Francisco Camps, la hipocresía de un inocente

Francisco Camps es inocente, esa es la única verdad relevante, la verdad judicial, pero no es ajeno a la corrupción que se extendió por toda Valencia mientras fue presidente de la Generalitat. Inocente sí, víctima, en absoluto. Ni ha existido una ‘causa general’ contra el expresidente de la Comunidad de Valencia ni oscuros poderes del Estado han orquestado una cacería contra un ser débil e indefenso. Mucho menos, una banda de depredadores ha intentado fusilarlo al amanecer, beberse su sangre, colgarlo como un perro, como van diciendo sus biógrafos, o lo que sean. Todos ellos deberían medirse en su adjetivación y hasta avergonzarse de algunas metáforas. En un Estado de derecho, vamos a repetirlo otra vez, la verdad judicial, cuando se hace firme en las sentencias, es la que debemos respetar, pero una sentencia absolutoria no implica la inexistencia de un delito cuya autoría no se ha podido probar. Ese es el cinismo de Francisco Camps, porque lo que no se ha podido probar ante los tribunales de Justicia es que era él, como presidente y líder del PP en Valencia, quien impulsó, autorizó y permitió la trama de corrupción por la que han sido condenados muchos de sus subordinados y comisionistas.

Francisco Camps es inocente porque no se ha demostrado su responsabilidad penal como cabecilla de la trama, pero siempre será culpable políticamente del escándalo monumental de corrupción política que se extendió por esa comunidad, vinculado siempre a contrataciones públicas de su Gobierno. Es inocente, que sí, y esa es la única verdad judicial, pero ahora que se han resuelto a su favor los procesos judiciales en los que se ha visto implicado, que, al menos, nos ahorre el bochorno de presentarse como un crucificado, que exige el perdón de la sociedad y que reclama que su partido lo restituya en otros cargos públicos.

Lo más llamativo de la retahíla de elogios y cataplasmas con la que están enjugando algunos las lágrimas de exculpación de Francisco Camps, es que ni siquiera reparan en que, en su ánimo ciego por agradar, acaban replicando los argumentos de quienes más daño le han hecho a la democracia española en los últimos años. Muchas de las afirmaciones irresponsables que se hacen ahora a favor de Camps son idénticas a las de aquellos que aseguran que en la democracia española existe ‘lawfare’, el acoso judicial que se organiza contra los rivales políticos para aniquilarlos. Empezaron diciéndolo los independentistas catalanes, luego se sumaron los de Podemos a la misma acusación, le siguió hace poco Pedro Sánchez y ahora lo van insinuando los defensores de Camps, al que hacen víctima del acoso judicial por ganar sucesivamente las elecciones a las que se presentaba.

¿Existen denuncias con fines políticos? Sin duda alguna. ¿Y hay magistrados, jueces y fiscales con una marcada tendencia política, que se refleja en sus resoluciones? Es evidente, y con frecuencia se pueden poner ejemplos concretos. Pero nada de eso presupone la existencia de ‘lawfare’, que es algo muy distinto. Es más, lo que se demuestra con procesos judiciales como este del expresidente de la Comunidad de Valencia es lo contrario, que el Estado de derecho en España goza de buena salud y que la presunción de inocencia sigue imperando en cada sentencia que se dicta. Por la vigencia del más antiguo de los pilares del Derecho romano: 'onus probandi', quien acusa es quien tiene que demostrar su acusación.

En el caso de Francisco Camps, además, existen otras muchas circunstancias procesales, además de una buena defensa, que explican el final favorable para el encausado. Desde su aforamiento inicial cuando se comienza a investigar el caso Gürtel a la simple inexistencia de pruebas fehacientes de su responsabilidad principal en la trama, pasando por la prescripción de algunos delitos. El Benemérito Instituto de la Prescripción, como decía con guasa un fiscal andaluz cada vez que veía salir con una sonrisa a uno de los tipos que había acusado y que, al final de un proceso judicial de años, quedaba en libertad por ese motivo. Lo que quiere decirse, en definitiva, es que no se trata ahora de cuestionar, ni de censurar, las sentencias que benefician a Camps; enhorabuena por su absolución total. Pero la trama de corrupción existió bajo su mandato, con condenas que también son firmes, y lo que se espera de él, lo que debemos exigirle como expresidente de Valencia, son explicaciones concretas de la financiación ilegal de los partidos políticos.

Como hemos repetido en otras ocasiones, nada hay más falso en el lenguaje político que esa afirmación enfática de “tolerancia cero” contra la corrupción. Si alguna vez hubiera existido el más leve interés por erradicar la corrupción propia, ya nos hubiésemos encontrado con denuncias directas de los propios partidos políticos contra los corruptos que detectan en sus filas. ¿O es que no es raro que jamás se hayan percatado en un Gobierno o en un partido del enriquecimiento sorpresivo de uno de los suyos? Pues de la misma forma, cuando un proceso judicial tan extenso como el de la corrupción valenciana finaliza, la obligación de su responsable político máximo es la de explicarnos qué ocurrió. Ya lo han hecho, en algunas de las vistas orales, algunos de los subordinados de Francisco Camps, cuando han admitido abiertamente el amaño de concursos, de subvenciones, de contratos, para que al Partido Popular de Valencia le llegara una financiación extra. La hipocresía del inocente es esta de mirarnos ahora, como buscando una disculpa, y pretender que pensemos que él nunca estuvo allí.