso de las instituciones para la confrontación, sin reparar en las consecuencias ni en el daño que se provoca. En el año y medio de confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, lo que ha salido más perjudicado ha sido aquello que estaba en el centro de la disputa, el Parque Nacional de Doñana. Y, junto a esa reserva de la biosfera, el prestigio de las administraciones españolas en la conservación del medioambiente y el de los agricultores de los frutos rojos de la provincia de Huelva.

Con Doñana, lo que ha ocurrido es que, en medio de uno de los periodos más severos de sequía, se han vuelto a desperdiciar dos años en la toma de decisiones, que se vienen demorando desde hace décadas. Recordemos, simplemente, que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de esta reserva de la biosfera no se han inundado desde 2013 y que, desde 2018, se mantiene paralizado el trasvase “urgente” que aprobó el Ministerio de Transición Ecológica. Ante ese estado crítico de la naturaleza, como lo definen los científicos del parque, la confrontación solo ha podido ser entendida en toda Europa como una muestra del comportamiento cerril y obcecado de la política española. Añádase el desprestigio de los propios empresarios y agricultores de la provincia de Huelva, que tuvieron que soportar hasta un boicot de sus productos alentado por el Gobierno español. Como podrá entenderse, si al cabo de un año y medio, tras el daño causado, se alcanza un acuerdo que podría haber evitado todo el conflicto, es legítimo pensar que estamos ante una descarada tomadura de pelo.

La responsabilidad primera, como se decía antes, se le debe atribuir Pedro Sánchez, por su manoseo del diálogo para ajustarlo a sus intereses políticos. El líder socialista piensa que la definición de diálogo en política es la conversación de dos que solo decide uno. Es verdad que la deformación política del concepto viene de antiguo, pero ha sido con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno cuando ha adquirido más relevancia, como en otros campos. En los vicios de la política, Sánchez es siempre el que llega más lejos.

El presidente Sánchez no concibe el diálogo y el pacto como mecanismos necesarios de la acción política, sino como una estrategia de confrontación para negar, aislar y bloquear a los adversarios. En sentido contrario, para los aliados, ya sean ocasionales o permanentes, la disposición a dialogar siempre será el preludio de cualquier relación y el resultado de todas las negociaciones, como puede apreciarse bien en todo lo que afecta a los independentistas que siempre tendrán a su disposición una mesa de diálogo. En el caso de Doñana, el trayecto recorrido es fácil de demostrar en el caso del Partido Socialista. Hasta hace un año y medio, cuando empezó la confrontación, el PSOE andaluz se pronunciaba siempre con extremada prudencia sobre la polémica de Doñana porque, en primer lugar, es consciente de su responsabilidad en el estado actual del parque nacional, tras cuatro décadas de gobierno en la Junta de Andalucía, y porque muchos de los alcaldes del entorno de Doñana son militantes suyos.

TE PUEDE INTERESAR

El acuerdo 'in extremis' sobre Doñana devuelve la esperanza en su posible salvación

Jose Luis Gallego

Cuando, en uno de sus últimos informes, el director de la estación biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, denunció “la inacción y la falta de voluntad política” como causantes de los males del parque nacional, los socialistas andaluces sabían, perfectamente, que una gran parte de esa responsabilidad les corresponde a ellos. Por eso, cuando el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía, diciembre de 2018, y planteó la regularización de los cultivos ilegales del entorno de Doñana, la posición de los socialistas en el Parlamento andaluz fue la de abstenerse, para propiciar un acuerdo entre las tres administraciones afectadas y los agricultores.

Hasta que entró en acción la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por indicación, evidentemente, del presidente Pedro Sánchez. De la predisposición al acuerdo, el PSOE pasó a la confrontación directa, a calificar la regularización de regadíos de “terrorismo medioambiental” y a despreciar a los dirigentes andaluces, calificándolos de “señoritos de un cortijo”, situado en “una esquinita” de España. Si alguien se empeña en elaborar un discurso en el que ofenda, de una vez, a políticos, empresarios y ciudadanos, no lo consigue con tanta efectividad. Cuando, ahora, oímos que la vicepresidenta Teresa Ribera afirma que se ha abierto “una nueva etapa de diálogo”, y se analizan los acuerdos concretos adoptados, nos damos cuenta de que no hay nada nuevo; todo ya se había solicitado y sugerido, incluso por los propios alcaldes socialistas del entorno de Doñana. Pero tampoco a ellos se les escuchó, porque no se adecuaban al discurso de confrontación.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Doñana, breviario de intereses ocultos

Javier Caraballo

La responsabilidad de Juanma Moreno ya quedó censurada aquí mismo, al inicio de todo el conflicto, cuando se definió su decisión de regular los regadíos como el primer gran error de su gestión “del que no parece probable que salga bien parado”, se decía. Es exactamente lo que ha ocurrido cuando se ha visto obligado a guardar en el cajón la ley que pretendía aprobar. Simplemente, era imposible salir airoso de una aventura legislativa en la que, desde el primer momento, están en contra los científicos de la reserva de la biosfera, el Gobierno de la nación, la Comisión Europea y la Unesco.

Además de numerosos medios de comunicación de todo el mundo que se han hecho eco de la polémica, alentados por la salvaje demagogia que se ha practicado en estos meses. Es verdad, como se dijo entonces, que lo único que no podía reprochársele al dirigente andaluz del PP es la buena intención de solucionar un problema de ilegalidad a las puertas de Doñana; la decisión de no dejar que pasara el tiempo sin hacer nada, como hacen otros dirigentes. Pero la gestión ha sido nefasta y los populares solo podrían escudarse en los beneficios electorales que le ha granjeado, los ayuntamientos que ha arrebatado al PSOE en la zona o la Diputación provincial, en la que nunca había gobernado. Pero nada de eso podrá reconocerlo públicamente ningún dirigente del PP andaluz porque, como queda dicho, sería reconocer abiertamente que todo ha sido una tomadura de pelo.