El príncipe de la Moncloa y la guerra

Pedro Sánchez actúa como el sultán de un emirato, el príncipe de una Jauja inventada, con modos de gerifalte que nada tiene que ver con el presidente de una democracia parlamentaria. Por eso ha citado a los portavoces a una ronda de consultas en el Palacio de la Moncloa, para que acudan allí, en fila, como si fueran asesores o consultores. Estamos ante la mayor crisis internacional que ha conocido Europa desde la Segunda Guerra Mundial; por primera vez en cinco décadas el lenguaje belicista de Europa insta a los países a un rearme inmediato de sus ejércitos; el principal aliado occidental, Estados Unidos, se ha cambiado de bando para exprimir las oportunidades de negocio de la era de la globalización al margen del continente europeo; sucede todo eso en el mundo y el presidente del Gobierno no considera necesario convocar a las Cortes Generales para debatir cuál debe ser el papel de España en este momento.

Por el más elemental sentido del decoro parlamentario, de la dignidad de una institución que representa la soberanía popular, le debería causar rubor este comportamiento suyo de convocar a los portavoces a una ronda en la Moncloa a los que recibirá, como suele, extendiéndoles la mano desde lo alto de la escalinata del palacio, para que se perciba bien la diferencia. ‘¡Que pase el siguiente!’ Si en el Congreso todos los diputados son iguales, blindados en su absoluta libertad (“los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, como dice la Constitución), lo primero que consigue Pedro Sánchez con una maniobra política como esta es la de distanciarse de todos ellos y convertirlos en una corte menor que acude a su llamada, agraciados por el favor de ser recibidos y oídos por unos minutos.

Ya sabemos, claro que sí, que la excelencia no es la característica común ni de los debates parlamentarios ni de los diputados, pero la degeneración de una democracia no depende tanto de la calidad de sus representantes como de la calidad de las instituciones, de las formas, los protocolos. Del respeto institucional. En el caso del presidente Pedro Sánchez, todo se reduce a un cálculo preciso de cómo revertir en su favor cada problema que se presenta en España. No existe un conflicto nacional o internacional, ninguna crisis por grave que sea, que no se convierta en una oportunidad de negocio político para el presidente Sánchez. Planea sobre los problemas y sobre la democracia española como si nada de ello pudiera concernirle. Ya determinó que para gobernar no le hace falta ganar unas elecciones, de la misma forma que decidió que para gestionar un país no le hace falta el Parlamento.

Esta es una legislatura de máximos, en este sentido. De máximos en cuanto a depreciación institucional. Lo primero que rompió fue el acuerdo tácito que imperaba desde el inicio de la democracia para que fuera investido presidente del Gobierno de España aquel que ganaba las elecciones generales. (Ni en las autonomías ni en los ayuntamientos ocurría igual, pero en las Cortes Generales se respetaba el triunfo electoral). Como la mentira original de esta legislatura es la existencia de una mayoría parlamentaria progresista, que nunca ha existido, la segunda regla que rompió fue la de gobernar con respeto al Parlamento. "Hay Gobierno para largo (…) avanzaremos en nuestra agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un Poder Legislativo, que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo".

Opinión

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Lo dijo en septiembre pasado y, desde entonces, es la estrategia que ha aplicado. Por eso no ha presentado los presupuestos generales del Estado, que por obligación constitucional tienen que presentarse en el último trimestre del año, y, por esa misma lógica aprueba periódicamente los decretos ‘ómnibus’, que suponen en sí mismos un insulto al papel del Congreso y a un desprecio absoluto a la labor de control de la oposición. La extensión de esa misma desconsideración la vemos también en la aprobación de proposiciones de leyes orgánicas, elegidas expresamente para eludir los informes previos de legalidad de otros organismos de control del Ejecutivo, como el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, la campaña de acoso contra el Poder Judicial, la despreciable acusación de la existencia de ‘lawfare’ en España, y la insólita utilización de la Fiscalía General del Estado, forman parte de ese ánimo de gobierno, sin ataduras de control democráticas.

Como hemos visto con las cesiones ante los grupos independentistas catalanes, se trata, además, de proposiciones de leyes orgánicas que afectan a derechos y principios fundamentales de la Constitución, como la igualdad de todos ante la ley o el control de las fronteras del Estado, pero nada de eso influye en la determinación presidencialista de Pedro Sánchez. ‘Con o sin métodos democráticos, hay gobierno para rato’, como podríamos concluir, parafraseando su propio discurso. Lo importante es el rédito político que pueda conseguir si convierte el debate sobre el rearme de Europa en un motivo más de acoso al Partido Popular, soslayando así las diferencias internas de su falsa mayoría progresista del Congreso.

Pasará la insultante ronda de consultas de este príncipe de la Moncloa y para cuando llegue el debate a las Cortes Generales ya se habrá desgastado plenamente, sin que en España se haya conseguido un debate serio sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en el mundo, de aquello que nos afecta como europeos. Todo quedará reducido, también por mor de la inercia mortecina en la que se ha instalado la oposición, incapaz de cambiar el paso de lo previsible, a un intercambio de acusaciones repetidas mil veces. También lo anunció Pedro Sánchez, en su última investidura. La política española consiste en jugar al frontón contra el muro con el que ha dividido a la sociedad española.