El celebrado informe del doctor Tócame Roque

Para qué necesitamos la Inteligencia Artificial si vivimos en España. ¿Quiere un informe de expertos? Diga sobre qué y las conclusiones a las que debe llegar; en un instante, tendrá un grupo de expertos que lo avale. Pagando, claro. No hay límite de materias ni imposibles jurídicos, porque el afamado doctor Tócame Roque dispone de un amplio equipo de profesionales en todas las disciplinas, repartidos por toda España, acomodados en despachos de profesores y catedráticos de universidad, deseosos de que su nombre avale una tesis que nadie más podría defender. Sus mecenas provienen, mayormente, de la clase política, altos cargos de alguna institución, claro, porque siempre es mejor pagar con pólvora ajena que con el dinero de uno. Es como aquel alcalde al que procesaron por financiar visitas constantes a un prostíbulo y, como toda explicación, le dijo al juez que "le daba apuro gastar dinero en esas cosas". El hombre se refería a dinero de su bolsillo, por eso utilizaba por fondos públicos, a los que no le concedía el mismo valor. Fue un escándalo en algún ayuntamiento de Córdoba, que tenía por costumbre cerrar negocios municipales en un puticlub de Marbella. Ya han pasado muchos años de aquello, pero en las corruptelas, pasadas, presentes y futuras, siempre acaban apareciendo la juerga y el prostíbulo, epítome sinvergüenza de todo despilfarro de dinero público. Como los informes de conveniencia.

Al lema de una pancarta se le otorga más valor político que a un dictamen profesional, esa es la cuestión

El afamado doctor Tócame Roque es una licencia pertinente que se desprende de la expresión castiza de "la casa de Tócame Roque", que la Fundación de la Lengua Española define como "aquella en la que reina la confusión y hay con frecuencia alborotos y riñas". Con lo cual, encaja a la perfección con la política española y con labor de esa bullanga de expertos dispuestos a avalar cualquier tesis que les aporte dinero y notoriedad. El resultado es la confusión que logran establecer en cualquier debate. No conviene pasar por alto la paradoja que se presenta en cada uno de los casos de esos informes, porque siempre los encarga alguien que, con frecuencia, recela del dictamen de los verdaderos especialistas. En España, durante la pasada legislatura, hemos vivido algunos episodios notables. Las leyes que han acabado provocando una mayor polémica siempre han atravesado un proceso similar para su aprobación: la opinión de los verdaderos expertos en la materia, incluso aquellos que forman parte de órganos consultivos del Estado, se ignoraban o, directamente, se evitaban para que nada pudiera poner en cuestión aquello que se quería aprobar. Al lema de una pancarta se le otorga más valor político que a un dictamen profesional, esa es la cuestión. Las consecuencias posteriores las hemos comprobado en algunas normas como la conocida como Ley del sí es sí, sobre la que se sigue afirmando, aun después de la reforma, que las desastrosas consecuencias son responsabilidad de los tribunales, es decir, de los expertos. Con el debate de la Ley de Salud Mental, que finalmente decayó con la disolución anticipada de las Cortes, ocurrió lo mismo, la valoración de los colegios médicos y de las asociaciones de psiquiatría se consideraban un inconveniente por cuestionar algunas de las medidas que se pretendían aprobar. Igual pasó con la Ley Trans y el debate sobre la libre autodeterminación de género…

Son tan geniales en su invención que, para justificarla, se remontan a la Constitución de 1869, cuando reinaba Amadeo de Saboya

La cuestión, en fin, no es que se defienda una posición u otra en salud mental o en la defensa de colectivos LGTBI, sino que, de forma preventiva, debemos desconfiar de quien recela de los expertos y solo busca el debate de los elogiadores. Esos que trasladan la idea de que los impulsos legislativos no pueden verse entorpecidos por trabas legales. Por eso, es paradójica, o simplemente cínica, la importancia que le conceden al afamado doctor Tócame Roque aquellos que desconfían de los expertos oficiales. Vamos a los dos últimos informes, vinculados con el gran tema de la política nacional, la ley de amnistía. La líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, encargó uno que, al verlo, debió darles tanta vergüenza, que, en vez de promulgarlo, decidieron solaparlo. Lo más celebrado de ese informe de Tócame Roque fue la conclusión de que, no solo es posible una amnistía, sino varias. Un catálogo completo de amnistías, para elegir, como si fueran camisas de colores o calcetines de topitos. De modo que el debate fundamental en este momento es, si en la Constitución de la democracia, se contempla una amnistía, con el significado implícito de cambio de régimen que conlleva, y estos expertos zanjan el debate diciendo que, no una, sino varias. Fabuloso. Son tan geniales en su invención que, para justificarla, se remontan a la Constitución de 1869, cuando reinaba en España Amadeo de Saboya. Lo más sobresaliente de ese periodo fue la carta de despedida del rey italiano, cuando renunció al trono español a los dos años, desconcertado, cansado y decepcionado por el empeño de los españoles en destruirse con batallas estériles. "Sois un pueblo sufrido", y un siglo y medio después, uno podría responderle: "No lo sabe usted bien, Amadeo”.

Luego está el informe que ha encargado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La ventaja que tiene el informe de Yolanda Díaz es que, al menos, no ha disimulado un trabajo concienzudo: en un mes, lo despacharon. Pero es que el informe de la Generalitat ha necesitado seis meses de trabajo para llegar a la conclusión… ¿A que no adivinan a qué conclusión ha llegado? Ahí va: "Un referéndum acordado, que solo se vote en Catalunya, es la mejor vía de solución del conflicto". Pues sí, después meses y meses de estudios constitucionales y de derecho comparado, el muy pomposo Consejo Académico sobre el Acuerdo de Claridad ha llegado a la misma conclusión que vienen exigiendo los independentistas desde que comenzó el procés, hace ya más de diez años. Curioso, ¿verdad? No es necesario, siquiera, molestarse en rebatir algunas obviedades antiguas, como que el derecho comparado no puede ignorar la historia de países con problemas territoriales, o que Cataluña no tiene nada que ver con Escocia… No hace falta porque lo mejor es, también en este caso, tomarse los disparates independentistas como una nueva modalidad de humor. Sin que esa disposición de ánimo implique, evidentemente, ninguna debilidad en la defensa de los principios constitucionales. Ni en la única reclamación que habría que hacerles como gestores públicos que son: ¿oiga, y puede decirnos cuánto nos ha costado a todos el informe del afamado doctor Tócame Roque?