El anzuelo de Teresa Ribera y el general de la UME

La degeneración de la política consiste en esto, se toman decisiones por conveniencia estratégica, aunque no tengan nada que ver con la realidad. Pensemos, por ejemplo, en las razones que ha llevado al Partido Popular a convertir a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la principal responsable de la gestión de la catástrofe de Valencia, por las inundaciones de la gota fría del pasado martes 29 de octubre. No se trata de defender a la ‘ministra fantasma’; se trata simplemente de saber por qué motivo se señala a Teresa Ribera y no a cualquier otro de los miembros del Consejo de Ministros que sí tuvieron una responsabilidad directa en lo sucedido. El ministro del Interior, la ministra de Defensa o el propio presidente del Gobierno… La razón es simple: el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo convierte a Teresa Ribera en el centro de su estrategia, no por lo sucedido en Valencia, sino porque se trata del eslabón más débil en este momento del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que su ascenso a comisaria europea depende del Parlamento de Estrasburgo, donde los populares tienen más posibilidades de sacar adelante su veto.

Si todo ello coincide, además, con el interés de la derecha alemana de desmarcarse de los socialistas europeos, ante las elecciones de febrero próximo, que afrontan con buenas expectativas electorales frente al canciller Olaf Scholz, la estrategia de los populares españoles puede convertirse, de pronto, en un serio problema para Pedro Sánchez. ¿Es esa la razón? Nadie lo dice así, obviamente, pero no debe existir ninguna duda. No se señalan responsables sino víctimas propicias para que resulten rentables para el diseño de una estrategia política. Sin más, se convierte a Teresa Ribera en un anzuelo absurdo y todo el debate nacional comienza a girar en torno a ese dilema, según las posiciones de cada cual. ¿Debe dimitir Teresa Ribera o Carlos Mazón? ¿Los dos a la vez o solo uno de ellos? En esa espiral se queman todas las energías, se consumen todos los discursos, y, entre tanto, lo que se va quedando atrás es el drama de aquella noche y las preguntas que siguen sin responderse sobre lo ocurrido.

Opinión

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Había una sola cuestión, fundamental, de la que surgían todas las demás: ¿por qué se actuó tan tarde en auxilio de las víctimas y no se procedió a la declaración inmediata de una emergencia nacional?, pero como me ha advertido cariñosamente una colega, “ya nadie se pregunta eso, sencillamente se ha quedado atrás, el debate es otro”. Es así, no cabe duda, pero tenemos la obligación de no dejarnos llevar, de no picar en los cebos que se lanzan para desviar la atención. Teresa Ribera es una dirigente políticamente desacreditada desde que, en junio pasado, se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo como candidata del PSOE y ni siquiera recogió el acta. Podría decirse que lleva la mayor parte del año cobrando del Gobierno de España, pero dedicada a otras tareas, sin más.

Lo suyo en todo este tiempo es conseguir el cargo de comisaria europea, con galones de 'número dos' en la Comisión que preside Ursula von der Leyen. Esa manera frívola de conducirse por la política ya merecería la reprobación de cualquiera, pero nada tiene que ver todo esto con la catástrofe de Valencia. La implicación de esta vicepresidenta, y de su ministerio, no son las principales en la gestión de la catástrofe de Valencia, si, como hemos hecho en otras ocasiones, las responsabilidades políticas comenzamos a exigirlas a partir del ‘segundo cero’, que es aquel en el que se tiene conocimiento de la magnitud de la tragedia.

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Recordemos que la ley 17/2015 señala claramente al Gobierno de España como responsable de la declaración de la emergencia nacional, para coordinar todos los efectivos disponibles y que, por esa razón, con Pedro Sánchez ausente del país por encontrarse de regreso de India, la presidenta en funciones, María Jesús Montero, reúne a las diez de la noche del martes a un gabinete de crisis compuesto por el ministro del Interior, la ministra de Defensa y el ministro de la Presidencia. Tan evidente se hizo que ese comité de crisis no cumplió con su obligación, tan claro está que el Gobierno desatendió la magnitud de la tragedia, que si se repasan las declaraciones de las primeras horas, cuando ya se conocía que el número de muertos superaría los doscientos, se comprobará que el Gobierno intentó justificar su inacción en la falta de solicitud de la Generalitat de Valencia para que declarase la emergencia nacional.

El culmen de aquella estrategia exculpatoria fue la frase del presidente Sánchez, “si [la Generalitat] necesita más recursos, que los pida”. Fijémonos, al respecto, en las constantes contradicciones en las que ha incurrido un personaje clave de todo lo sucedido, el teniente general Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Llamativamente, cuando comenzó a incendiarse el debate sobre la tardanza de la intervención en auxilio de las víctimas, este general salió en defensa de su ministra, y del Gobierno de España, cuando descargó toda la responsabilidad en la Generalitat de Valencia. “Soy el responsable del dimensionamiento, pero quien autoriza es el director de la emergencia. Yo puedo tener 1.000 soldados en la puerta, pero legalmente no pueden entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de la emergencia", dijo el jefe de la UME el 4 de noviembre, en su primera rueda de prensa. Las conclusiones de entonces, fueron inmediatas: la inopia del presidente valenciano, Carlos Mazón, es la que ha provocado la intervención tardía de los militares. Pero, ¿realmente sucedió así?

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La responsabilidad directa del presidente de la Generalitat es incuestionable, por el simple hecho de aislarse completamente en una jornada en la que su comunidad estaba en aviso rojo desde las siete de la mañana de aquel martes. Lo desatendió por completo y eso le lleva, sin más, a ser el primero del Gobierno valenciano que tendría que anunciar su dimisión o su abandono de la política en las próximas elecciones. Pero resulta que el general de la UME -y esto no es propio de militares de su naturaleza- parece haber entrado de lleno en el mismo juego de las excusas y las estrategias políticas. En su tercera rueda de prensa, el pasado sábado, el general Marcos ofreció una versión muy distinta a la primera. Ahora resulta que no sólo no le hacía falta un ‘permiso político’ para enviar a sus tropas, sino que se vanagloria de haberse saltado todos los trámites burocráticos para atender la urgencia de lo que estaba ocurriendo.

“Salimos anticipándonos a las órdenes oficiales, horas antes, cuando vimos que la situación estaba poniéndose francamente difícil”, dice ahora el general. Exactamente, el despliegue militar comenzó a las 15.41 horas del martes 29 de octubre, casi tres horas antes del ‘tsunami’. A esa hora, de hecho, el presidente de Valencia estaba en la comida de sobremesa interminable, de la que saldría dos horas después. “Nos adelantamos a la burocracia”, dice el jefe de la UME y hasta precisa que, a las 18.05 de la tarde, que pudo ser la hora en la que comienza la gran tragedia en el barranco del Poyo, los militares “ya llevaban horas rescatando gente". Sin duda, la UME actuó como debía, pero ¿por qué dijo, entonces, que “sin autorización” no podían entrar en la zona de emergencia? ¿Y por qué no se desplegaron más efectivos, al conocer la magnitud de la catástrofe? Si no fuera por el anzuelo de la vicepresidenta Ribera, estas serían las preguntas que tendríamos que hacernos para aclarar lo sucedido. Pero la degeneración política consiste en esto que vemos, la estrategia que se nos pone por delante.