Uso y abuso del indulto de los ERE

Nada debe extrañarnos que los condenados del fraude de los ERE en Andalucía hayan recibido con indignación el anuncio, extraño y extemporáneo, de que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha decidido reactivar el indulto de todos ellos. Nada debe extrañarnos porque la dignidad, cuando se tiene, no conoce de rejas. Como aquel jornalero andaluz, en tiempos de la República, cuando se le acercó el cacique del pueblo y le arrojó un puñado de monedas, las mismas con las que compraba votos y voluntades. El jornalero lo miró fijamente y echó las monedas a un lado: "en mi hambre mando yo". ¿A qué viene ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncie que ha decidido activar el indulto de los ERE? No tiene sentido alguno y desprende un aire inconfundible de manipulación, con lo que muchos de los políticos condenados de los ERE bien podrían parafrasear al jornalero, en mi cárcel mando yo.

Sobre todo, aquellos que ya han comenzado a disfrutar del tercer grado en el régimen carcelario, como ocurrió en junio pasado con José Antonio Viera, uno de los firmantes, como consejero, del famoso documento por el que se creaba el fondo de reptiles para conceder subvenciones y ayudas a empresas, sin control alguno. O como el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ni siquiera es probable que pise la cárcel, por la grave enfermedad que padece. Lo último que decidió la Audiencia Provincial de Sevilla, que lo condenó, fue concederle una suspensión de cinco años para su ingreso en prisión. Si pensamos que Griñán tiene 77 años, es normal que, al cabo de ese plazo, con 82 años, no tenga que entrar en prisión nunca. Con lo cual, volvemos a lo primero: ahora que muchos de ellos, todos ex altos cargos de la administración andaluza, han pasado por la humillación pública de verse entre rejas, a qué viene que el Gobierno diga que ha dado orden de reactivar sus indultos, aunque tampoco puede hacer nada porque está en funciones.

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Todo lo anterior parecería, simplemente, absurdo si no sospecháramos que, en política, este tipo de anuncios siempre persiguen un fin, que puede ser muy distinto al que se proclama. Pensemos, por ejemplo, que alguno de los asesores de la Moncloa ha creído conveniente hacerlo así para ver si una noticia como esa de los ERE, que siempre causa revuelo en la opinión pública por el volumen milmillonario del fraude, sirve para compensar o diluir el escándalo creciente de la amnistía a los independentistas catalanes. No sería, además, la primera vez que sucede. Ya en diciembre del año pasado, cuando se decidió modificar el Código Penal, con la supresión del delito de sedición y el abaratamiento de la malversación, los condenados de los ERE acabaron estallando cuando intuyeron que se les quería utilizar.

Fue, precisamente, el abogado de Griñán, el exdiputado socialista José María Mohedano, quien se hizo eco del malestar en una entrevista con Alsina en Onda Cero. Mohedano, integrante de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, desveló entonces que "algunas personas del Gobierno o enviados del Gobierno" habían tratado de convencerlos de que esta reforma podía beneficiarlos a ellos también, para que se mostraran a favor de los cambios. Pero los condenados de los ERE lo rechazaron de plano: "El señor Griñán y los otros condenados consideran que esta reforma de la malversación es una afrenta porque les hace entrar en un paquete a favor de los independentistas de Esquerra Republicana, y eso es una indignidad y un insulto para ellos".

El propio anuncio de la ministra de Justicia, Pilar Llop, cargado de contradicciones y de imprecisiones legales, abunda en las sospechas del uso torticero de la petición de indulto de los socialistas andaluces. Lo que dijo la ministra es que la tramitación de esos nueve indultos se estaba realizando "con normalidad, de la misma manera que todos los demás", y que, en todo caso, este Gobierno no podía resolverla "al encontrarse en funciones". Ninguna de las dos afirmaciones se sostiene. En primer lugar, un Gobierno en funciones sí puede conceder indultos porque no es la primera vez que se plantea un asunto así y el Tribunal Supremo lo resolvió hace casi veinte años. Fue la Sala Tercera, en la sentencia 8303/2005, de 2 de diciembre, la que consideró que la denegación de un indulto es un asunto que se puede incluir dentro del concepto de despacho ordinario porque, como el indulto va referido a un caso concreto, carece de significado alguno de orientación política.

Hasta el año 2020, el presidente siempre repetía cuando le preguntaban que "los indultos no están encima de la mesa"

Al margen de las discrepancias que se puedan tener con ese fallo, lo que llama la atención es que la ministra de Justicia, ni sus asesores, conozcan esa sentencia. Tampoco es rigurosa la afirmación de que los indultos de los ERE se están tramitando "como todos los demás". La tramitación de los indultos no se guía por una norma establecida, con plazos tasados, sino que obedece al interés del Gobierno. En ocasiones, la concesión de los indultos se acelera y, en otras, se eterniza, y los expedientes acaban perdidos en algún cajón del Ministerio. Los indultos a los condenados por la sedición catalana de 2007, por ejemplo, solo se activaron cuando el presidente Pedro Sánchez lo consideró oportuno.

Hasta el año 2020, el presidente siempre repetía cuando le preguntaban que "los indultos no están encima de la mesa" y que, además, carecía de sentido. "Una vez conocida la sentencia, el debate del indulto cae por su propio peso, en primer lugar por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, en segundo lugar, hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren el indulto, algunos con frases muy gruesas", dijo Sánchez a finales de 2019. Se refería a unas declaraciones de Oriol Junqueras en la que invitaba al Gobierno a "meterse el indulto por donde les quepa". Un año y medio después, cambió el criterio radicalmente y se aceleró el indulto a los independentistas. El caso de los ERE es parecido, pero solo en la intencionalidad política: la petición se realizó en septiembre del año pasado, cuando se conoció la sentencia firme del Tribunal Supremo, y solo se ha activado públicamente en dos ocasiones, a finales de ese año cuando se tramitaba la mencionada reforma del Código Penal a favor de los independentistas catalanes y ahora, cuando se negocia una ley de amnistía, a favor de los mismos. Es decir, algo más que coincidencias para poder concluir que sí, que es normal que sean los propios afectados de los ERE de Andalucía quienes rechacen el uso y abuso de sus indultos, siempre para beneficiar a terceros.