El fiscal general ya busca su amnistía

Con un gesto de rabia, saca su móvil del bolsillo y lo muestra: “Mira, este es el grupo de chats de mis compañeros en el que estoy desde hace años. Aquí hay de todo, ¿sabes?, pero, por encima las opiniones, el bochorno generalizado, la vergüenza de que este señor represente al Ministerio Fiscal y que no haya tenido la decencia de dimitir”. Luego de pasar la pantalla, los mensajes encadenados, unos con memes de rayos y truenos y otros burlones, se ha vuelto a guardar su móvil. “Lo siento, pero no puedo pasártelos, sólo te digo que aquí la inmensa mayoría no somos como Alvarone”.

Ese es el bochorno extremo que existe entre los 2.704 fiscales, la mayoría mujeres, que hay en la actualidad en España. Para muchos de ellos, además, lo peor está todavía por llegar porque están convencidos de dos cosas: la primera es que el fiscal general acabará formalmente imputado en la vista oral y que se sentará en el banquillo de los acusados, porque no piensa dimitir; y la segunda, que toda su estrategia se concentra en este momento en el recurso que interpondrá ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que sea condenado. Esa seguridad es la que explicaría la sorprendente decisión de, no sólo no contestar a las preguntas del magistrado durante su declaración, sino la de arremeter contra el instructor y contra la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO. Veamos, porque todo acaba cuadrando.

En la reconstrucción de lo sucedido desde el origen de este caso, algunos de esos fiscales que intercambian frustraciones y lamentos sostienen que la primera gran equivocación que comete el fiscal general del Estado en su estrategia de defensa fue la de no admitir los hechos y haberlos justificado con la necesidad que existía en el Ministerio Fiscal de responder a una información manipulada, la que proporcionó Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Ese fue su error y, de haber actuado de esa forma, podría haber buscado, o propiciado, que la negligencia cometida pudiera resolverse con una sanción administrativa”.

Al no actuar de esa forma, la estrategia de defensa del fiscal lo que ha conseguido, a juicio de sus abochornados compañeros, ha sido agravar exponencialmente los hechos delictivos por los que puede acabar acusado, incluyendo el de obstrucción a la Justicia. Como ya hemos resaltado en otra ocasión, si eso sucede, será imposible encontrar una paradoja más catastrófica para la credibilidad institucional del Ministerio Fiscal: el encargado de promover la acción de la Justicia, acusado de ponerle zancadillas.

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La cadena de despropósitos que emprende el fiscal general es la que provoca que durante la instrucción se haya acumulado “una montaña de pruebas e indicios inculpatorios”, según entienden esos fiscales, con lo que el vaticinio es que antes de la primavera ya tendremos un auto de apertura de procedimiento abreviado y la celebración del correspondiente juicio, este mismo año. Los testimonios más comprometidos para el fiscal general del Estado los han aportado, además, dos de los fiscales que recibieron las presiones directas del Álvaro García Ortiz para que le hicieran llegar los mensajes de correo electrónico de la causa fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, por ejemplo, fue la que le espetó al fiscal general en aquellos días de marzo la pregunta retórica que repitió ante el juez: “¿No los habrás filtrado tú?”, a lo que Álvaro Ortiz contestó, lacónico: “Eso ahora no importa”. Ese breve diálogo tiene una gran importancia como prueba indiciaria, suficiente, junto a las demás para elaborar una inferencia nítida sobre lo sucedido y la responsabilidad penal adquirida por aquellos que, como dice claramente el artículo 417 del Código Penal, se valieron de informaciones que conocían en virtud de los cargos que ocupan para revelar secretos de un particular. En su grado máximo, esa condena conlleva una pena de cárcel de cuatro años.

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Sumemos a todo ello algo que también provocó el sonrojo y la irritación de muchos fiscales: el episodio del borrado del teléfono móvil del fiscal. Dicen: “Borrar el terminal es un indicio contundente, con lo que el informe de la UCO, en el caso de que consiga recuperar los mensajes borrados, puede ser determinante. ¿Había llamadas con el presidente del Gobierno? ¿Y si había mensajes con el presidente del Tribunal Constitucional? De momento, lo único que sabemos es que no es cierto que exista un protocolo de seguridad que exija borrarlos, como también ha quedado claro en las declaraciones”.

A lo que se refieren es al testimonio que prestó ante el juez el fiscal que lleva el caso por fraude fiscal del novio de Díaz Ayuso, Julián Salto. Su peripecia es, en sí misma, una prueba indiciaria más, por la urgencia con la que lo sacaron de un partido de fútbol, a las diez de la noche de un martes de marzo, para que hiciera llegar al fiscal general del Estado los correos que, a los pocos minutos, ya comenzaron a filtrarse por distintos medios. Era el tiempo en el que el presidente Sánchez puso toda la maquinaria a trabajar para buscar un escándalo que superponer a las primeras informaciones sobre la actividad privada de su esposa, Begoña Gómez.

A pesar de la unanimidad que se detecta sobre el comportamiento irregular del fiscal general del Estado, y de las posibilidades que tiene de ser condenado, lo más llamativo, como se apuntaba al principio, es la convicción, entre quienes le conocen, de que no dimitirá como fiscal general del Estado, aunque sea llamado al banquillo en un juicio oral. “Álvaro ya está ‘preparando’ su recurso al Tribunal Constitucional”, dicen. De hecho, este vaticinio resulta muy coherente con lo que ya estamos viendo.

Primero, se hace responsable a Miguel Ángel Rodríguez de haber roto el secreto de los correos electrónicos, con la insistencia, corroborada por varios periodistas favorables a la causa del fiscal general, de que ya disponían de la información varios días antes. En segundo lugar, se recalca que no existen pruebas fehacientes, más allá de meros indicios propios “de una Justicia imaginativa”. Por último, se denuncia el “allanamiento” por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Madrid. Un magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés, ya ha avalado esta tesis en un artículo de la revista de Jueces para la Democracia. “La decisión del instructor de allanar los despachos supone de entrada en el conocimiento de todas sus comunicaciones e incluso del contenido de sus papeles y los de las instituciones afectadas”, dice Perfecto Andrés. Luego lo califica como “la invasión de una institución central del Estado por el mismo procedimiento seguido en el caso de las organizaciones criminales”.

Como tenemos tan próxima la esperpéntica exculpación de los responsables políticos de los ERE de Andalucía en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, a nadie le sorprendería que, en efecto, se haya diseñado la misma estrategia para el fiscal general del Estado. Por esa razón, en su declaración ante el juez, Álvaro García Ortiz se ha negado a responder a sus preguntas, ha arremetido contra la instrucción (“El instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad”) y ha anticipado que la investigación está viciada de origen, por vulneración de derechos fundamentales, a partir “del allanamiento del despacho”. Todo cuadra, en efecto, y la dirección que señala el aire viciado de esta cacicada es que el fiscal general ya está buscando su amnistía.