La vergüenza histórica de los sindicatos

Tendría que darles vergüenza porque no son ellos los que se humillan, sino la historia de las siglas a las que representan. UGT y Comisiones Obreras, de peregrinación a Waterloo para que los reciba allí quien quiso acabar con la democracia por la que lucharon, sufrieron, padecieron aquellos que se enfrentaron al franquismo y conquistaron luego la democracia. La vergüenza histórica que representa que un sindicato como Comisiones Obreras se haya prestado a blanquear el mayor fraude democrático y la peor afrenta a la estabilidad constitucional de España. La vergüenza histórica que supone que un sindicato como UGT se pliegue, como de comparsa dependiente, a la estrategia delirante del secretario general del PSOE aunque rompa la igualdad y la solidaridad entre todos sus españoles. UGT y Comisiones Obreras fueron protagonistas esenciales de la Ley de Amnistía de 1977 y sólo por el respeto a su propia memoria debería avergonzarles que, un cuarto de siglo después, un independentista de extrema derecha haya exigido otra amnistía para los delitos que han cometido. Y que ellos la hayan respaldado. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no ha acompañado a su colega a la visita a Puigdemont, pero no será por falta de apoyo al fugado. Ya acudirá…

Todo esto, ya lo sabemos, no puede sorprendernos, porque nada ocurre por primera vez. La visita que acaba de realizar el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al refugio en el que se esconde Carles Puigdemont de la Justicia española, se ha convertido ya en una rutina para otros dirigentes. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, visita más veces al fugado que a sus compañeros de cualquier otra agrupación socialista de España, sean cuales sean los problemas de esas ciudades o esas comunidades. También fue a verlo la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se dice comunista, para prometerle todos los privilegios penales que exigía. Y sí, como recuerda el líder de UGT, también se reunió con Puigdemont el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, cuando se reunieron en Francia, en plena campaña electoral de Cataluña. Es cierto, pero la responsabilidad de los sindicatos en esta indecencia inconstitucional, antidemocrática, no puede ser la misma por su propia historia. Por ese motivo, por mucho que se intente normalizar la barbaridad de que representantes institucionales se presten al insulto del ‘exilio’ y la ‘represión’, cada vez que se produzca tenemos la obligación de recordar la hondura de esta ofensa.

Cada escarnio debe servirnos para recordar, una vez más, que fue un hombre ejemplar como Marcelino Camacho, que padeció la cárcel y la represión del franquismo, el encargado de defender la Ley de Amnistía en 1977, desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Lo peor de la frivolidad con la que se ha aprobado la ley de amnistía para el independentismo catalán excede de los despropósitos constitucionales; lo peor para la democracia es la equiparación con el franquismo de la mayor etapa de libertad que ha gozado España en toda su historia. La amnistía, por definición, supone el reconocimiento de un régimen represor y, por esa razón, se aprobó en el primer parlamento democrático, en 1977, para dejar constancia de una etapa nueva. “Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa y abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”, dijo Marcelino Camacho. Esa es la historia democrática mancillada por los sindicatos al aprobar esta amnistía de sediciosos, de reaccionarios, encabezados por Puigdemont. Ellos, antes que nadie, tendrían que ofenderse cuando el fugado se llama a sí mismo exiliado.

También estaba sentado en aquel Congreso de los Diputados otro histórico sindicalista, Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT, el líder que supo romper con el poderoso PSOE de Felipe González cuando entendió que el gobierno socialista perjudicaba el interés de los trabajadores, a los que representaba. Cómo entender que un sucesor suyo al frente de UGT haya acudido a Waterloo a pedirle siete votos a un fugitivo a cambio de blanquearlo como delincuente. José María Benegas, que lideraba a los socialistas vascos, también defendió en aquella tribuna el significado presente y futuro de la amnistía. “Ley de Amnistía para nosotros significa el final de una época y el principio de otra en que deberán ser respetadas las reglas democráticas establecidas por la voluntad popular, y quien no las respete, quien sistemáticamente las viole, quien pretenda crear un caos de violencia deberá soportar el peso de la ley y las sanciones que el ordenamiento democrático establezca para la salvaguarda de la libertad y de los derechos de los ciudadanos”. Nicolás Redondo, como Marcelino Camacho, o como Dolores Ibárruri, La Pasionaria, aplaudían juntos en los escaños la certeza de que la democracia plena, que aún estaba por llegar, castigaría con todo el peso de la ley a todos aquellos reaccionarios que intentaran acabar con nuestros derechos y libertades. Que la Constitución tenía que ser implacable frente a la involución. Nunca más involución.

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Tenemos la obligación de contraponer a cada acto frívolo de normalización, el recuerdo de lo que ha sucedido. Al margen del destino final que tenga la ley de amnistía en los tribunales de Justicia españoles y europeos. Al margen, también de todo lo corrosivo que está suponiendo para la estabilidad institucional de la democracia y de las consecuencias irreversibles que tendrá este inmenso disparate, amparado como excusa política en una ‘normalización política’ que nunca han aceptado, ni aceptarán, los promotores de la revuelta sediciosa. Porque lo llevan en sus genes de traición política; primero a la República y ahora a la democracia. Traición, que fue el término que utilizó otro comunista y sindicalista histórico, tristemente fallecido en 2020, Francisco Frutos. Lo llamaron ‘botifler’ por no hacerle el juego a los independentistas y se revolvía, como hizo en una entrevista en El Confidencial, contra aquellos que justificaban su frivolidad con su pertenencia a la izquierda. Como estos sindicalistas. Lo que dijo entonces sirve igual en estos días para los sindicatos: “Para mí es una traición completa a todo lo que he defendido, a todo por lo que he luchado en la dictadura jugándomela siempre, cuando me mandaban a la cárcel o perdía el puesto de trabajo. Una traición completa, sí”. Pues eso.