Historia de un okupa que vale por mil

Llegó a la vivienda y se instaló en su apartamento de Airbnb. Miró a su alrededor y sonrió: solo él conocía lo que iba a suceder a continuación. En cuanto se fue el encargado de la vivienda en alquiler, en el centro de Sevilla, aquel tipo volvió a sonreír, se frotó las manos y buscó en el móvil el teléfono de un cerrajero que pudiera acudir esa misma mañana. Ocurrió en noviembre pasado y los dueños legales del piso, que viven lejos de Sevilla, en Ayamonte (Huelva), eran conscientes de que no podrían recuperarlo hasta pasado varios años, que mejor sería resignarse a tener que seguir pagando las facturas de suministros, luz y agua, todo el tiempo que durase la ocupación si no querían meterse en un lío mayor, con ellos condenados en los tribunales.

Una argucia les salvó de todo, hace unos días. Consiguieron que una tercera persona comenzara a llamar a la puerta del piso turístico y, ante la insistencia del nuevo turista, el okupa tuvo la osadía de llamar a la Policía. Cuando los agentes se personaron en la vivienda, reclamó documentos de identidad y comprobaron que el okupa tenía una orden de detención por una condena por hurto. El tipo, un profesional de las okupaciones de viviendas, no tenía condena alguna por esos actos ilegales, pero sí por un delito de hurto, con lo que la Policía acabó deteniéndolo para trasladarlo a prisión. Fue el momento que los dueños aprovecharon para volver a cambiar las cerraduras y documentar ante la Policía la propiedad real del piso.

En los meses que estuvo de okupa, el individuo arrancó puertas, dañó paredes y hasta se había llevado al piso las herramientas que suele utilizar para sus fechorías. "Resulta paradójico que no haya ingresado en prisión por su actividad delictiva habitual, que es la de ser okupa y alquilar las habitaciones, sino por un hurto, lo que nos sigue poniendo de manifiesto que la ley en estos asuntos no va en consonancia con las preocupaciones sociales", le contaron los propietarios a Diario de Sevilla.

La noticia de esta okupación, con un final favorable inesperado, se conocía esta semana, unos días antes que el Congreso de los Diputados rechazara el decreto ómnibus que, entre varias decenas de medidas, incluía la prórroga de esa controvertida orden que favorece a los okupas. Se trata del decreto anti-desahucios, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020, a iniciativa de Podemos. La controversia la provoca la falsedad que encierra: aunque apela a la sensibilidad social por algunos casos dramáticos de desahucios de personas y familias con apenas recursos, en realidad se convierte en un poderoso incentivo a favor de los okupas.

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Esos tipos, y las mafias que los protegen y asesoran, debieron estallar de júbilo cuando conocieron que si los okupas no tienen ingresos mensuales superiores a los 1.800 euros (¡1.800 euros!), cuentan con la seguridad de que, si logran hacerse con una vivienda que no sea la primera residencia de sus propietarios, serán los dueños quienes, además, se vean obligados a seguir pagándole los suministros esenciales de electricidad y agua. La consideración de una medida así supone una doble hipocresía.

La de denominarla como escudo social y la de descargar en los propietarios de viviendas la exclusiva responsabilidad de la administración para atender y hacerse cargo de las personas o familias vulnerables, en situaciones de extrema pobreza. La inacción de las administraciones de un Estado del Bienestar se disimula favoreciendo y tolerando las okupaciones de vivienda. Y, para colmo, son los delincuentes quienes se benefician de ese cinismo institucional. Por ese motivo, estos casos provocan alarma social. No es la indiferencia de la sociedad, ni la falta de solidaridad, con las familias que no tienen para pagarse un techo, sino la desvergüenza de los delincuentes que han convertido la okupación en un negocio protegido por la legislación. Eso es lo que genera una alarma social, que es corrosiva para la credibilidad de las instituciones y, en consecuencia, un poderoso argumento para el populismo radical.

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Alarma social, esa es la clave de este grave problema y no el porcentaje de viviendas que se okupan en España. Evidentemente, el número de viviendas okupadas (algo más de 15.000 anualmente, según los datos oficiales) puede ser insignificante en comparación con otras estadísticas de la vivienda o con las cifras de otros delitos, pero es que no se trata de eso. Hablamos, además, de un problema que en algunas provincias españolas es prácticamente inexistente, mientras que en algunas comunidades constituye un verdadero agujero en el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, artículo 33.1: "Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia".

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña, que acapara casi el 40 por ciento de las okupaciones de toda España. Más que las otras tres comunidades que la siguen, que son Andalucía, Valencia y Madrid. Solo hay que hacer una ligera búsqueda de informaciones sobre okupas y veremos que todos los periódicos, por diferentes que sean sus líneas editoriales, han publicado en los últimos meses noticias al respecto, con titulares sobrecogedores.

Las mafias de la ocupación cobraron miles de euros de fondos de inversión por desalojar sus viviendas (El País). Una familia okupa un chalé de más de 650.000 euros en Menorca y presume de ello en las redes: "Tengo tres baños, piscina... Me lo merezco (El Mundo). El propietario pierde del 30% al 60% del valor cuando le ocupan un piso (La Vanguardia). El 'león' cubano que okupaba casas de lujo en Marbella y al que (sólo) un crimen ha expulsado de España (El Confidencial). Oleada okupa en Carabanchel: del histórico campo del Puerta Bonita a la finca de lujo de Excelente (ABC).

No, no parece que el Gobierno de Sánchez, como suele, pueda despachar el problema afirmando que se trata de bulos de la fachosfera… Sin embargo, ya lo vemos, lo que ha anunciado es que volverá a llevar al Congreso ese decreto que favorece a los okupas, sin más. No quieren enterarse de que, en estos casos, la historia de un solo okupa, como ese de Sevilla, vale por mil y que los sectores de población que más se alarman al conocerlas son los más desfavorecidos. La alarma se propaga por los barrios pobres, no por las urbanizaciones de lujo que cuentan con seguridad privada. Ni se enteran, ni se enterarán.