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Una hipótesis de la no-fuga de Puigdemont
Una semana después, podemos tener claro que lo sucedido no se corresponde con el hecho que presenciamos, sino con una estrategia política que le reporta beneficios a todos los actores que intervinieron en el espectáculo
La trampa consiste en que todos pensemos que se trata de una fuga, y no de una estrategia política. Hablamos de un cálculo de daños y beneficios, en el menor de los casos o de un pacto cerrado sobre cómo debía actuar cada cual, en el peor de los supuestos. La cuestión es que todo lo que ha sucedido en esta semana es demasiado extraño para pensar que lo ocurrido con Carles Puigdemont consistió en lo que vimos, o que quisimos ver, que el fugitivo entraba y salía de España como un experimentado escapista, entre Houdini y Tom Cruise en Misión Imposible. Pero no, pensemos que esa ha sido la película que nos han proyectado una mañana de agosto a toda España, en horarios de máxima audiencia. ¿Una estrategia política perfectamente diseñada, entonces? Quizá nunca conozcamos todos los detalles, pero, una semana después, lo que sí podemos tener claro es que lo sucedido no se corresponde con el hecho que presenciamos: no se trató de una fuga, sino de una estrategia política que le reporta beneficios a todos los actores que intervinieron en el espectáculo, el PSOE, el PSC y el presidente Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y el gobierno en funciones de Pere Aragonès y, finalmente, el fugitivo Carles Puigdemont y su partido político. Tanto si se trataba de un plan pactado previamente o un ‘dejar hacer’ consciente de lo que sucedía por los beneficios políticos que aportaba; en cualquiera de los dos casos, lo sucedido no altera, en absoluto, el resultado final de la jugada, ni los beneficios políticos ni, por supuesto, la gravedad de los hechos. Así que repasemos, porque ahora encontramos contradicciones y vacíos que no alcanzábamos a ver antes.
La idea de Puigdemont inicialmente era la de boicotear la investidura del socialista Salvador Illa, forzando su detención en plena sesión del Parlamento de Cataluña. Esa fue su promesa expresa la primera vez que anunció que pensaba regresar a España, el 27 de julio pasado, en el mitin que convocó a pocos kilómetros de la frontera de España, en la localidad francesa de Amélie-les-Bains-Palalda. "Mi obligación es ir al Parlament si hay debate de investidura", ha enfatizado ante 2.200 personas, según datos de los organizadores. "Yo estaré allí, presidente", ha incidido ante la atenta mirada de Josep Rull, presidente de la cámara autonómica catalana. "Estaré en el Parlament. Y solo un golpe de Estado me podrá impedir estar allí", ha añadido. A continuación, el presidente del Parlament, Josep Rull, de acuerdo con Puigdemont, advierte de que tiene la intención de suspender el pleno de investidura si hay una detención. "Si detienen al presidente Puigdemont, no puedo aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad". Ahí comienza el diseño de la fuga, a través de conversaciones entre quienes ya tienen la experiencia de negociar secretamente, fuera de España, como ocurrió con la Ley de Amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, hace justo un año. En cuatro pasos, esta es la hipótesis de la no-fuga de Puigdemont.
Primer paso: se hace llegar a Carles Puigdemont una oferta alternativa a su plan de boicotear el pleno. Poder entrar y salir de España con total impunidad, con todo el protagonismo político para él, a cambio de que no interfiera en la sesión parlamentaria de investidura ni que el 'president' la suspenda. En Junts se hacen cálculos: el protagonismo indudable de Puigdemont en las portadas de periódicos de todo el mundo, el entierro definitivo de las órdenes de detención contra él y la posibilidad de ‘rearmar’ en otoño a su partido con un congreso extraordinario en el que se apruebe la nueva estrategia política del independentismo. Es un diseño a medio plazo ya que, en un periodo máximo de dos años, se acabará la legislatura nacional y también la catalana, por la imposibilidad de gobernar ambas cámaras sin mayorías suficientes. Entonces, Junts debe poder presentarse como la única alternativa. En definitiva, más beneficios que los que provocaría la detención y encarcelamiento de Puigdemont, sin garantía alguna de que la Justicia española resuelva su situación en poco tiempo.
Segundo paso: aceptada la estrategia por Puigdemont, todas las instituciones se alinean en la misma dirección, siguiendo las órdenes de sus representantes, dirigentes del PSOE, del PSC y de Esquerra. Vamos a enumerarlas de menor a mayor: El Ayuntamiento de Barcelona autoriza, como si tal cosa, la convocatoria de un acto público al que va a acudir un fugitivo de la justicia para dar un mitin; la Generalitat de Cataluña ordena a los Mossos que se realicen un seguimiento de baja intensidad para permitir la llegada y salida de Puigdemont; y, finalmente, el Gobierno socialista desactiva al CNI y a las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. Comienza entonces la sesión de investidura con el cumplimiento de lo previsto. Llega Puigdemont al mitin, caminando tranquilamente, y pronuncia un discurso breve, testimonial, para no alterar la hora de inicio del pleno de investidura, que se desarrollará a continuación. Tal como llega, vuelve a marcharse a Bélgica y, entre tanto, Salvador Illa protagoniza esa extraña sesión de investidura, con un discurso como candidato de poco más de media hora, sin ninguna relevancia política, como si fuera lo que menos les interesara en ese momento.
Tercer paso: Puigdemont reaparece en Waterloo y, aunque no aporta detalles de cómo se produjo su entrada y salida de España, sí pronuncia una frase que demostraría las conversaciones ocultas con el Gobierno: "Quería entrar en el Parlament, pero Interior me lo negó”. Como podrá entenderse, no es, precisamente, Carles Puigdemont un líder político que se deje llevar por lo que es legal o ilegal, lo que se le permite o lo que está prohibido, con lo que si aceptó que el Ministerio del Interior le negara pisar el Parlament, fue porque las conversaciones existieron y porque le pareció bien la alternativa de entrar en España, dar su mitin y poder burlarse de nuevo de la Justicia. De no haber mediado un acuerdo, es evidente que el fugitivo hubiera forzado su detención en las inmediaciones del Parlament, como había anunciado, y se hubiera suspendido la sesión. Pero aceptó el pacto y, ya en Waterloo, retomó su discurso de siempre, a favor de la independencia y en contra de la Justicia española. "No se ha acabado el proceso de independencia. Hay que pasar a una nueva etapa (…) "El Estado español no se comporta de manera democrática cuando permite que jueces del Tribunal Supremo se burlen de las leyes que aprueba su Parlamento".
La prioridad será aumentar el debate sobre la financiación autonómica para que lo ocurrido en agosto parezca un episodio intrascendente
Cuarto paso: culminada la operación, se activa una campaña de agitación política para desviar la atención sobre lo sucedido y generar nuevas polvaredas. Por eso vuelve de sus vacaciones el principal agitador con el que cuenta el Gobierno, el ministro de Fomento, Óscar Puente, con ataques desmedidos a jueces y magistrados del Tribunal Supremo. Luego lo secunda, como ha sucedido otras veces, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños. Los ministros responsables del operativo de detención de Puigdemont, el ministro del Interior y la ministra de Defensa, siguen desaparecidos y en silencio. Por supuesto, tampoco habla Pedro Sánchez, que en circunstancias distintas hubiera estado presente en la toma de posesión de su candidato en Cataluña, Salvador Illa, para darle más caché institucional al final del procés, como lo defiende el Gobierno. Conforme vayan pasando los días, la prioridad va a ser la de aumentar el debate sobre la financiación autonómica para que, llegado el nuevo curso político, lo ocurrido en agosto parezca un episodio intrascendente del pasado.
La trampa consiste en que todos pensemos que se trata de una fuga, y no de una estrategia política. Hablamos de un cálculo de daños y beneficios, en el menor de los casos o de un pacto cerrado sobre cómo debía actuar cada cual, en el peor de los supuestos. La cuestión es que todo lo que ha sucedido en esta semana es demasiado extraño para pensar que lo ocurrido con Carles Puigdemont consistió en lo que vimos, o que quisimos ver, que el fugitivo entraba y salía de España como un experimentado escapista, entre Houdini y Tom Cruise en Misión Imposible. Pero no, pensemos que esa ha sido la película que nos han proyectado una mañana de agosto a toda España, en horarios de máxima audiencia. ¿Una estrategia política perfectamente diseñada, entonces? Quizá nunca conozcamos todos los detalles, pero, una semana después, lo que sí podemos tener claro es que lo sucedido no se corresponde con el hecho que presenciamos: no se trató de una fuga, sino de una estrategia política que le reporta beneficios a todos los actores que intervinieron en el espectáculo, el PSOE, el PSC y el presidente Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y el gobierno en funciones de Pere Aragonès y, finalmente, el fugitivo Carles Puigdemont y su partido político. Tanto si se trataba de un plan pactado previamente o un ‘dejar hacer’ consciente de lo que sucedía por los beneficios políticos que aportaba; en cualquiera de los dos casos, lo sucedido no altera, en absoluto, el resultado final de la jugada, ni los beneficios políticos ni, por supuesto, la gravedad de los hechos. Así que repasemos, porque ahora encontramos contradicciones y vacíos que no alcanzábamos a ver antes.
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