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Matacán
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La corrupción singular de Cataluña
No ha existido ni una sola década de este casi medio siglo de autonomía sin un escándalo de corrupción en Cataluña. Y, sin embargo, no parece que exista en Cataluña una conciencia social de esa lacra
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La mayor singularidad de Cataluña ha sido la corrupción estructural que se estableció desde los primeros gobiernos nacionalistas, en la época del honorable embaucador que sigue pendiente de juicio, Jordi Pujol. Si hacemos un breve repaso mental, y contamos desde el caso de Banca Catalana, en los años 80 del siglo pasado, hasta la última denuncia conocida, los contratos irregulares del Gobierno independentista que se mantiene en funciones, observaremos que no ha existido ni una sola década de este casi medio siglo de autonomía sin un escándalo de corrupción en Cataluña. Y, sin embargo, no parece que exista en Cataluña una conciencia social de esa lacra. Ni siquiera se contempla como corrupción —porque el despilfarro es corrupción— el monumental derroche que ha supuesto la década del proceso independentista, ahora amnistiado.
En todo caso, la cuestión fundamental es que no sabemos, porque nunca se ha calculado, el coste real de la corrupción política, a cuánto puede ascender en miles de millones el coste global de la corrupción de la Generalitat, pero podemos estar seguros de que multiplicará los desfases de la financiación autonómica que denuncian. Con lo cual, antes que una financiación singular, lo que deberían reclamar los catalanes son explicaciones de la corrupción singular, que esa sí que ha existido de verdad. Por eso es tan llamativa tanta opacidad y tanto olvido autoimpuesto.
Hace unos meses, en marzo pasado, pasó casi inadvertida la noticia de la muerte de Daniel Osàcar, que había sido tesorero de Convergència i Unió en su última época, cuando ya se encontraban al frente de la coalición nacionalista Artur Mas, sucesor de Jordi Pujol y mentor de Carles Puigdemont. Este hombre, Osàcar, ya había sido condenado a más de tres años de cárcel por el saqueo del Palau de la Música Catalana, y, con todas sus propiedades embargadas, estaba a la espera del juicio del caso del 3%, la red de comisiones ilegales que le cobraba a las empresas.
Antes de irse a la tumba, abandonado y olvidado por los que antes eran sus jefes, el extesorero se decidió, al fin, a contarle a la Fiscalía cómo funcionaba la trama de corrupción, las ‘mordidas’ que se le cobraban a las empresas que contrataban con la Generalitat y el método rudimentario que utilizaban para blanquear ese dinero robado, el ‘pitufeo’, que es como lo llamó, pequeñas aportaciones que se recibían como donaciones legales. Artur Mas, que fue la persona a quien el extesorero señaló como conocedor de toda la trama de financiación ilegal, es de los dirigentes independentistas que con más ansias está esperando que se aplique la amnistía, concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez. La amnistía les va a servir para “aparcar el conflicto y poner el contador a cero”, como viene repitiendo el expresident Mas desde que la ley comenzó a tramitarse en el Congreso. ¡El contador a cero! Qué expresión más inquietante cuando la pronuncia un condenado…
Antes que una financiación singular, lo que deberían reclamar los catalanes son explicaciones de la corrupción singular
Con el primero de todos los casos de corrupción, el escándalo de Banca Catalana, también se pudo el ‘contador a cero’ y no sirvió de nada porque los nacionalistas de entonces, que son los independentistas de ahora, contestaron a las denuncias judiciales con el mismo argumento que ahora. En mayo de 1984, se conoció que el fiscal general del Estado presentaba una querella por apropiación indebida contra Pujol y una veintena más de directivos, y el presidente de la Generalitat, que venía de ganar unas elecciones, reaccionó con el manual que siguen utilizando: “Nos quieren confiscar la victoria y la honorabilidad. Somos un pueblo, somos una nación, y con una nación no se juega”. La presión fue efectiva, como suele, y se hizo naufragar la investigación del desfalco de Banca Catalana pero no se acabó con la deriva de corrupción de la clase política catalanista.
Todavía hoy seguimos esperando que la Audiencia Nacional le ponga fecha al juicio contra el ‘clan de los Pujol’, aunque, como ya sabemos desde hace tiempo, el expresidente de la Generalitat nunca irá a la cárcel. Causa perplejidad y desolación volver a leer lo escrito hace varios años sobre las previsiones de juicio de este proceso y comprobar hoy que ni siquiera se están cumpliendo las peores expectativas. En el verano de 2022, cuando se cumplieron los diez años de la instrucción, se recogió aquí mismo que la vista oral, por el atasco de asuntos en la Audiencia Nacional, se podría iniciar a finales de 2023 o, incluso, en 2024. Pues tampoco, como podrá verse. Desde hace cuatro años, figura en el sumario el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el que se dice: “Jordi Pujol i Soley, aprovechando la presidencia de la Generalitat, tejió una red de clientelismo (…) con el que repartían sobresalientes beneficios de concursos públicos. Así consiguió el acusado un patrimonio ajeno a sus ingresos legales que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana”.
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Pero, ¿realmente se ha ocultado todo esto a la sociedad catalana? Esa es la parte más controvertida de todo este relato de una corrupción sostenida, como ha ocurrido en Cataluña. Muchos cientos de miles de catalanes, ciudadanos de a pie y también intelectuales, artistas y líderes de opinión, han preferido conformarse con las explicaciones groseras que les han dado, porque es más fácil acomodarse en el agravio que rebelarse contra un pasado de corrupción y despilfarro que desnuda de argumentos a buena parte de la clase política catalana, que tanto tiempo presumió de eficacia y de pragmatismo, aquel ‘oasis catalán’ del que ya nadie se acuerda. En esas estamos, de nuevo. Se exige una ‘financiación singular’, para no tener que calcular el coste irreversible de tantos años perdidos por la ‘corrupción singular’.
Y ni siquiera se podrá decir que nadie lo advirtió porque, cuando surgió aquel asunto de Banca Catalana, el presidente Tarradellas, el único que sí estuvo en el exilio, ya lo dijo con una precisión que sobrecoge, en 1980: “Mire, amigo mío, este hombre en cuanto estalle el escándalo de su banco se liará la estelada a su cuerpo y se hará víctima del centralismo de Madrid... Ya lo estoy viendo: ‘¡Catalans, España nos roba! No nos dan ni la mitad de lo que nosotros les damos y además pisotean nuestra lengua. Catalans, ¡Visca Catalunya!’. Sí, esa será su política. El victimismo y el nacionalismo a ultranza”. No solo ocurrió con Banca Catalana exactamente lo que pronosticó Tarradellas cuatro antes, es que si se repasan los discursos de hoy mismo, incluidos los del Partido Socialista, comprobaremos que es la misma literalidad que se sigue repitiendo. “No nos dan ni la mitad de lo que les damos; exigimos una financiación singular”. Si fuese una pesadilla, o un comic distópico, veríamos una Cataluña plagada de ‘pujolitos’, todos iguales, saliendo de todos los portales, de todos los rincones, gritando lo mismo. Qué horror.
La mayor singularidad de Cataluña ha sido la corrupción estructural que se estableció desde los primeros gobiernos nacionalistas, en la época del honorable embaucador que sigue pendiente de juicio, Jordi Pujol. Si hacemos un breve repaso mental, y contamos desde el caso de Banca Catalana, en los años 80 del siglo pasado, hasta la última denuncia conocida, los contratos irregulares del Gobierno independentista que se mantiene en funciones, observaremos que no ha existido ni una sola década de este casi medio siglo de autonomía sin un escándalo de corrupción en Cataluña. Y, sin embargo, no parece que exista en Cataluña una conciencia social de esa lacra. Ni siquiera se contempla como corrupción —porque el despilfarro es corrupción— el monumental derroche que ha supuesto la década del proceso independentista, ahora amnistiado.