Ni hay pruebas ni las habrá

Portavoces y replicantes repiten estos días una letanía inquietante sobre la imputación del fiscal general del Estado por revelación de secretos. “Ni hay pruebas ni las habrá”, dicen una y otra vez sin llegar a afirmar nunca que el fiscal general del Estado es inocente del delito que se le acusa, sin comprometer nunca su palabra con la seguridad de que jamás ha participado en los hechos que se investigan. No dicen nada de eso, solo aseguran que el tribunal que lo juzga nunca podrá demostrar su culpabilidad, como si estuvieran alabando la elaboración de una coartada perfecta. Lo esencial no es el delito cometido, ni la autoría del mismo, sino la astucia de quien va a sentarse en el banquillo de los acusados con las espaldas bien cubiertas porque ha sabido derramar tinta sobre las actuaciones, como un calamar, y emborronarlo todo. Nada se sabe ni se sabrá, porque será imposible determinarlo. En fin...

Con solo ser amante de las películas policiacas, ni siquiera hace falta seguir la actualidad, hasta podríamos elaborar mentalmente un ‘retrato robot’ con la sonrisa pícara del delincuente que se sabe a salvo porque ha logrado engañarlos a todos. La única salvedad, la circunstancia fundamental que diferencia este caso con todo lo que podamos imaginar, radica en el ‘detalle’ de que el procesado es el fiscal general del Estado. Es decir, el representante de una institución, el Ministerio Fiscal, cuyo cometido es precisamente hacer que prevalezca la verdad para que se imponga la legalidad. Con lo que no es astucia, sino perversión, lo que aflora cada vez que alguien repite eso de que ‘no hay pruebas, ni las habrá’, pensando que le hace un bien al fiscal general del Estado en su defensa. Perversión de una institución y perversión del prestigio de sus miles de profesionales.

La tesis exculpatoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se detiene, obviamente, en la afirmación inquietante, y hasta desafiante, de que ‘no hay pruebas, ni las habrá’, sino que se completa con la descalificación y el insulto hacia los magistrados del Tribunal Supremo por haber acordado su procesamiento. También en esto usan el mismo argumento, calcado, portavoces y replicantes: “Muy poca gente podrá entender que se persiga a quien desmonta un bulo y que se ampare a los delincuentes”. La decisión a la que se refieren la han adoptado por unanimidad los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a los que se trata como jueces prevaricadores que amparan a los delincuentes y persiguen a los inocentes con tal de atacar a Pedro Sánchez.

La frase de antes se ha replicado en decenas de intervenciones y artículos, aunque esa en concreto pertenece a Óscar López, ministro de algo (es difícil saberlo porque se diría que todavía no ha tomado posesión de su cartera). ¿Y sirve de algo todo esto? Tras los reveses judiciales que ya ha recibido esta estrategia de acoso y descalificación de los jueces y magistrados, el frente de defensa de Begoña Gómez -no perdamos nunca de vista que todo esto sucede a raíz de que se conocieran los negocios y amistades de la mujer de Pedro Sánchez-, deberían entender que se empeñan en una estrategia que les perjudica. La presión política, en estos casos, no funciona, y la amenaza es un disparate, pero no parece que los letrados particulares ni los abogados del Estado estén aconsejando a sus clientes adecuadamente.

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Al margen de toda esa suciedad, si apartamos esa polvareda interesada, lo que resulta evidente es que la acusación de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado no surge de una prueba irrefutable de culpabilidad. Eso ya se sabe desde el primer instante, y la propia Sala del Tribunal Supremo lo recoge así cuando asegura que lo que existe es una interpretación de lo ocurrido, sustentada en las declaraciones que se han realizado hasta ahora y la cronología de los hechos, tal y como sucedieron. Pruebas indiciarias, que son tan válidas en muchos procesos judiciales como cualquier otra.

Es decir, es verdad que “un total de 19 personas tuvieron acceso” a los correos electrónicos privados que se intercambiaron González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que lo acusaba de defraudar a Hacienda. Una o más de las personas de ese grupo son las que cometieron el delito, que nadie cuestiona. De lo único que se tiene constancia para despejar la duda es que solo dos personas de esas 19 tienen registrada una actividad intensa, en torno a esos correos, en las horas previas a que se filtraran a la prensa.

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“Aparentemente, no hay información indebidamente revelada, pero de la instrucción practicada se desprende…”, dice el auto del Supremo cuando relata lo sucedido la noche del 13 de marzo, el intercambio de mensajes, y llamadas, en cadena, entre el fiscal general del Estado, la fiscal de Madrid y el fiscal del caso que, para colmo, estaba en un campo de fútbol, viendo un partido. Eran las diez de la noche de un miércoles de marzo, pero el fiscal general tenía una verdadera urgencia por tener en su poder todos esos correos que, al poco tiempo, se acabaron filtrando a la prensa. Cui prodest? ¿A quién le beneficiaba o a quién le interesaba la filtración de esos correos? Esta segunda pregunta sí que no necesita pruebas indiciarias porque, al día siguiente de las filtraciones que se investigan por la revelación de secretos, la Fiscalía emitió una ‘nota informativa’, de la que se ha responsabilizado el propio fiscal general del Estado, para acabar de asentar las filtraciones y darle oficialidad a su contenido. “Será muy difícil que el Tribunal Supremo demuestre una responsabilidad directa del fiscal general en la filtración del mail. Porque no hay pruebas ni las habrá”, sigue repitiendo y esa letanía, que debe resultarles reconfortante, es, además de todo, una patética muestra de cobardía.