Racismo de guante blanco, último engendro de este PSOE

La degeneración, que no tiene fondo, de este PSOE ha parido un ‘racismo de guante blanco’, un engendro inconstitucional dictado como todos los anteriores por el interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un país al servicio de una sola persona, como viene sucediendo desde que el líder socialista decidió cambiar principios e ideología por su permanencia en el poder. Es racismo de guante blanco, como los delitos del mismo nombre, porque se comete por parte de quien, en apariencia, es incapaz de perpetrarlos. El Partido Socialista, este PSOE, le presta su pátina de ideología progresista al extremismo racista del independentismo catalán para maquillar la claudicación que supone la proposición de ley que cede a la Generalitat de Cataluña la posibilidad de desarrollar “un modelo propio” de inmigración, fundamentado en la primacía de los valores y de la lengua catalana.

Si esa es la literalidad, convendremos que lo primero que tenemos que ignorar es el debate semántico que se pretende generar, para envolverlo todo. “No es cesión, es delegación”, como repiten al unísono ministros, portavoces y replicantes. En fin, un calco de polémicas anteriores que siempre describen la misma parábola: negación del hecho, aceptación de lo exigido, negación de lo pactado. Basta, frente a esa trampa, con la lectura del párrafo final de la propia nota de prensa del PSOE, que dice así: “En definitiva, con esta ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración, Catalunya podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante, dentro del marco de la legislación internacional europea y del Estado español”.

El debate constitucional tampoco tiene mucho recorrido, por mucho esfuerzo que se ponga en intentar equiparar las competencias de Inmigración con las de Tráfico, como hacen burdamente. También la cesión de esas competencias por parte del Gobierno de Aznar, que quitó a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña fue un error, por la deslealtad permanente del independentismo, pero en nada se parece desde el punto de vista constitucional a este disparate de ahora. La diferencia está en las competencias que la Constitución considera “exclusivas” del Estado y, por lo tanto, imposibles de delegar a las comunidades autónomas. En el Título VIII, capítulo tercero, se detallan todas y resulta que la segunda es, precisamente, la “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. La Constitución equipara esta competencia exclusiva a otras como las Relaciones Exteriores, la administración de Justicia o la Defensa y las Fuerzas Armadas. El fugado Puigdemont lo sabe bien y, por esa razón, ha celebrado el acuerdo diciendo que “Cataluña va a gestionar una competencia que sólo ejercen los Estados”. Tal cual.

¿Delegación de competencias? Qué importancia puede tener el término político que se utilice cuando en la proposición de ley se le otorga a Cataluña “la ejecución de la normativa del Estado en materia de incoación, instrucción, resolución, notificación y ejecución” de los permisos de residencia, los Centros de Internamiento de Extranjeros, los procesos sancionadores y expulsiones de inmigrantes y hasta el progresivo control de las fronteras y los aeropuertos. Se aplicará la normativa del Estado con los criterios políticos y los intereses particulares de quien gobierne Cataluña.

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Esto último es, justamente, lo que nos conecta con el racismo de guante blanco que ha impulsado este PSOE -conviene insistir en el pronombre como señal de respeto y consideración a tantos socialistas que están abochornados con ‘este PSOE’-. En el texto de la proposición de ley orgánica que han presentado en el Congreso, para eludir otra vez los informes previos de legalidad, se destaca “el impacto que representa para la lengua catalana” el alto porcentaje de personas que viven en Cataluña sin haber nacido allí, tanto extranjeros como españoles. Esa es la razón por la que, en el articulado, en la disposición adicional tercera, se especifica que el criterio a seguir en la toma de decisiones sobre inmigración será “asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya”. Es decir, exactamente el mismo discurso que mantiene Giorgia Meloni en Italia, preocupada por “la sustitución étnica” de los italianos, ante el aumento de la inmigración y la baja natalidad italiana.

Ese es, palabra por palabra, el mismo discurso que mantiene Junts en la actualidad, el que han llevado al pacto con el PSOE, y que le da cumplimiento a la pulsión racista del nacionalismo catalán, antes incluso de su deriva independentista. “Estamos en peligro de perder nuestra identidad como catalanes, y no nos lo podemos permitir. Debemos preocuparnos de que Catalunya siga siendo catalana”, como dijo hace unos meses Jordi Pujol cuando le preguntaron por el acuerdo de inmigración que ahora se ha formalizado. ¿Por qué debemos alarmarnos por las políticas migratorias de la extrema derecha de Meloni y no por las del independentismo catalán, si son la misma cosa? Ese es el engrudo que intenta soslayar este racismo de guante blanco.

Opinión

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En todo caso, pese a todas esas evidencias, si todavía hay quien tiene dudas sobre el acuerdo, para quien piense que lo pactado no tiene relevancia o que contribuirá aún más a la normalización de Cataluña; para todos los que duden, que se respondan a sí mismos ante una simple extrapolación. Que se imaginen lo que dirían si ese acuerdo lo llega a firmar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los diputados de Vox en la Asamblea madrileña. El discurso de los firmantes podría ser idéntico, incluso reforzado con más estadísticas porque es la Comunidad de Madrid, y no la de Cataluña, la que lidera las listas de la inmigración en España. Por comunidades, el porcentaje de inmigrantes en Cataluña es similar al de otras comunidades con una importante industria agrícola y turística, pero si sólo se comparan las capitales, Madrid y Barcelona, la capital de España supera ampliamente a la catalana, 22% frente al 16%. ¿Qué dirían ante un acuerdo que denunciara la ‘desnaturalización’ de los barrios madrileños?

No hace falta que imaginen nada porque ya lo dijo el PSOE hace unos meses, cuando Vox presentó en el Congreso una proposición de ley orgánica para restringir la inmigración legal a quienes acrediten “un suficiente grado de integración en la Nación española, tal y como viene aconteciendo en los últimos años a resultas de las políticas migratorias de fronteras abiertas”. El Grupo Socialista la rechazó y se puso delante el espejo de su degeneración: “Quieren reemplazar los centros de acogida por campos de detención. Quieren cambiar el tratamiento individualizado y acorde a la ley por deportaciones masivas e indiscriminadas. Quieren expulsar a todas aquellas personas que no piensan, vistan y luzcan exactamente igual que ellos”. Palabra de Pedro Sánchez.