Un país al servicio de una persona

¿Cuándo se ha hablado en España de los graves problemas de la despoblación? Cuando a Pedro Sánchez le hacía falta el voto de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo se ha decidido reformar el Código Penal? Cuando a Pedro Sánchez le ha interesado amarrar la legislatura con los votos de Esquerra Republicana. ¿Cuándo se han tomado medidas por la llegada masiva de inmigrantes ilegales? Cuando había diputados canarios cuyos votos eran necesarios para Pedro Sánchez. ¿Cuándo se ha decidido abordar el problema del Sáhara o el reconocimiento de Palestina como Estado? En el momento que servía políticamente a Pedro Sánchez. ¿Cuándo se ha considerado necesario hablar del modelo de financiación autonómica? Cuando Pedro Sánchez lo ha necesitado para apoyar a su candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. ¿Cuándo ha surgido en España el debate sobre los medios de comunicación y las subvenciones públicas? Cuando Pedro Sánchez se ha molestado por las informaciones que han desvelado el comportamiento temerario de su esposa, Begoña Gómez.

Si todas las preguntas sobre los problemas de un país se contestan con el presidente del Gobierno en el núcleo de las respuestas, es que tenemos un problema serio de gobernabilidad. La agenda política se confecciona con los intereses y hasta las obsesiones de una persona. Y todo se desarrolla en una pendiente degenerativa en la que cada nuevo episodio empeora el anterior, por frívolo y soberbio.

Uno a uno, desde la reforma del Código Penal hasta la despoblación española, son asuntos de indudable interés nacional, habituales en otras legislaturas, pero lo que no ha pasado nunca es que todo ello se aborde por el exclusivo interés de una persona. Estamos ante la mayor adulteración del concepto de servicio público que podamos imaginar en una democracia. En vez de sacrificios personales en beneficio de la comunidad, es la comunidad la que se sacrifica para atender el interés de una persona. Las consecuencias de esa perversión son diversas, y unas veces nos lleva a la creación de nuevos problemas y otras al simple manoseo y olvido de muchos asuntos, como acabó ocurriendo con los graves problemas de la ‘España vacía’.

Esa es, de hecho, la trampa de todo esto, en la que caen solícitos los replicantes, que un día amanecen con la amnistía de Cataluña como urgencia nacional y al día siguiente se ponen a defender otra cosa distinta porque les ha sorprendido una ‘carta a la ciudadanía’ que les anuncia las nuevas prioridades. (Quizá no haga falta aclararlo, pero ‘los replicantes’ son aquellos seres que viven en un ecosistema político determinado y comparten una misma función, la de resaltar y propagar aquello que se les consigna). En síntesis, que aunque se trate de asuntos de interés nacional, que por sí mismos merecen debate, no es ese el objetivo de cada polémica o iniciativa que se promueve desde el Gobierno. Solo es eso, una especie de trampantojo, una simulación que no pretende solucionar un problema, sino utilizarlo en beneficio de una persona.

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De todos los asuntos mencionados con anterioridad, no todos tienen la misma trascendencia ni han provocado, como sí ocurre con algunos, un daño institucional severo. En este último caso, como podrá adivinarse, se incluye la ley de amnistía, que le ha servido a Pedro Sánchez para gobernar unos años más, pero cuyas consecuencias penales y políticas se pueden arrastrar durante décadas. Si el objetivo, como cínicamente se repite, hubiera sido la normalización política de Cataluña, que es una meta compartida y deseada por millones de españoles, el procedimiento utilizado hubiera sido muy distinto a ese acuerdo pactado en Waterloo. Comenzando por el compromiso de los sediciosos de no volver a atentar contra la Constitución española, o incluso con la simple convocatoria de un referéndum en toda España para validar una medida que no está prevista en la Constitución.

Podríamos compararlo con lo ocurrido, hace dos años, con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. La medida, como ya se defendió aquí, podría haberse compartido plenamente si se hubiera adoptado con el mínimo respeto a las formas democráticas. Nos referimos a algo tan elemental como el respeto institucional debido para, antes de comunicar una decisión así, haberla debatido en el Congreso de los Diputados o, al menos, consensuado con el principal partido de la oposición. Se trataba, de hecho, de un cambio diplomático que ya habían adoptado otros países aliados, como Estados Unidos, Francia o Alemania, con el objetivo mayor de que los países árabes normalizaran sus relaciones con Israel y que este, a su vez, admitiera el Estado palestino. Pero no. El Sáhara, que fue una provincia española, se entregó a Marruecos a cambio de que el rey Mohamed VI dejase tranquilo a Pedro Sánchez, al que estaba acosando con problemas en todos los flancos posibles.

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La ‘regeneración democrática’ es el ejemplo más reciente de cómo se fabrican las prioridades políticas en España. Se trata de una directiva europea, aprobada hace varios meses, que el presidente convierte en estrategia para complementar su campaña de acoso a los medios de comunicación que cuestionan el comportamiento de su mujer, Begoña Gómez. Especialmente, El Confidencial que es el periódico que ha desvelado las noticias que un juez español y la Fiscalía Europea han considerado relevantes para ser investigadas. La directiva europea, en sí misma, nada tiene que ver con lo que se le oye decir a Pedro Sánchez, pero él la utiliza igual. Entre los objetivos de la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación están, por ejemplo, la aprobación de “medidas destinadas a proteger a los periodistas y a los proveedores de medios de comunicación de la interferencia política”.

Evidentemente, se trata de un debate interesante y pertinente para plantearlo en cada país. Pero esa no es la cuestión. El caso es que si no se hubieran conocido las cartas de apoyo que firmaba Begoña Gómez para empresas que recibían subvenciones del Gobierno, esta directiva europea seguiría en el cajón de uno de los despachos de la Moncloa. Olvidada como esa otra directiva europea, que han aplicado todos los socios de la Unión Europea menos España, para impedir que fuerzas minoritarias y extremistas lleguen al Parlamento Europeo. Como se trata de elevar el porcentaje de votos exigido, al presidente del Gobierno no le ha interesado porque perjudicaría seriamente a sus socios parlamentarios. Es decir, que puede ser del interés de Europa, pero no lo es de Pedro Sánchez. Y ya sabemos que todo gira en torno al interés de una persona. El ‘ego gobierno’, podría decirse.