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Conde-Pumpido, el ser ubicuo
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Javier Caraballo

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Conde-Pumpido, el ser ubicuo

De las tres etapas del escándalo de los ERE en las que Conde-Pumpido ha estado presente, la más interesante de todas es la primera, la de fiscal general del Estado, quizá porque describe el polo opuesto al que defiende en la actualidad

Foto: El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. (EFE/Pool/Borja Sánchez-Trillo)
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. (EFE/Pool/Borja Sánchez-Trillo)
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No existirá ningún otro en la historia judicial española como él, protagonista en las tres etapas de un proceso, la acusación, la condena y la posterior absolución, y manejando en cada caso un criterio distinto. La ubicuidad existe y tiene nombre de autoridad: Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional. Como se avecina una recusación contra él por la ley de amnistía y, además, como todavía está pendiente la resolución final de la escandalosa sentencia de los ERE de Andalucía, hay quien ha utilizado estos días de vacaciones para recopilar el papel de Cándido Conde-Pumpido en esas tres etapas del proceso judicial del fraude de la Junta de Andalucía. No hay quien lo iguale; a sus antiguos colegas los tiene perplejos.

Atención a estos tres momentos: en la Fiscalía General del Estado se implicó “personalmente” en la investigación del escándalo y avaló el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción. La contundente acusación de la Fiscalía fue fundamental para la condena de los altos cargos del PSOE en el Tribunal Supremo y, como a esas alturas Conde-Pumpido ya estaba en ese tribunal, se abstuvo para no viciar el proceso, que es lo que no ha hecho años después cuando ha auspiciado como presidente del Tribunal Constitucional una sentencia que dice que todo lo anterior ha sido un abuso judicial contra los dirigentes socialistas, con Chaves y Griñán al frente. Es como si el Cándido Conde-Pumpido de hoy, presidente del Tribunal Constitucional, estuviera acusando al Cándido Conde-Pumpido que fue fiscal general del Estado de haber perseguido injustamente a los políticos socialistas de Andalucía y culpando, también, al Cándido Conde-Pumpido que fue magistrado del Tribunal Supremo de haberse lavado las manos. Impresionantemente ubicuo y trino.

De las tres etapas del escándalo de los ERE en las que Conde-Pumpido ha estado presente, la más interesante de todas es la primera, la de fiscal general del Estado, quizá porque describe el polo opuesto, diametralmente opuesto, al que defiende en la actualidad. En una persona de la altísima consideración profesional de Cándido Conde-Pumpido, esta pirueta ha descolocado a muchos en la judicatura que presumían que, por encima de ambiciones personales, siempre iba a imponerse el hondo sentido de la memoria futura. Pues no, cada cual elige como pasar a la historia, por lo que estamos contemplando.

La cuestión es que este mismo hombre que ahora ha impulsado una sentencia que desacredita a magistrados y a fiscales por haber perseguido y condenado delitos “carentes de todo soporte constitucional”, fue el que, al conocerse el escándalo de los ERE al principio de la segunda década de este siglo, se interesó personalmente por el trabajo de la Fiscalía. Quienes lo recuerdan ahora, añaden que no siempre sucede igual en el Ministerio Fiscal, obviamente, pero fue tal el impacto en la sociedad española del fraude de la Junta de Andalucía que Cándido Conde-Pumpido decidió actuar con toda contundencia desde el primer momento. En marzo de 2011, firmó un decreto en el que le ordenaba a la Fiscalía Anticorrupción que llevara la acusación e investigación del caso. Tiene una declaración pública de aquellos días que produce hasta escozor. Le preguntaron por el fraude de los ERE y dijo: “Llegaremos hasta el final y los que hayan delinquido serán acusados, y procuraremos que sean condenados y que cumplan su condena".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. (EFE/Mariscal) Opinión
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En efecto, gracias al dictamen de la Fiscalía Anticorrupción que él había ordenado, todos los acusados de la rama política del fraude de los ERE fueron condenados porque, ni fiscales ni magistrados toleraron que la ‘ingeniería legal’ que confeccionaron en el Gobierno andaluz pudiera crear un espacio de impunidad. La aplicación de un delito continuado de prevaricación y de malversación fue la que se impuso en la lógica penal que ahora ha desbaratado el Tribunal Constitucional, declarando la nulidad de aquellas condenas, aunque como decimos ya veremos en qué se queda todo.

Entre tanto, lo que ya ha anunciado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es que han decidido presentar antes del próximo día 11 de septiembre -fecha tope- una batería de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El presidente del PP también ha decidido, como anunció ayer en el programa de Alsina en Onda Cero, que junto a esos recursos pedirán la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional para que se inhiban en la deliberación y votación de dichos recursos, entre ellos el propio Conde-Pumpido. Lo que no se explica es cómo es posible que el PP no hubiera actuado igual en los recursos de los ERE; al contrario, decidió plantearlos fuera de plazo, con las sentencias ya emitidas, y sin posibilidad alguna de que prosperasen. Como dijimos, ese es uno de los aspectos del desconcierto de la oposición previsible del partido de Feijóo.

Foto: María Luisa Segoviano, en el X aniversario del rey Felipe. (EFE / Kiko Huesca)

Tantas cosas están ocurriendo estos años que, a veces, lo mejor es reducirlo todo al absurdo. Hasta se entiende mejor. En esto de la ubicuidad del presidente del Tribunal Constitucional se viene a la cabeza una escena de ‘Amanece que no es poco’, una película incombustible, cada año más, por la actualidad mutante del absurdo en nuestra sociedad. De modo que imaginemos la irritación de alguno de los grandes hombres y mujeres que han pasado por el Tribunal Constitucional, que siempre serán eméritos y recordados, gente seria, prestigiosa e independiente, progresistas o conservadores. Imaginémoslos como don Roberto, el profesor de la Escuela de la película, en su protesta enérgica tras la intromisión de unos tipos en su libertad, en la dignidad de su profesión; imaginémoslos dirigiéndose a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, sentados en pupitres. “¡Atención, examen! Que todo el mundo tome nota de las preguntas: La ubicuidad, su importancia jurídica. ¿Es verdad la ubicuidad? Historia de la ubicuidad. La ubicuidad en la ideología. ¿Hay una ubicuidad o hay muchas ubicuidades? La ubicuidad y Pedro Sánchez. ¿La ubicuidad se transmite por contacto directo? Dibujo a mano de la ubicuidad. La ubicuidad como arma de seducción. La ubicuidad y el sexo, su porqué. Ya pueden ustedes contestar a las preguntas...”

No existirá ningún otro en la historia judicial española como él, protagonista en las tres etapas de un proceso, la acusación, la condena y la posterior absolución, y manejando en cada caso un criterio distinto. La ubicuidad existe y tiene nombre de autoridad: Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional. Como se avecina una recusación contra él por la ley de amnistía y, además, como todavía está pendiente la resolución final de la escandalosa sentencia de los ERE de Andalucía, hay quien ha utilizado estos días de vacaciones para recopilar el papel de Cándido Conde-Pumpido en esas tres etapas del proceso judicial del fraude de la Junta de Andalucía. No hay quien lo iguale; a sus antiguos colegas los tiene perplejos.

Cándido Conde-Pumpido Caso ERE
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