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El ministro relator y 21 más
Entre lealtades conocidas, favores devueltos y cuotas inamovibles, tenemos un Gobierno con un ministro relator, máxima figura política tras el presidente, y 21 miembros más
La legislatura de la amnistía tenía que contar con un ministro relator, y eso es lo que ha hecho el presidente Pedro Sánchez cuando ha posado su dedo sobre Félix Bolaños. Todo lo demás es secundario, o suplementario, porque la duración de esta legislatura está vinculada estrechamente al porvenir de la amnistía de los procesados y condenados por la revuelta independentista de Cataluña. El ministro relator, que así puede llamarse, es la encarnación de los peores sueños de poder omnímodo del presidente Sánchez, la unificación en una sola mano, la suya, de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta es otra primera vez en este tiempo de las primeras veces: es la primera vez que un presidente del Gobierno coloca a un ministro con la cartera triple de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia.
Ahí están los tres poderes del Estado, grabados en letras de oro en la cartera de cuero de ternera, forrada con piel de cerdo, que se entrega a los ministros. Félix Bolaños la cogerá con la mano derecha y, caminando decidido por los pasillos de la Moncloa, podrá soñar que en su maleta de Lilliput habitan seres diminutos, senadores, jueces, fiscales, diputados y ministros, y que es él quien los balancea, a una sola orden del presidente del Gobierno. La probada e indisimulada osadía del presidente Sánchez le ha llevado a este nombramiento tan significativo del ministro relator para hacernos ver que todos los poderes del Estado tienen que estar supeditados, sobre todo en esta legislatura, a los objetivos de su agenda política.
En alguna ocasión, Félix Bolaños dejó plasmado cuál es su concepto de “una democracia plena” cuando dijo que “ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos”. Al margen de lo absurdo de su construcción, esa frase sintetiza una determinación: creen que es el Gobierno quien debe determinar y condicionar las decisiones del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y de las Cortes Generales. Es la peligrosa idea, que subyace en todos los movimientos populistas, de una “legitimidad popular” que se sobrepone a la “legitimidad institucional” de los distintos poderes del Estado. Quien obtenga la mayoría parlamentaria, ni siquiera quien haya ganado las elecciones, como ocurre en España, tiene la legitimidad de las urnas para imponer su criterio sobre el resto de instituciones del Estado.
En el texto del acuerdo que ya firmaron, antes de la investidura, el ministro relator, Félix Bolaños, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ya se recogía, literalmente, ese concepto corrosivo para una democracia de la doble legitimidad. Según ese acuerdo, todo lo ocurrido en Cataluña es que se llegó “a una situación de conflicto en que convivían distintas legitimidades que operaron en direcciones opuestas: una legitimidad parlamentaria y popular y una legitimidad institucional y constitucional”. Luego añade que ambas son “imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de derecho”, pero se trata solo de una coletilla obligada para mantener las apariencias. De hecho, el conflicto de legitimidades se pretende resolver, como bien sabemos, anulando las sentencias judiciales y maniatando a los tribunales de Justicia para que no intervengan. Es decir, las mayorías parlamentarias están habilitadas para incumplir la ley por ser representantes de la legitimidad popular. Y cuando una mayoría parlamentaria ha vulnerado la ley, como ocurrió en Cataluña, y los tribunales lo condenan, lo que se interpreta es que es la legitimidad institucional la que va “en sentido opuesto”, y debe ser corregida por la legitimidad popular. La democracia, así, deja de ser el imperio de la ley porque existe una legitimidad que lo sobrepasa.
El ministro relator ha sido, por ello, en lógica correspondencia con todo lo anterior, quien ha coordinado la redacción del proyecto de ley de amnistía con el otro bloque independentista, el del fugado Puigdemont, al que ahora el PSOE considera un pobre exiliado. (Esto último es literal, del número dos del Partido Socialista, Santos Cerdán, en una entrevista en elDiario: “Puigdemont ha tenido que vivir momentos duros, no han tenido que ser fáciles sus años fuera de España, en el exilio”). ¿Exiliados en la democracia que el propio PSOE contribuyó a instaurar en España? ¿Exiliado como los cientos de miles de socialistas y comunistas represaliados por el franquismo, que murieron en el exilio? En fin… Que lo lógico es que Sánchez haya nombrado a este ministerio relator, con la cartera de los tres poderes del Estado, en consideración a la humillación democrática de haber redactado una ley de amnistía en el extranjero, al dictado de lo que marcaba un fugado de la Justicia, para que después el grupo parlamentario del PSOE, que en nada ha intervenido en su elaboración, la presente como propia en el Congreso, con la esperanza de que, en los próximos meses, la mayoría que ha designado en el Tribunal Constitucional pueda avalarla, pasando por alto el CGPJ.
El resto del Gobierno es, en estos momentos, lo que se decía al principio, un gabinete de ir tirando hasta que el futuro de la ley de amnistía determine la duración de la legislatura. Entre lealtades conocidas, favores devueltos y cuotas inamovibles, tenemos un Gobierno con un ministro relator, máxima figura política tras el presidente, y 21 miembros más. El primer Gobierno de Pedro Sánchez, en julio de 2018, fue el que se conoció como el Gobierno de las estrellas, por la llegada al Consejo de Ministros de fichajes que, entonces, resultaron sorprendentes, como el de Josep Borrell, el escritor Máximo Huerta, el astronauta Pedro Duque o el juez Marlaska, que gozaba de un gran prestigio en la judicatura. La segunda etapa se caracterizó por la coalición con Pablo Iglesias, el primer Gobierno de coalición de la democracia, del que han acabado eyectados todos los dirigentes de Podemos. Tres etapas de gobierno que definen, quizás, al propio presidente y su trayectoria en estos años. Tres etapas que simbolizan la degeneración política de un personaje preso de un único objetivo de supervivencia: idealismo, pragmatismo y subordinación.
La legislatura de la amnistía tenía que contar con un ministro relator, y eso es lo que ha hecho el presidente Pedro Sánchez cuando ha posado su dedo sobre Félix Bolaños. Todo lo demás es secundario, o suplementario, porque la duración de esta legislatura está vinculada estrechamente al porvenir de la amnistía de los procesados y condenados por la revuelta independentista de Cataluña. El ministro relator, que así puede llamarse, es la encarnación de los peores sueños de poder omnímodo del presidente Sánchez, la unificación en una sola mano, la suya, de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta es otra primera vez en este tiempo de las primeras veces: es la primera vez que un presidente del Gobierno coloca a un ministro con la cartera triple de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia.
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