Jueces y prensa, los cabos sueltos de Pedro Sánchez

Dos obsesiones le han quedado pendientes al presidente Pedro Sánchez tras el ciclo electoral del que, según su propia valoración, ha salido reforzado para intentar agotar la legislatura: el Poder Judicial y los medios de comunicación. La elección de prioridades políticas ha vuelto a convertirse en un potente revelador de la personalidad del presidente, porque no ha sido el impulso de ninguna reforma estructural de la economía española para ganar en productividad y estabilidad laboral o, simplemente, el llamamiento a sus socios parlamentarios para reactivar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023, antes de que se esfumen los últimos fondos de recuperación de la Unión Europea.

Nada de eso merece la atención prioritaria de Pedro Sánchez, acaso porque no lo considera tan importante para asegurarse la legislatura como amarrar los cabos sueltos que, según interpreta, le suponen un peligroso elemento de inestabilidad. No es la gestión del Gobierno, que parece secundaria, sino el control de todo lo que le rodea como presidente del Ejecutivo, que son el resto de poderes del Estado y las instituciones y organismos independientes que intervienen en toda democracia para garantizar la libertad, la transparencia y los derechos constitucionales. Los jueces y la prensa son los dos objetivos inmediatos de Pedro Sánchez, y los ha señalado con el dedo justo después de que haya entrado en vigor la ley de amnistía, como si le sirviera de marco para demostrar todo lo que está dispuesto a hacer.

Comenzaremos con el Poder Judicial. Lo que ha anunciado el presidente es una nueva humillación del Consejo General del Poder Judicial si, en el plazo de 15 días, el Partido Popular no acepta la renovación de vocales que lleva pendiente desde el 4 de diciembre de 2018. Sobre el particular, existen algunas evidencias sobre las que no es necesario insistir, aunque las enumeremos: el bloqueo de ese Consejo, máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, es una clara vulneración inconstitucional de la que cabe responsabilizar, fundamentalmente, al Partido Popular. Por una sola razón, podemos compartir los argumentos del PP para cambiar el modelo de elección de los vocales del Poder Judicial, pero lo que no se sostiene es que ese criterio se mantenga inflexible solo cuando los populares están en la oposición.

En los muchos años que han estado en el Gobierno, incluso con holgadas mayorías absolutas, el PP jamás han considerado imprescindible esa reforma y, mucho menos, la ha impulsado desde el Congreso. Pero esa contradicción palmaria, no nos conduce a otorgarle la razón al presidente Pedro Sánchez porque él mismo se comprometió a imponer el modelo que ahora rechaza. En 2014, cuando era candidato del PSOE, llevaba entre sus promesas electorales “que los partidos dejen de proponer candidatos para despolitizar el CGPJ”. Y siendo presidente, en 2020, envió un documento a la Unión Europea en el que abogaba por "desasociar la posible identificación que pudiera establecerse entre el sentido de las mayorías parlamentarias y políticas y el CGPJ”.

Lo más preocupante, sin embargo, es que ese cambio de opinión del líder socialista se ha producido al mismo tiempo que el presidente Sánchez ha ido incrementando sus descalificaciones y su presión contra la independencia del Poder Judicial, sobre todo tras la decisión de un juez de investigar una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Por esa razón, el presidente del Gobierno parece más preocupado por humillar al actual Consejo del Poder Judicial, quitándole atribuciones, que por solucionar este bloqueo inconstitucional. Si de verdad quisiera la renovación del Consejo, debería comenzar por otorgarle todo el protagonismo a las Cortes Generales, porque son el Congreso y el Senado, no el gobierno y la oposición, quienes tienen la obligación constitucional de nombrar vocales cada cinco años. Hasta el presidente en funciones del Poder Judicial, Vicente Guilarte, que ya anunció que este verano piensa dimitir, envió una carta a las Cortes para buscar una salida alternativa, que aleje el CGPJ de los intereses partidistas, pero su propuesta ha sido soberanamente ignorada.

El interés de Sánchez con el Poder Judicial es otro, busca su domesticación, que es exactamente lo mismo que se trasluce de su interés para aprobar en España un paquete normativo de “regeneración democrática” de los medios de comunicación. ¿Cuándo nace ese interés del presidente? Justo el día en el que publicó su primera carta a los ciudadanos, en la que escenificaba ese episodio sonrojante de amenaza de dimisión. Cuando, al quinto día, completó la pieza teatral, fue cuando pronunció por primera vez la palabra “regeneración”, referida a la prensa española.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Las tres alertas: la Fiscalía Europea, García Ortiz y el ultimátum de Sánchez

José Antonio Zarzalejos

La carta, como sabemos, iba dirigida fundamentalmente contra este periódico, El Confidencial, que ha sido el que ha desvelado, en varias informaciones, el comportamiento temerario de Begoña Gómez. Con esas informaciones en la mano, un juez de Madrid, primero, la Audiencia provincial de Madrid y la Fiscalía Europea, con posterioridad, han considerado necesario investigar si se ha podido cometer algún delito. Nadie cuestiona la veracidad ni la exactitud de las informaciones de El Confidencial, pero el presidente Sánchez ni siquiera tiene la valentía política, y personal, de citar a este medio por su nombre. Habla, desde aquella carta, de “una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas”, en la que incluye a periódicos y a jueces a los que hay que ‘regenerar’...

Pero bueno, ya se ha advertido aquí otras veces de la torpeza y el patetismo de esa estrategia, más trumpista que otra cosa. Cada vez que el presidente pretende defender a su esposa descalificando, groseramente, a periodistas y medios, lo que consigue es lo contrario. De modo que si su intención es aprovechar una directiva europea para amenazar, presionar o controlar a los medios de comunicación que no le satisfacen, que vaya pensando en abandonar esa idea. Y, de paso, que relea con detenimiento lo que persigue lo aprobado por la Unión Europea para salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Son cuatro puntos: “independencia de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación; transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación; transparencia y la equidad en la asignación de la publicidad estatal; seguridad de los periodistas y el acceso a la información”. Esa decir, nada que ver con los cabos sueltos de sus obsesiones. Ni con lo que practica como presidente.