La emergencia de Sánchez es Sánchez

La única emergencia de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, como ha sido siempre, y eso es lo que explica la errática actuación de su Gobierno en la gestión de la catástrofe de Valencia, al margen siempre de lo que dictan las leyes reguladoras. De modo que, para explicarnos lo ocurrido, el desastre administrativo que sucedió a la catástrofe natural, nos tenemos que remitir de nuevo a dos constantes en la era de Pedro Sánchez, el tacticismo como valor supremo de su estrategia política y la ignorancia de la ley. Todo se supedita a su personal interés político, y ahora nos detendremos en la contundencia de las leyes, normas y guías de actuación, alguna de ellas aprobadas durante su presidencia, que exigían la actuación del Gobierno de España desde “el segundo cero”, por remarcar de nuevo el momento a partir del cual podemos establecer, y exigir, responsabilidades políticas a los Gobiernos y organismos implicados, tanto autonómicos como estatales.

El problema principal ante el que nos encontramos para delimitar esas responsabilidades políticas es que el comportamiento del presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, y de sus consejeros ha sido tan patético, tan mediocre, que en las dos semanas transcurridas ha solapado todo lo demás. Es tan evidente el ridículo de un presidente que se pasa cinco horas en una comida con una periodista (¡cinco horas!) mientras su comunidad estaba padeciendo una gota fría de nivel rojo, declarada a primeras horas de la mañana del martes 29 de octubre; es tan evidente todo eso, tan grotesco, que provoca el solapamiento de todo lo demás. Es como el dedo que señala la luna, pero tenemos la obligación de mirar la luna entera, que son todos los despropósitos cometidos. Evidentemente, en cuanto trascendió el caos del presidente autonómico, el presidente Sánchez debió pensar que ya estaba todo resuelto, su situación a salvo, porque había alguien a quien culpar. Y como la emergencia de Sánchez es Sánchez, pues eso.

Comencemos por el primer reproche, la primera reclamación que nos hacemos sobre la reacción política e institucional sobre la gestión de la catástrofe. ¿Quién tenía la responsabilidad de declarar la emergencia nacional? No se exagera si afirmamos que desde las primeras leyes aprobadas en la década de los ochenta hasta la actualidad, puede haber, perfectamente, una docena de leyes y normas específicas sobre cómo se debe actuar cuando ocurre una fatalidad como la de las inundaciones, que afectan a varias comunidades autónomas.

Y no existe duda alguna: la responsabilidad principal es del Gobierno de la nación, en concreto del Ministerio del Interior. Se trata de algo inobjetable, que se comprueba fácilmente cuando se recurre a la simple literalidad. Ley 17/2015. Comencemos por la definición. ¿Qué es una emergencia nacional? Artículo 28.2: “Son emergencias de nivel nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico”. Si las sucesivas DANA que hemos padecido en España han afectado a Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, ¿qué más se necesita para entender que lo vivido entra de lleno en ese concepto de ‘emergencia nacional’?

Y no existe duda alguna: la responsabilidad principal es del Gobierno de la nación, en concreto del Ministerio del Interior

Segunda cuestión: ¿y quién es el responsable de declarar la emergencia nacional? Artículo 29, de esa misma Ley: “Corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas”. El titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido uno de los grandes desaparecidos de esta crisis, es a quien la ley sitúa en el vértice de la pirámide de responsabilidad política. Por debajo del ministro, el presidente de la Comunidad Valenciana y también el delegado del Gobierno de España en Valencia. La ley no los coloca al mismo nivel que el ministro, es cierto, pero tienen una responsabilidad añadida por ser ellos quienes, presumiblemente, conocen antes y más directamente la magnitud de la catástrofe. Si ninguno de ellos la solicitó, debemos entender que en los tres casos se minimizó, se ignoró o se desatendió la urgencia de atender, desde la misma noche del martes, a los 68 municipios que quedaron anegados por un ‘tsunami’ de agua y de barro.

De las grandes lagunas de información, o puntos oscuros, que tenemos aún de la gestión de la catástrofe de Valencia, uno de los más relevantes se refiere al momento preciso en el que los distintos gobiernos tienen una información realista de lo ocurrido. Si la ‘inundación tsunámica’ se produjo, aproximadamente, entre las 18.00 y las 20.00 horas, ¿cuándo se tiene constancia de que no se trataba de una riada más, sino de una desgracia superior, nunca vista en Europa por el efecto de una ‘gota fría’? A las diez de la noche de ese martes 29, es decir, dos horas después del desastre, se reúne en la Moncloa un Gabinete de crisis, con lo que debemos suponer que ya existía una información suficiente sobre la gravedad de lo ocurrido para movilizar, tan tarde, a la presidenta en funciones, María Jesús Montero -el presidente Pedro Sánchez estaba de vuelta de la India- y a tres ministros más: los del Interior, Defensa y Presidencia.

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No haber declarado la emergencia nacional en esa primera reunión del gabinete de crisis es algo que resulta incomprensible. Porque se trata de las horas decisivas para actuar. También eso se detalla en la ley, como se recoge en una reveladora ‘Guía de organización operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias de Protección Civil’, elaborada en 2019, es decir con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno y con Grande-Marlaska como ministro del Interior. Dice así: “La respuesta inmediata en situaciones de emergencia es un punto crítico esencial en todo sistema de protección civil (…) La intervención operativa del Estado adquiere el máximo protagonismo en los casos en los que la emergencia sea declarada de interés nacional, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional”.

Si esa es la propia estrategia ante emergencias como la vivida, porque en esa guía se incluye un ‘plan estatal de inundaciones’, se entiende todavía menos la inacción del Gobierno de Sánchez, a partir de las primeras informaciones de la catástrofe. Y los motivos pueden ser muy distintos, descartando siempre la barbaridad de achacarle a nadie una intencionalidad, o un comportamiento deshumanizado… Simplemente no se entiende y, por eso, debemos exigir explicaciones. Porque ya sabemos que la emergencia del presidente Pedro Sánchez siempre será Pedro Sánchez, pero había otra urgencia a la que atender y este Gobierno reaccionó tarde, incumpliendo el mandato legal y sus propias normas. La mediocridad de Carlos Mazón es una manta que no lo tapa todo.