Un juez en el punto de mira

La visceralidad se convierte en sospecha cuando la reacción agresiva se asemeja a una excusa torpe y nerviosa que no se ha solicitado. ‘Excusatio non petita, accusatio manifesta’. Desde el primer instante en el que El Confidencial comenzó a tirar del hilo de las relaciones, desconocidas hasta entonces, de la mujer del presidente del Gobierno con uno de los principales implicados del caso Koldo, Víctor de Aldama, la respuesta, airada, desaforada, de Pedro Sánchez se convirtió en el presagio más inquietante de qué podía ser tan grave para merecer un vozarrón como aquel. Al principio, claro, nada o poco se sabía, solo la extraña coincidencia de que, al cabo del tiempo, nos enterásemos de golpe de una supuesta trama de corrupción en el Gobierno y la casualidad de que la mujer de Pedro Sánchez mantuviese reuniones con el tipo al que la Guardia Civil señalaba como uno de los cabecillas.

Cuando uno se esperaba que el presidente, o su mujer, aparecieran públicamente para decir, como tantas otras veces, “esa persona de la que usted me habla estaba en la misma Feria Internacional de Turismo que Begoña Gómez, y simplemente se saludaron, como con otros tantos españoles del sector que se encontraban en San Petersburgo”, la visceralidad con la que reaccionó el presidente Sánchez fue la que convirtió en sospecha lo que, hasta ese momento, solo era una llamativa coincidencia. ¿Por qué en vez de dar explicaciones, se lanzan al ataque de esta forma? ¿Es que acaso se intenta ocultar algo? Ahí es donde la visceralidad se conecta con la accusatio manifesta.

Lo que hemos vivido desde entonces ha sido un aumento progresivo de esa tensión, alta tensión, que irradia la Moncloa, con serias advertencias de que, quien se acerque, puede quedar fulminado al instante. Téngase en cuenta, para apreciar mejor la visceralidad instantánea, que el caso Koldo se destapa el 21 de febrero, día en el que el juez ordena las detenciones, y que aquella información primera de El Confidencial se produce ocho días más tarde, el 29 de febrero. Lo único que se mencionaba en esa información es que el comisionista del Ministerio de Fomento, el mencionado Víctor de Aldama, curiosamente, había sido contratado por el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, justo cuando esa compañía negociaba un rescate con el Gobierno. Y que resultaba llamativo que en el círculo de amistades y contactos de ambos se encontrase la esposa de Pedro Sánchez. Se publicó, y hasta ahora, lo que hemos vivido es un aumento exponencial de la tensión, sin que nadie haya comparecido para dar una mínima explicación; lo dicho, al menos el recurso manido de “esa persona de la que usted me habla”. Ni eso.

En los cinco meses transcurridos, se han conocido otros muchos detalles, el caso Begoña Gómez se ha ido complicando con nuevas ramificaciones, ha derivado en una investigación judicial, y la ira de la Moncloa, del presidente Sánchez, se ha ceñido sobre la cabeza del juez, como una maldición bíblica, “oirás la majestad de su voz y descenderá su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo”. La citación de Pedro Sánchez lo ha desbordado todo, y a todos, con graves acusaciones sincronizadas y en escala ascendente, desde los “tres recortes de prensa”, pasaron a la “cacería política” y, ahora, a la prevaricación y al lawfare…

En fin, en esta competición de insultos lo único que habría que matizar es que existe un artículo en el Código Penal, el 508, que castiga con penas de cárcel “a la autoridad que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo”. Cuando es el ministro de Justicia (¡de Justicia!) el que hace responsable al juez del caso Begoña Gómez’de una “persecución política cruel e inhumana” y de estar instruyendo una causa “plagada de mentiras y de insignificancias”; cuando eso ocurre, quizá su titular, Félix Bolaños, es quien se está metiendo en un problema judicial. Porque como ya dijeron hace tiempo las asociaciones judiciales, se trata de comportamientos “inaceptables en un Estado de derecho” que constituyen una “presión intolerable al juez instructor del caso”. Dicho de otra forma: no se puede tolerar que en una democracia como la nuestra se coloque a un juez en la diana política, para asaetearlo con insultos, mofas y descalificaciones diarias. Y que esas campañas las dirija el presidente del Gobierno.

Nada de esto nos debe hacer presuponer, desde luego, que el juez instructor esté actuando correctamente en todas sus decisiones, y que en ocasiones no se le pueda censurar un comportamiento errático, o desordenado, o poco meditado. De hecho, algunas de las decisiones que ha tomado pueden ser perjudiciales para el propio fin de la investigación, como opinan algunos juristas en privado. Pero, en todo caso, las decisiones de un juez de instrucción, obviamente, pueden ser recurridas, como hace frecuentemente la Fiscalía, y otra instancia superior es la que decide cuál es el camino correcto.

No se puede tolerar que en una democracia se coloque a un juez en la diana política, para asaetearlo con insultos y descalificaciones diarias

En el caso de la citación de Pedro Sánchez, deberían reparar, además, en que ha sido el empresario Juan Carlos Barrabés quien ha colocado al presidente en esa situación judicial tras declarar que acudía con asiduidad a la Moncloa para reunirse con su mujer. También podrían pensar que ha sido la negativa de Begoña Gómez a declarar ante el juez, lo que ha llevado al magistrado a pedirle a su marido algunas explicaciones sobre esas reuniones que mantuvieron en la Moncloa. En todo caso, da igual porque ya sabemos desde el principio que no son los desmentidos sobre las noticias aparecidas en este periódico, ni las diferencias jurídicas, o técnicas, con el procedimiento judicial lo que está provocando esta avalancha de protestas en la Moncloa o en el PSOE. Es la visceralidad convertida en sospecha lo que explica todo. Quizá algún día conozcamos el porqué.