Viviendas, la gran estafa constitucional

El chiste fácil sería recordar que la ministra que prometió solucionar el problema de la vivienda en España construyendo minipisos de 30 metros cuadrados, se ha convertido ahora a la causa marroquí y los ha convencido de que, gracias a su ayuda, le van a birlar a España Ceuta y Melilla. Si hemos estado en esas manos, cómo vamos a pretender que el problema de la vivienda no se haya convertido en el principal problema de los españoles, como aparece en muchos sondeos. Pero ese sería solo el chiste fácil, por el sano ejercicio de reírnos de nosotros mismos, pero la realidad es otra bien distinta, mucho más grave que la incidencia que haya podido tener una ministra simplona, como la mencionada María Antonia Trujillo, que vive, por lo visto, en Larache.

La realidad de la vivienda en España es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que ahora se intercambian acusaciones y promesas, son inocentes del desastre de la vivienda. Todo lo contrario, como partidos que, principalmente, se han alternado en el poder en este casi medio siglo de democracia, socialistas y populares son los responsables de la gran estafa constitucional. No los únicos, pero sí los principales responsables. Con lo cual, este espectáculo de ahora, de cruce de descalificaciones y de presentaciones de planes, como quien construye urbanizaciones en el aire, debemos interpretarlo exclusivamente como una burla, un episodio más de la estafa. Allá quien se conforme con la filfa de culpar al adversario político porque en esto, en la vivienda, no hay gobierno que se salve.

Vamos a partir, como en otras ocasiones, del artículo 47 de la Constitución, que ha sido violado palabra por palabra. Todo el mundo resume el artículo en su primera frase, la que dice que todos los españoles tienen “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero se suele prescindir de las otras dos frases que, sin embargo, son fundamentales para entender esta idea de la vivienda como una gran estafa. El derecho constitucional, así expresado, no aporta demasiado, por la sencilla razón de que no todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales. Y la vivienda es, simplemente, un derecho constitucional. De modo que lo más relevante se contiene en la segunda parte del artículo porque, en primer lugar, señala que los responsables de que se cumpla ese derecho son “los poderes públicos”, con la aprobación de “normas pertinentes, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. No hace falta ningún esfuerzo de memoria para recordar, en cada comunidad autónoma, sea cual sea en la que vivamos, los escándalos de corrupción urbanística que han estallado.

El interés de los poderes públicos, en todo este tiempo, no ha sido el interés general, sino el partidario. Basta pensar que la ordenación urbanística se ha convertido en una fuente de riqueza especulativa de la que se han beneficiado los partidos políticos con un entramado orgánico, mil veces descubierto, de financiación ilegal. La segunda parte del artículo 47 señala, precisamente, que serán los ciudadanos los beneficiarios de “las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”, pero ya está visto que, no solo no ha sido así, sino que la especulación ha perjudicado doblemente el interés ciudadano con el aumento exponencial de los precios de la vivienda y la subida, también constante, de las tasas del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Opinión

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Javier Caraballo

La única conclusión aceptable de la conferencia sectorial de la vivienda, que ha convocado este jueves el Gobierno de Pedro Sánchez, sería la de crear una comisión independiente para elaborar un plan de actuación inmediata, asumido por todos los partidos políticos, al menos por el PP y el PSOE, para acabar a corto y medio plazo, calculemos un horizonte de diez años, con el gravísimo déficit actual. En ese mismo plan, debería incluirse, también como acuerdo unánime, la creación de un parque público de viviendas social y de alquiler, que no se altere ni se interrumpa con cada cambio legislativo. Eso es un acuerdo de Estado; esa es la defensa del interés general. Los datos actuales son bochornosos, en todos los aspectos. De forma general, según el último informe del Banco de España, con proyección hasta 2025, el déficit es de 600.000 viviendas. En cuanto a la vivienda social, solo un 2,5% del parque de viviendas reúne esas características, mientras que la media europea es del 9,3% y hasta del 20% en los países más avanzados. Por muchos planes que se presenten, ninguno de ellos será viable si no cuenta con el respaldo mayoritario de las fuerzas políticas por la sencilla razón de que las competencias de vivienda están repartidas por todas las administraciones, la estatal, la autonómica y la local. Sin un acuerdo transversal, todo son candelas de papeles. Nada.

Ahí está como muestra la ley de vivienda que aprobó este Gobierno en 2023, después de tres años de encuentros y desencuentros con sus propios socios parlamentarios. Pues bien, la ley entró en vigor el viernes 26 de mayo de 2023 y dos días después ya era papel mojado. Lo que ocurrió es que el domingo de esa semana se celebraron elecciones municipales y autonómicas, que le concedió al PP el gobierno de las principales capitales y de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y ninguno de ellos estaba dispuesto a aplicar una ley con la que no estaban de acuerdo. De hecho, ni siquiera muchos de los alcaldes socialistas han querido aplicarla porque, como sigue reprochándoles Podemos, “el PSOE nunca creyó en esa Ley y, por eso, estuvieron demorándola tanto tiempo”.

¿Qué sentido tiene persistir en esa política, si como estamos viendo el problema cada vez se agrava más? Sencillamente, parece darles igual. Porque no es el interés general lo que se busca, sino el interés particular del partido, del presidente de cada comunidad o el del alcalde de cada ciudad. Ahí está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue presentando compulsivamente promesas de viviendas, de alquileres sostenibles, y de más planes y leyes que nunca aprobará, mientras que acude a la inauguración de las casas que han construido otros, porque en su mandato todo se reduce a la búsqueda de la polémica y la confrontación política y judicial. El resultado es el que es, más déficit de viviendas que cuando Pedro Sánchez comenzó a gobernar, los alquileres más caros de la historia y más inseguridad jurídica. Como diría él mismo, que tanto le gustan las bicicletas, eso sí que es pedalear en el aire.