Un ertzaina trans y los agujeros de la ley

Los trámites para cambiar de sexo en España se completan antes de que usted acabe de leer el primer párrafo de este artículo. Usted, yo, hombre o mujer, joven o viejo, procesado por la Justicia o en libertad plena de todos sus derechos… Antes de finalizar el párrafo ya habrá completado los trámites si tiene localizados el DNI, el padrón de la ciudad en la que vive y el certificado de nacimiento. Si lo tiene, ya está todo completo.

Se trata de ir al Registro Civil y formalizarlo, sin más. Esa es la gran ventaja, "el gran avance" de la Ley Trans, según la valoración de sus impulsores tras su aprobación, hace poco más de un año, y esa celeridad se ha convertido también en el agujero por el que se cuelan aprovechados, impostores o, simplemente, personas que no encajan en el concepto de transexualidad ni siquiera para aquellos que han defendido la ley. Podríamos justificarlo diciendo que se trata de una de las consecuencias legales habituales en estos casos, sobre todo cuando se refieren a avances sociales que suponen también un cambio de mentalidad en la sociedad, pero lo que ocurre con este Gobierno de coalición, presidido por el socialista Pedro Sánchez, es que existe ya un penoso antecedente de experiencias previas.

Se legisla con el mismo rigor con el que se elabora el discurso de un mitin en campaña, pero las promesas electorales se las lleva el viento y las leyes que se aprueban en las Cortes se publican inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, es cuando comienza a suceder todo aquello que se vaticinó y que, simplemente, se ignoró o se despreció. Como estos casos en los que todos podemos intuir, o sospechar, que se trata de un al uso de la ley, ajeno a los fines para los que se aprobó, pero igualmente legítimos.

El último caso conocido es el del ertzaina detenido hace una semana, en el barrio de Txomin de San Sebastián, acusado de intentar agredir a su pareja con un cuchillo y de amenazar a sus dos hijas menores de edad. Tras su detención, se inició el correspondiente proceso judicial y la sorpresa fue comprobar que aquel hombre era una mujer, porque decidió cambiar de sexo en noviembre pasado, aunque mantuvo su nombre y su aspecto físico anterior. Todo era igual, salvo el sexo consignado en el Registro Civil: mujer.

El fiscal jefe de Guipúzcoa viene advirtiendo que "es muy difícil" determinar si se ha cometido fraude de ley según se contempla en la norma

No se trata de ninguna vulneración de la Ley Trans porque lo único que se requiere para cambiar de sexo es el deseo del afectado, no se pide cambiar de nombre, ni de presencia física y, por supuesto, tampoco se exigen informes psicológicos ni haber iniciado un tratamiento hormonal, como antes de esta nueva ley. Basta con la "voluntad real" de la persona que lo solicita y nadie ajeno, ni en el Registro Civil ni, en su caso, en la fiscalía o en un juzgado puede poner en duda que lo que está oyendo no sea la voluntad personal y real de quien lo manifiesta.

Por esa razón, ante el escándalo que ha suscitado la noticia, el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, viene advirtiendo que "es muy difícil y complicado" determinar en uno de estos casos que se ha cometido un fraude de ley, porque el cambio de sexo, tal y como se contempla en la ley, es un derecho civil que cada cual puede ejercer si lo desea. Las garantías que sí recoge la ley es que los actos delictivos que se hayan podido cometer antes del cambio de sexo no contemplarán esa modificación, aunque a partir de ese momento el hombre que ha decidido cambiar su sexo al de mujer tiene todo el derecho a ser considerado como tal. De modo que, en el caso concreto del ertzaina, ya se determinará si debe ser procesado, en el caso de que prospere la denuncia, como un delito de violencia de género, de violencia doméstica o, incluso, de un delito continuado que recoja ambos.

En la otra punta de España, en Sevilla, está de actualidad un caso similar, por el cambio de sexo del agresor, pero mucho más grave que el anterior. Se trata de un tipo condenado en 2019 a un año y medio de cárcel por delitos de amenazas y de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento de la mujer que, desde hace diez años, está denunciando el maltrato que padece.

El abogado que defiende a la mujer es el mismo que defiende al militar que cambió de sexo, pero no de nombre ni de aspecto físico

Cuando en septiembre del año pasado el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla decretó su ingreso inmediato en prisión, después de haber desestimado todos los recursos, se encontró con que el condenado había cambiado de sexo, al poco tiempo de entrar en vigor la ley. El cambio de sexo no va a modificar la condena, pero sí complica extraordinariamente la ejecución de la sentencia porque el condenado, ahora la condenada, exige que ser tratado como tal a todos los efectos. De hecho, ante las nuevas denuncias planteadas, porque el acoso se mantiene, el juzgado de Violencia de Género ha decidido inhibirse en favor de los juzgados de instrucción porque el caso ya no puede seguir tratándose como violencia machista.

Para acabar de completar las perplejidades de este caso, apuntemos, solo a título anecdótico, que el abogado que defiende a la mujer acosada en este caso, y que denuncia el 'fraude de ley' cometido por el acosador, es el mismo letrado que defiende, en otro proceso judicial aun sin resolver, al militar que cambió de sexo, pero no de nombre ni de aspecto físico, porque se considera mujer lesbiana, y que exige que en el Ejército se le reconozca su derecho a utilizar los baños y los vestuarios femeninos. En la misma mesa de despacho de este abogado, un caso y el contrario, la acusación de fraude de ley y la defensa del derecho legal a cambiar de sexo.

El problema no es tanto el número sino la alarma social que despierta y en este Gobierno las pifias legislativas no son la excepción

Hace unos días, en uno de los paréntesis de las vacaciones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refirió a algunas de estas polémicas con algunas vaguedades que nada aportan, como la existencia de un 'fraude de ley', que ya queda dicho que es difícil de demostrar, o que los condenados por violencia machista tienen que cumplir la condena, aunque cambien de sexo. Nada nuevo. Ni siquiera aporta nada cuando afirma, y es verdad, que, tras los casi 6.000 cambios de sexo tramitados en el año transcurrido desde la aprobación de la ley, el porcentaje de abusos y extralimitaciones es muy pequeño, del 0,001%.

El problema en estos casos no es tanto el número sino la alarma social que despierta. O la sensación de inseguridad o de burla que puede causarle a algunas víctimas. O el descrédito que pueden temer muchos colectivos, tanto feministas como transexuales. Y como decíamos al principio, se podría pensar que todo esto ocurre siempre con los cambios legales que afectan, sobre todo, a estos temas, pero resulta que en este Gobierno las pifias legislativas no son la excepción. El denominador común de otras leyes polémicas como la Ley del Sí es Sí o la Ley de Paridad, que entró en vigor el pasado jueves con un "error técnico" advertido e ignorado, que también acabará generando idénticas perplejidades.

El error, en cuestión está en la disposición adicional novena que modifica el Estatuto de los Trabajadores de forma que deja desprotegidos a los trabajadores que pidan acogerse al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a quienes soliciten una adaptación de jornada con cambios de horarios, turnos o el teletrabajo para poder conciliar su vida laboral con la familiar. Como acaba de entrar en vigor, todavía no tenemos noticias de nuevos escándalos. Pero llegarán. Como dijo el otro, es cuestión de esperar. Tic, tac, tic, tac…