Ni amnistía ni amnesia

Podrán aprobar una ley de amnistía, pero no conseguirán la amnesia. Con los votos de esa mayoría que se autoproclama progresista, podrán imponer una ley de amnistía que la sociedad española rechaza, de ahí que el presidente Pedro Sánchez no se atreva a convocar un referéndum, pero no conseguirán borrar de la memoria democrática lo que realmente ocurrió en la revuelta independentista. Podrán obligar a que se borre la sentencia que los condenó en el Tribunal Supremo, y hasta las del Tribunal Constitucional que la ratificó, pero en la historia seguirá figurando el discurso de Felipe VI, resumen perfecto de aquellos acontecimientos de “extraordinaria gravedad” de los que “todos hemos sido testigos”, como comenzaba diciendo el jefe del Estado en aquella intervención trascendental, el 3 de octubre de 2017. “De una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía (…) Han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado (…) Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla”.

Conviene recuperar hoy esa literalidad del discurso de Felipe VI, porque toda aquella convulsión monumental desaparece del proyecto de ley de amnistía que se ha presentado en el Congreso de los Diputados, como pago de los votos que necesitará Pedro Sánchez de los delincuentes que saldrán beneficiados. En la exposición de motivos de ese proyecto de ley, todo queda reducido a “una serie de movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo” que “comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia”.

Nada más se dice, ni se mencionan el referéndum ilegal del 1 de octubre, celebrado tras numerosas advertencias de su ilegalidad, ni la declaración de independencia, nueve días después, aprobada por el Parlamento de Cataluña, proclamando la república catalana. Bien podría pensar alguien que desconozca lo ocurrido que en la democracia española acaba en la cárcel quien convoca manifestaciones con asiduidad. “Movilizaciones intensas sostenidas en el tiempo”, así, sin más relevancia que las protestas feministas del 8-M. Pero no creamos que se trata de la mera intención de restarle importancia a lo sucedido ni, por supuesto, de un olvido.

La reducción de la revuelta sediciosa a un movimiento de protesta tiene el sentido de despenalización jurídica que persigue el independentismo y que, en ningún momento, oculta. Por esa razón, una de las delincuentes más conocidas del partido de Puigdemont, la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, insiste en el significado exclusivo que tiene una ley de amnistía, “reparar la represión del Estado español”. Ella misma, que fue procesada por un caso delirante de tráfico de drogas, falsificación de moneda y corrupción política, incluye su condena de cuatro años de cárcel en la lucha por la independencia… Pero tiene razón en lo que se refiere al sentido de la amnistía, porque el propio Tribunal Constitucional lo ha repetido así, en muchas de las sentencias que se han dictado sobre la amnistía de 1977, que borró las condenas políticas del franquismo. “La amnistía es un ideal de justicia que pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa —en sentido amplio— que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político”, ha dejado sentado el Constitucional. El engrudo de difícil digestión de esa ley de amnistía consiste en querer borrar la comisión de delitos, sin mencionar que fueron tales, con el objetivo magnánimo del final de un “conflicto político que jamás debió producirse y que, a pesar de los pasos de los últimos años, aún sigue latente”.

Saldrá adelante la ley de amnistía, pero nunca podemos olvidar lo ocurrido porque, con la seguridad que nos ofrece la traición reiterada de los independentistas catalanes, primero a la república y luego a la democracia, podemos augurar que volverán a repetirse los mismos acontecimientos. Y antes que todo eso, tendremos que aguardar a los efectos no deseados que conlleve la aplicación de esta monumental irresponsabilidad del PSOE que dirige Pedro Sánchez. Nada mejor que atender a lo que ha escrito a favor de la amnistía una de las impulsoras de la llamada ley del solo sí es sí, la todavía delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell. En un artículo de opinión en los medios de propaganda de Podemos, la plataforma Red, Victoria Rosell resume el sentido de esta ley: “La amnistía significa que el poder que representa la soberanía popular decide enmendar al legislador anterior y declarar formalmente que aquellos actos, no es que merezcan ser perdonados ni una reducción graciosa de la pena, sino que no debieron considerarse delitos”. Lo que, en consecuencia, debemos colegir es que, una vez aprobada la ley de amnistía, la consideración jurídica prevalente es la de que dejarán de considerarse delitos la aprobación de una ley de independencia o la convocatoria de un referéndum ilegal. Si en el pasado “no debieron considerarse delitos”, por qué iban a considerarse en el futuro, a partir de la aprobación de esa ley de amnistía.

El texto del proyecto de ley es, además, contundente al respecto, porque nos señala que no deben considerarse delitos “los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña” (artículo 1.a del proyecto de ley). El significado académico de procurar es el de conseguir algo, con lo que difícilmente se podrá juzgar en el futuro, con las mismas garantías constitucionales que en la actualidad, a quien declare la independencia en Cataluña. Ni a ellos ni a quienes protagonicen “actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública” (artículo 1.c del proyecto de ley). Para reafirmar todo ello, en el sentido de que el Estado español nunca tendría que haber procesado y condenado a los sediciosos, se ordena también “la eliminación de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado”. Ese es el olvido penal, el que quieren extender a toda la sociedad española. Por esa razón, hoy se impone el recuerdo como una necesidad democrática. Ni amnistía ni amnesia.