Elogio de un juez íntegro y vilipendiado

Es la persona y es el cargo. Es el profesional y es el carácter. Manuel Marchena deja la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el relevo cierra una etapa fundamental en la historia de la democracia española. Sin lugar a dudas, por el juicio más importante desde la muerte del dictador, porque ningún otro acontecimiento ha puesto tan en riesgo la estabilidad institucional española como la declaración de independencia de Cataluña, en el otoño de 2017. Ni el intento de golpe de Estado de Tejero ni el terrorífico atentado de Atocha, ni los asesinatos de ETA han puesto más en peligro el Estado de derecho que la revuelta sediciosa, sin que ello interfiera, en absoluto, en la mayor gravedad de cada episodio que sufre un país en el que se pierden vidas humanas.

Hablamos, exclusivamente, de estabilidad institucional y España supo salir fortalecida del ataque a la Constitución del independentismo catalán gracias al juicio ejemplar que se celebró en el Tribunal Supremo de Madrid, presidido por este hombre, Manuel Marchena. Con el paso de los años -el juicio contra el independentismo se celebró en 2019, ya con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno- cada vez se puede ver con más claridad que para pinchar el globo independentista, como ha sucedido después, era fundamental, primordial, que el juicio contra los líderes de la revuelta fuera ejemplar, transparente, abierto, para que todo el mundo pudiera contemplar la insensatez, el disparate y la afrenta de esos tipos que se sentaban en el banquillo. Era necesario que todo el mundo, que toda Europa, los contemplara así, despojados de agravios, de falsedades; desnudos en su impudicia. Manuel Marchena fue quien lo consiguió, al frente del tribunal que condenó por unanimidad a los independentistas que pusieron en peligro la democracia española.

Durante la celebración del juicio, como se comentó aquí en alguna ocasión, las distintas sesiones podían seguirse con el interés y la expectación con la que buscamos las series de moda en algunas plataformas. Por la mañana, se conectaban las cámaras y todo el mundo -centenares de corresponsales de prensa- asistía al desmoronamiento del independentismo frente al rigor del Estado. Esos tipos que, durante diez años, se burlaban de todo, que desobedecían las leyes impunemente, enmudecían ante el juez Marchena que los cortaba con seriedad, con rigor, pero siempre con las palabras justas y el tono adecuado, sin concederles la más mínima oportunidad de convertirse en víctimas, que es lo que ansiaban. Cada vez que los independentistas intentaban subvertir la vista oral y poner en apuros al tribunal que los juzgaba, Marchena los interrumpía con una frase que anticipaba un corte seco: “Mire usted, vamos a ver…” Y a continuación los desbordaba con una lección de derecho penal, de principios constitucionales, de práctica procesal o de simple autoridad. Nunca la mala hostia se envolvió de forma tan elegante.

La sorpresa fue que, al igual que había sucedido dos años antes con el discurso del rey, Felipe VI, el juicio contra los independentistas se convirtió en un respiro para la sociedad española, al ver cómo el Estado de derecho, la democracia española, se mostraba fuerte, segura, pétrea en la defensa de la legalidad, frente a aquellos que habían querido reventarla. Cinco años después, el bochorno histórico de la ley de amnistía y de las reuniones de un Gobierno legítimo con un fugado de la Justicia española sólo empañan la historia de quienes lo han protagonizado.

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De hecho, la importancia de Marchena se puede medir perfectamente por los aplausos que levanta su relevo entre quienes lo vilipendian. Cuando hoy abandone la presidencia de esa Sala habrá quien se ponga en pie en su despacho para aplaudir compulsivamente, como un desahogo, porque lo consideran, y así van diciéndolo, el ‘juez estrella de la derecha’. Lo llamativo es que lo dicen por dos resoluciones en las que es imposible achacarle un comportamiento conservador: la ley de amnistía y la ley del solo sí es sí.

En esta segunda ley, quienes censuran que fue Marchena el encargado de torpedearla, al poner de relieve que la norma provocaba lo contrario de lo que proclamaba, la rebaja de pena para agresores sexuales; quienes mantengan ese argumento, se olvidan de que el propio Gobierno de Pedro Sánchez fue el que se decidió a reformar la ley de la Irene Montero, todo en ella propaganda e impostura. Y lo hizo, no por la interpretación que pudiera hacer Marchena desde una sala del Tribunal Supremo, sino porque se desató una sucesión de excarcelaciones por toda España, decretada por decenas de jueces, amparada por decenas de fiscales, y el presidente del Gobierno ya no podía ignorar más las protestas que se producían dentro y fuera del Partido Socialista.

Opinión

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Lo mismo ocurrió con la sentencia contra los protagonistas de la revuelta. Cuando se produjo, fue Pedro Sánchez uno de los primeros que, con tono institucional, elogió la condena y hasta aseguró que, como presidente del Gobierno, exigiría el cumplimiento íntegro de las penas. De hecho, incluso lo reiteró, por si alguien no se había enterado; ”Lo reitero, el acatamiento significa el íntegro cumplimiento” de la sentencia. Todavía pueden consultar en la página del PSOE la declaración de aquel día, que es algo que, por supuesto, no habrán hecho los mismos que luego cambiaron de opinión. El elogio de Pedro Sánchez al trabajo del tribunal que presidió Manuel Marchena fue rotundo: “En nombre del Gobierno quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad; demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial”. El presidente Sánchez incluyó otros párrafos que recordaban la misma firmeza en los principios democráticos y constitucionales que se había valorado antes en el juez Marchena. Por ejemplo, que “firmeza democrática significa aplicar la legalidad” o que en España “nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico”. En fin…

Marchena, por último, también sirve de referente de cómo tendría que ser el comportamiento de jueces y fiscales, en la reafirmación constante de la independencia del Poder Judicial, los primeros, y de la imparcialidad del Ministerio Fiscal, los segundos. Lo demostró en 2018 cuando se negó a formar parte de un pacto entre el Partido Popular y el PSOE para repartirse el Consejo General del Poder Judicial.

Si las asociaciones de jueces y fiscales tuvieran la misma determinación para defender su dignidad profesional, ese pasteleo corrosivo se acabaría. Hasta en el relevo como presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo ha querido dejar una muestra de corrección y de rigor: cumple escrupulosamente dos mandatos de cinco años, que es el máximo legal, y no se queda ni un solo día en funciones. Seguirá en la Sala, pondrá sentencias, pero como un miembro más. Como tantos otros jueces y fiscales, y tantos profesionales anónimos que no conocemos por el ruido diario, pero suponen el consuelo de que no todo está podrido en España.