Matacán
Por
Sánchez y Meloni, líderes en acoso judicial
El acoso judicial es una señal de alarma a la que debe prestarse atención. Y la Comisión Europea lo hace porque, quizá, ya aprendió de sus propios errores en los países del Este
Tanto levantar muros para impedir que la extrema derecha pueda llegar a las instituciones, y ahora resulta que un líder socialista como Pedro Sánchez y uno de extrema derecha como la italiana Giorgia Meloni son líderes europeos en acoso judicial. En el último informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, que se acaba de presentar, la Comisión Europea incluye críticas idénticas a los dos países cuando destaca las declaraciones públicas de miembros del Gobierno contra jueces y magistrados por haber dictado sentencias o resoluciones contrarias a lo que ellos, como gobernantes electos, han dictado.
El fondo del asunto, sea cual sea la materia, siempre es el mismo, el pensamiento populista de que todos los poderes del Estado deben supeditarse a la voluntad de las urnas. No es así, claro, y lo señala expresamente la Constitución en uno de sus primeros artículos: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Cuando se vulneran principios constitucionales básicos, como la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, la separación de los poderes del Estado o la independencia de organismos de control; cuando todo eso ocurre, se encienden las alarmas sobre la calidad del Estado de derecho. No dice la Comisión Europea que hayamos llegado a esa situación, pero las acusaciones contra jueces y magistrados por parte del Gobierno es como la señal de humo primera que nos previene de un incendio.
El informe que ha presentado la reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene el tono ‘amable’, podría decirse, de otros pronunciamientos de las instituciones europeas, siempre atentos a no crear conflictos ni a excederse en sus consideraciones. Salvo que un país se desmadre, rebasando todas las líneas rojas de forma desafiante y temeraria, la Comisión Europea se limita a recomendaciones y comentarios genéricos. Dicho de otra forma, el armamento pesado, como el famoso ‘artículo 7’ del Tratado de la Unión que suspende los derechos de un país como miembro comunitario, sólo se aplica a países como Hungría o Polonia, pero la situación de ambos, y las agresiones que se han producido contra el Estado de derecho, están lejos, muy lejos, de lo que ocurre en España o en Italia. Nada que ver.
Aun así, lo dicho, el acoso judicial es una señal de alarma a la que debe prestarse atención. Y la Comisión Europea lo hace porque, quizá, ya aprendió de sus propios errores en los países del Este. Hubo una declaración del Parlamento Europeo sobre Hungría en la que se reconocía que “la falta de una acción decisiva de la UE ha contribuido a la aparición de un régimen híbrido de ‘autocracia electoral’”. El concepto es interesante, ‘autocracia electoral’, sobre todo en este momento de la historia en el que estamos asistiendo a un deterioro progresivo de las democracias occidentales.
El enfrentamiento de la presidenta de Italia con el Poder Judicial se produce por los mismos motivos que en España, investigaciones judiciales o sentencias por supuesta corrupción contra miembros del Gobierno y sentencias contrarias a algunas decisiones políticas, sobre todo en inmigración. Una ministra que fue investigada por una denuncia de corrupción en sus empresas o un juez que revocó la orden de detención y expulsión de un grupo de inmigrantes… La reacción del Gobierno de Meloni fue idéntica a la que hemos conocido en España por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en las últimas semanas, cuando el juez Juan Carlos Peinado ha decidido avanzar en la investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente. “Los tribunales de Justicia no pueden convertirse en los cuarteles generales de la oposición para arremeter contra las medidas adoptadas por un Ejecutivo elegido democráticamente”.
La literalidad de esas acusaciones pertenecen al acoso judicial que se produce en Italia, pero todos podremos reconocerlas en las declaraciones simétricas que se realizan desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Incluso en España se ha llegado más lejos en la dramatización, porque nunca debemos olvidar que aquí se produjo el insólito caso de un presidente de Gobierno que amagó con la dimisión, y se tomó cinco días para reflexionar, porque un juez aceptó una denuncia presentada contra su mujer. Ni Giorgia Meloni, a la que vemos tan teatrera, llega a eso.
En el caso de Italia, como se recoge en el informe de la Comisión Europea, fueron las distintas asociaciones judiciales, “incluida la Asociación Nacional de Magistrados, quienes han expresado su preocupación por algunas declaraciones públicas de representantes políticos que criticaron al Poder Judicial”. En el caso de España, se recoge lo mismo: “El Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces y magistrados vienen alertando y expresan su preocupación por las declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el Poder Judicial”. Las advertencias en ambos casos son también idénticas. “Si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, que el Poder Judicial goce de confianza pública es fundamental para que desempeñe su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad”.
La Comisión Europea, siempre tan prudente con algunos asuntos internos de los países miembros, nunca lo va a incluir en un informe, pero sabemos bien que el deterioro de la Justicia en España es mucho más grave de lo que se refleja ahí, y que este Gobierno no trabaja “para preservar la independencia del Poder Judicial, fomentar el respeto de sus decisiones y la confianza de la ciudadanía”, que son las recomendaciones que se hacen. Aquí, a los jueces se les incluye en la ‘fachosfera’ y se afirma que existe ‘lawfare’ cada vez que un auto judicial o una sentencia contradice al Gobierno. Así que, por el momento, quedémonos con ese paisaje político que debe ser tan desconcertante para muchos: Pedro Sánchez y Giorgia Meloni como líderes en acoso judicial. Sin muros de por medio.
Tanto levantar muros para impedir que la extrema derecha pueda llegar a las instituciones, y ahora resulta que un líder socialista como Pedro Sánchez y uno de extrema derecha como la italiana Giorgia Meloni son líderes europeos en acoso judicial. En el último informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, que se acaba de presentar, la Comisión Europea incluye críticas idénticas a los dos países cuando destaca las declaraciones públicas de miembros del Gobierno contra jueces y magistrados por haber dictado sentencias o resoluciones contrarias a lo que ellos, como gobernantes electos, han dictado.
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