La mala fama del Constitucional, su porqué

Que dice Cándido Conde-Pumpido que está preocupado por la deslegitimación que se está produciendo del Tribunal Constitucional, que él preside. Y que, en ocasiones, tiene que enfrentarse a "fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas, que representan a un poder político, mediático, económico o de otra índole" que atacan a este órgano supremo, que tiene como misión la de interpretar en cada momento la Constitución española y velar por su cumplimiento. Está preocupado, en fin, por si la polarización política se acaba instalando también en el Tribunal Constitucional y lo destruye todo… Dice todo esto el buen hombre y no se da cuenta de que él es el causante de todo lo que dice temer o denunciar, que está siendo bajo su presidencia cuando en el Tribunal Constitucional están ocurriendo algunas cosas que jamás habían ocurrido; está pasando lo que ninguno de sus predecesores hubiera permitido.

Y vamos a subrayar lo obvio otra vez: por supuesto que el Tribunal Constitucional es un ‘órgano político’, por eso está fuera del Poder Judicial. Como autoridad máxima de la correcta interpretación de la Constitución, su composición se va adaptando periódicamente a las mayorías sociales y políticas de la sociedad española, sin que ello presuponga que los magistrados que lo integran deban actuar al dictado de los partidos políticos, como ocurre en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios. Magistrados conservadores, progresistas o nacionalistas, pero independientes y prestigiosos. Nadie les señala con un dedo qué deben votar, qué deben opinar. Ese es el ideal.

Esta evidencia que han tenido tan clara todos los presidentes anteriores del Tribunal Constitucional es la que se ha evaporado con Cándido Conde-Pumpido al frente. El presidente Pedro Sánchez realizó los nombramientos de magistrados del Constitucional con el mismo sectarismo con el que ha querido controlar todos los poderes del Estado y los órganos independientes que fiscalizan al Ejecutivo, y Cándido Conde-Pumpido se prestó a ejecutar sus planes de la forma que nadie esperaba. Bastarán un par de ejemplos para demostrarlo, para comprobar que Conde-Pumpido sólo tiene que mirarse su ombligo de ambiciones personales para explicarse el porqué de este deterioro.

Lo habitual en el Tribunal Constitucional, en este medio siglo de democracia española, ha sido que los distintos presidentes intentaran que las sentencias se aprobaran con el máximo respaldo posible. Aunque en cada momento se impusiera el sector mayoritario, el interés del presidente, y del ponente designado, era el de atraer a esa mayoría a algunos de los magistrados del sector minoritario. En debates jurídicos de materia constitucional ese acercamiento es posible cuando se aceptan matices, y se desechan planteamientos apriorísticos inamovibles. El resultado de las votaciones era lo que evidenciaba esas negociaciones, sentencias aprobadas por 9 votos contra 3, por ejemplo. Pues bien, desde que el Tribunal Constitucional lo preside Conde-Pumpido, han colocado el ’turbo’ de las sentencias porque se aplica de manera sistemática la mayoría 7-5 con la que Pedro Sánchez diseñó ‘su’ Tribunal Constitucional. Como subraya Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, se está aplicando esa mayoría incluso hasta para aprobar cuestiones meramente técnicas que antes siempre suscitaban acuerdos o votos cruzados entre los distintos sectores.

Opinión

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Es tan obsceno lo que está ocurriendo con la aplicación de ese rodillo, que es el presidente del Gobierno el que adelanta las sentencias del Tribunal Constitucional antes incluso de que se aprueben. Lo hizo con la sentencia de los ERE, anunciada en un mitin del PSOE, en presencia de Magdalena Álvarez, y lo ha vuelto a hacer con la sentencia de la ley de amnistía. Hace dos semanas, el presidente Pedro Sánchez adelantó que habrá sentencia del Tribunal Constitucional antes del verano y, hace unos días, Cándido Conde-Pumpido confirmó que así será. Uno y otro, además, actúan como correa de transmisión de un fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, que es quien ha exigido que la sentencia se dicte en un par de meses. Hasta ha trasladado a algunos medios que sus intenciones son claras: una vez que se declare constitucional la ley de amnistía, Puigdemont, que participó en la redacción de la ley que iba a beneficiarle, se presentará en España y convocará una rueda de prensa en la puerta del Tribunal Supremo para dejar constancia de que ha sido él quien ha ganado.

Si a partir de esa humillación pública de la división de poderes, de la Justicia española y del propio Estado de derecho español; si después de todo eso, el Tribunal Supremo decide llevar al Tribunal Constitucional ante la Justicia europea, como lo ha hecho la Audiencia de Sevilla, no será porque le falten motivos. Antes, en todo caso, conoceremos la sentencia que llevará al pleno la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, la misma que redactó la ponencia de la ‘amnistía’’ del fraude de los ERE de Andalucía. Será complicado hacernos ver a todos los demócratas españoles que puede ser constitucional una ley de amnistía cuando la Constitución española descarta la amnistía.

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A ver cómo lo argumentan, aunque desde que se puso en marcha este despropósito humillante vienen repitiendo lo mismo: "La Constitución no descarta la amnistía expresamente, ya que no la menciona, con lo cual puede ser constitucional". Olvidan que ya hubo debates preconstitucionales al respecto y que se descartó, expresamente, la amnistía, porque no tenía cabida en un régimen democrático y de derecho, como el que se implantó en España tras la dictadura. El sentido profundo de una amnistía es el reconocimiento de la vulneración de derechos y libertades por parte de un Estado represor. Por esa razón, la amnistía tenía sentido tras el franquismo y carece de toda lógica en la democracia española que no penaliza, no persigue ideologías, sino delitos contra el orden constitucional, como es el caso.

Es verdad que la Constitución no menciona la palabra amnistía, ni para prohibirla ni para autorizarla, pero sí dice expresamente que se prohíben los indultos generales. Una vez más, pretenden liarnos con un trabalenguas, un debate semántico que no conduce a nada, solo al ruido. Así que muchas veces, en ese debate tramposo, lo mejor es recurrir a la obviedad, como la que contaba en El Confidencial un exministro socialista, Virgilio Zapatero. La anécdota es la siguiente: "Un campesino polaco, a inicios del siglo XX, se presentó con un oso en la estación de un pueblo de Polonia con la intención de subirse al tren. El revisor le impidió entrar en el andén mostrándole un cartel que había en la estación: ‘Prohibido entrar con perros en el andén’. El campesino le replicó diciendo que él no llevaba un perro, sino un oso, y que en el cartel nada se decía de los osos. El revisor, con evidente sentido común, se lo impidió diciéndole que si estaban prohibidos los perros por las molestias que podían causar a los viajeros, más molestias podían producir los osos". Pues eso. Si están prohibidos los indultos generales, cómo no va a estar prohibida la amnistía que, encima, conlleva la condena del Estado de derecho español por haber vulnerado derechos fundamentales. El oso de la amnistía no cuela. Bien haría el presidente del Tribunal Constitucional en cuidarse de los zarpazos de ese oso.