Vanidad y privilegios, el imposible judicial

"A peor va la mejoría", que es lo que dijo un viejo médico de Almendralejo, en Badajoz, a la familia que insistentemente le preguntaba todos los días por el estado de su anciana madre, postrada en la cama, esperando el inevitable final de su muerte. La expresión eufemística del "parece que está mejorcito" es habitual en muchos ambientes rurales de España; "está mejorcita", un diminutivo amable, como una mentira piadosa.

Pues así, justo así es cómo se encuentra el Poder Judicial después del pacto alcanzado, cinco años después, para renovar el órgano de gobierno de los magistrados y jueces españoles, el CGPJ. Después de cinco años de bloqueo, cualquier acuerdo es un avance. Pero hasta ahí; no más. Dejémonos de celebrar lo sucedido como un logro democrático de gran trascendencia para la independencia del Poder Judicial, porque nada va a cambiar en lo esencial, como veremos.

Lo que han firmado el PSOE y el Partido Popular en Bruselas es la consolidación de un sistema viciado de origen por la influencia decisiva de los privilegios de la política y la vanidad de los jueces. El modelo que salga de las deliberaciones del nuevo Consejo General del Poder Judicial podrá maquillar, camuflar o disimular el manoseo que se practica para garantizar la persistencia de los privilegios y para satisfacer la vanidad judicial, pero es del todo imposible que de ahí salga un acuerdo que, como dicen, signifique la despolitización de ese órgano de gobierno judicial.

Y aprovechemos, una vez más, para repetir lo que siempre se olvida: cuando se habla de "la politización de la Justicia" debemos saber que nada tiene que ver con los más de cinco mil jueces que hay en España, la mayoría mujeres, por cierto. La politización afecta solo al Consejo General del Poder Judicial y, si perjudica seriamente a todo el colectivo de jueces, no es porque se dicten directrices políticas, sino porque, en vez de satisfacer la vanidad y el privilegio de esas élites, a lo que tendría que dedicarse por completo el gobierno de los jueces es a exigir una justicia más eficaz y eficiente; más digna para el ciudadano.

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Comencemos por los privilegios políticos. ¿En cuántas ocasiones se han comprometido los dirigentes de los principales partidos a limitar el número de aforados políticos? Tantas como olvidos. Vamos a una de las más antiguas y a la más reciente. Hace justo diez años, el ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón, del Partido Popular, ofreció incluso una cifra de lo que hacía falta, propuso pasar de los 17.621 aforados actuales a solo 22 personas.

Y detalló a los únicos que estarían aforados a partir de entonces: "al margen de los miembros de la Familia Real, los titulares de los poderes del Estado, que son el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, más los 17 presidentes de las Comunidades Autónomas". No se hizo nada, obviamente, y ahí siguen los casi 18.000 aforados.

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Hace menos tiempo, otra promesa igual, tan precisa como falsa. A los pocos meses de llegar al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez prometió una reforma constitucional exprés, "puede estar lista en 60 días", dijo, para limitar los aforamientos políticos.

"El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política", dijo Pedro Sánchez para afirmar su promesa. Ya ven lo que ha ocurrido, que cinco años después lo que ha hecho ese mismo presidente ha sido amnistiar a los independentistas catalanes y forzar una sentencia del Tribunal Constitucional para eliminar las condenas de los principales políticos del PSOE que perpetraron el fraude de los ERE en Andalucía.

Es decir, no solo no se tocan los aforamientos, sino que se busca directamente la impunidad. Cuestiones suficientemente contrastadas, en definitiva, para que tengamos claro el interés del PSOE y del PP por dominar el Consejo General del Poder Judicial y, a partir de ahí, controlar el nombramiento de magistrados en los tribunales en los que están aforados los altos cargos.

Es imposible que de ahí salga un acuerdo que, como dicen, signifique la despolitización del órgano de gobierno judicial

La pregunta que nos podemos hacer a continuación es qué interés pueden tener las asociaciones judiciales en aplaudir ese modelo si, en definitiva, se trata de un privilegio político. La respuesta es inmediata: la vanidad de quienes quieren llegar a los puestos más altos, mejor remunerados y más prestigiosos de la carrera judicial. Por esa razón, las principales asociaciones judiciales no han respaldado nunca un cambio del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, o de los presidentes de Tribunales superiores autonómicos, porque no les conviene soltar esa pieza.

Si, por ejemplo, los nombramientos de esos tribunales se hicieran por sorteo entre quienes acrediten méritos suficientes, se perdería toda capacidad de influencia. En la actualidad, hay dos asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura, y Jueces y Juezas para la Democracia, que se reparten todos esos puestos en perfecta connivencia y comunicación con el Partido Popular, la primera, y el Partido Socialista, la segunda.

Opinión

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Más del 40 % de los jueces y magistrados españoles no está afiliado a ninguna asociación y, los que sí participan de esas asociaciones, hay un porcentaje elevado que lo hace con la Asociación Francisco de Vitoria y con el Foro Judicial Independiente. Ninguna de estas asociaciones cuenta con ningún vocal en el Consejo General del Poder Judicial, pero son las dos únicas que defienden un sistema distinto al actual, completamente desligado de las influencias políticas.

No hace falta avanzar mucho más para concluir que, sea cual sea el cambio de sistema, si es que se consigue, seguirá pecando de los mismos vicios porque seguirá respondiendo a los mismos intereses, el interés político por mantener el aforamiento y el control de los altos tribunales que los enjuician y la vanidad de jueces y magistrados por ascender en la carrera. Aun así, este sistema viciado ha permitido la condena de innumerables casos de corrupción política, con lo que tampoco conviene que todo esto nos conduzca al abatimiento y la desolación. Por eso lo del médico al ver a la anciana enferma, "a peor va la mejoría".