Apoyar la amnistía para desacreditarla

La amnistía no cabe en la democracia española, pero puede ser constitucional si reúne algunas condiciones que harían digerible esa tragadera. Es un planteamiento pertinente por dos motivos distintos, como veremos ahora. En primer lugar, como autodefensa ante el aluvión que se nos viene encima para intentar convertir este debate en una pugna más entre izquierda y derecha. Y en segundo lugar, porque el mayor favor que se les puede hacer en este momento a quienes pretenden pisotear el Estado de derecho es fomentar ese maniqueísmo cansino de la política nacional para que cada cual se vaya situando en su trinchera correspondiente. A esa deriva contribuye, por ejemplo, la idea nefasta de llevar las protestas a la misma puerta de las sedes del PSOE en toda España, lo cual constituye un ejercicio de oposición cegato y previsible. Además de una provocación cafre que solo consigue aumentar la polarización y alejar la reflexión de aquellos miles de votantes de izquierda que tengan serias dudas sobre la constitucionalidad de una medida así y, sobre todo, de que se acepte el chantaje independentista por un puñado de votos. Hagámonos el favor, por tanto, de detenernos un momento y repensar el debate con esa única intencionalidad, la de encontrar el camino más certero para impedir una amnistía que nos humille como demócratas.

La voluntad manifestada de apoyar la amnistía, aunque la rechacemos, no tiene nada de contradictorio, pese a lo que pueda aparentar. Antes que nada, porque conviene que no olvidemos que lo fundamental de una democracia es el diálogo y el acuerdo con quien piensa diferente. Esa predisposición de ánimo no es baladí. Además, porque no se trata de un apoyo incondicional, ni mucho menos, sino condicionado a que la amnistía, el texto que finalmente quede aprobado por las Cortes, reúna algunos elementos fundamentales que la hagan compatible con la democracia española. Insistamos, de nuevo, en una posición previa, ya manifestada aquí el pasado verano, al poco de conocerse la intención decidida de Pedro Sánchez de ceder la amnistía al independentismo dentro del paquete de apoyos a su investidura.

En España, en esta España democrática, no puede haber amnistía por la sencilla razón de que aquí no existen presos políticos. Admitir una amnistía equivale a acusar a los tribunales españoles de haber encarcelado a miles de personas por sus ideas políticas. Por tanto, ni amnistía ni presos políticos, como ya se dijo. Pero, una vez que se ha dejado clara esa posición, preguntémonos qué se avanza social y políticamente persistiendo machaconamente en lo mismo. (Recalquemos que hablamos exclusivamente de estrategias políticas, porque el recorrido judicial que tenga la futura ley de amnistía es completamente distinto y nada tiene que ver en su argumentación con este otro).

Imaginemos que el debate que se le plantea a Pedro Sánchez, cuando al fin comparezca en el Congreso para su investidura, es el que también han planteado algunos destacados socialistas, en el sentido de que la amnistía solo puede tener encaje en la democracia española si puede garantizar que aquellos que provocaron los altercados se comprometen a no repetirlos. Ni más referéndums ilegales ni nuevas declaraciones unilaterales de independencia. Es evidente que se trata de una entelequia absurda, porque los independentistas no están dispuestos a aceptar esas condiciones, pero no es esa la cuestión.

Opinión

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Ni amnistía ni presos políticos

Javier Caraballo

Al plantearle a Pedro Sánchez la posibilidad de pactar una amnistía democrática, a quienes se dirige ese discurso es a los muchos votantes de izquierda que tienen dudas sobre la amnistía, pero que acabarán aceptándola si perciben que el único interés del PP es derribar al futuro Gobierno. Se trata de confeccionar un discurso que llame a la conciencia de aquellos que se ven representados en gente como Javier Cercas, cuando se mostró seguro en El País de que no habría ley de amnistía, que el presidente Pedro Sánchez no les iba a hacer eso a sus votantes. Solo incluía una salvedad: "Si pidiesen disculpas, si los responsables de 2017 reconocieran sus errores y prometieran no volver a incurrir en ellos, tal vez podría empezarse a hablar, con todas las salvedades y cautelas posibles, de nuevas medidas excepcionales, pero esa posibilidad jamás se ha planteado". Pues eso.

Las protestas, los mítines y la insistencia en el mismo convencimiento de que la amnistía no cabe en la democracia española ya han comenzado a saturarse. Son innumerables los artículos y conferencias al respecto. Ya lo sabemos y solo cabe esperar, al respecto, lo que pueda ocurrir cuando todo acabe en los tribunales. Ahora se trata de elegir la mejor estrategia política para debilitar la posición de quienes quieren imponerla; se trata, en fin, de no favorecer el frentismo.

Y para concluir que es necesario ese cambio de táctica solo hay que mirar alrededor: quienes quieren colar la amnistía son los que más aplauden la confrontación total y el barro. Cuando no hay argumentos, un debate solo se puede ganar con insultos. El PSOE y su líder, Pedro Sánchez, lo saben bien, y por esa razón inauguró la legislatura con el látigo grasiento de un portavoz elegido para ese exclusivo propósito. Desde entonces, lo que estamos viviendo es un desarrollo exponencial de esa misma estrategia. Se trata solo de reducir el debate a una sola consigna, que desde hace semanas ya lo inunda todo: “Las derechas han tocado a rebato contra la amnistía porque no quieren un Gobierno progresista en España”. Y una vez asentado el lema, se pasa al descrédito burlón, como hace el inefable Rodríguez Zapatero cuando se mofa de los que anuncian un apocalipsis diario. “El fin de España, el fin de la democracia, el fin de la Constitución… Cuidado, que si siguen así, nos advertirán del fin del mundo. Yo, de hecho, ya he preparado un kit de supervivencia”, dice Zapatero, y todo el auditorio estalla en una carcajada. Se ríen porque ese es el debate que les gusta, el que les facilita la brocha gorda de la derecha.