El ministro del 'lawfare' ante la Justicia

Antes de que comenzara la declaración, el ministro Félix Bolaños ya había dejado su burla colgada contra el Poder Judicial, como quien escribe un grafiti en las paredes. "Yo ayudo a la Justicia todos los días", dijo el ministro de Sánchez con la media sonrisa con la que adorna este tipo de afirmaciones. Es el ministro de Justicia y ni siquiera salió en defensa del Poder Judicial cuando, hace unos días, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cometió el atropello burdo de afirmar que era "una vergüenza" que en España se antepusiera la presunción de inocencia a la denuncia de una mujer. Todas las asociaciones judiciales y todas las asociaciones de fiscales, moderadas, conservadoras y progresistas, suscribieron por primera vez un comunicado conjunto contra ese disparate.

Félix Bolaños representa desde el primer día todo lo contrario a la defensa y el respeto de la separación de poderes en una democracia porque, como ya se subrayó aquí cuando lo nombraron, su departamento, más que una cartera, es una declaración de intenciones del presidente del Gobierno. Frente a la separación de poderes, un ministro que maneja los tres poderes, el Poder Ejecutivo (ministro de la Presidencia), el Poder Legislativo (ministro de Relaciones con las Cortes) y el Poder Judicial (ministro de Justicia). Nunca, en medio siglo de democracia, había sucedido nada igual y si el presidente Pedro Sánchez decidió crear ese ministerio plenipotenciario fue como demostración de su concepción, igualmente plenipotenciaria, del poder. Es fácil imaginar, como se dijo entonces, a Félix Bolaños con su cartera de piel, con la inscripción dorada de los tres poderes, paseando por los pasillos al lado de Pedro Sánchez; balanceando su maleta como si el Estado fuera un Lilliput en el que habitan seres diminutos, senadores, jueces, fiscales, diputados y ministros.

No ha existido ni un solo día desde que el juez Peinado decidió admitir a trámite la denuncia contra Begoña Gómez, que no hayan querido cercar de burlas e insultos cada decisión suya. Eso es lo insólito de esta situación, desde el estricto punto de vista del Estado de derecho, muy por encima de las posibles responsabilidades penales, o no, en las que haya podido incurrir la mujer del presidente del Gobierno. Una vez más, porque siempre debemos hacerlo para disipar la polvareda constante, breve resumen de lo ocurrido: en febrero del año pasado, la Audiencia Nacional ordena la detención de los integrantes de una supuesta trama de corrupción creada en torno al exministro José Luis Ábalos y, una semana más tarde, El Confidencial desvela que, sorpresivamente, quien mantenía una buena relación con el "nexo corruptor" de esa trama era la esposa de Pedro Sánchez.

Cuando esa denuncia se presenta, el juez Peinado la admite a trámite y, sin más, el presidente del Gobierno decide emplear todas sus energías, guerra total, para acallar las acusaciones. Periodistas y jueces, primero. Acoso total, con descalificaciones constantes contra el juez Peinado que han incluido a miembros de su familia, burlas e insinuaciones sobre su estado mental senil y descalificaciones de cada resolución. El mismo lema repetido mil veces: "Este es un no caso". Debió ser el propio ministro Bolaños, o alguien de la factoría propagandística de la Moncloa, quien ideó ese eslogan y siguen repitiéndolo como si recitaran una salmodia para contentar a su dios.

TE PUEDE INTERESAR

Bolaños declara que no se acuerda de la contratación de la asistente de Begoña

Alejandro Requeijo Pablo Gabilondo

Hasta un ministro tan templado como Luis Planas se lanzó ayer a ese fango y se prestó a decir la pamplina de que "la instrucción ya dura muchos meses sin encontrar nada, con lo que al juez Peinado todavía le queda por interrogar a 48,5 millones de españoles para intentar encontrar algo" contra Begoña Gómez. La declaración ayer de su colega Félix Bolaños demuestra, precisamente, todo lo contrario de lo que ha dicho. No sólo ha avanzado la investigación en algunos aspectos sustantivos como el origen y la tramitación de los másteres académicos de Begoña Gómez, sino que, además, se ha descubierto que tenía a su disposición, para su actividad privada, a una asesora pagada con fondos públicos. Y eso puede ser delito. Es fácil de entender: Begoña Gómez tiene todo el derecho a ejercer la actividad privada que le plazca y también tiene derecho a disponer de una colaboradora de la Moncloa para que gestione su agenda de asuntos públicos, como esposa del presidente del Gobierno. Lo que no puede hacer es mezclar las dos cosas, porque entonces se puede haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos.

Si Begoña Gómez no hubiera pedido una excedencia voluntaria de la empresa en la que trabajaba, el grupo Inmark, en cuanto su marido llegó a la Moncloa, en junio de 2018; si hubiera seguido ejerciendo su profesión fuera del palacio donde vive el presidente del Gobierno de España y, para los actos públicos, se hubiera apoyado en una colaboradora de Presidencia, no habría posibilidad alguna de intuir en esa actuación un delito de malversación. En el momento en el que la colaboradora, Cristina Álvarez, coge el teléfono, o escribe un correo, para decirle a alguien que siga colaborando con Begoña Gómez, que siga aportando alguna cantidad económica a su cátedra, aunque pueda parecernos una nadería en comparación con otros casos de corrupción que conocemos; en ese momento, ya ha podido traspasar la línea roja que separa lo legal de lo ilegal.

TE PUEDE INTERESAR

El PP exige la dimisión de Bolaños tras declarar ante el juez por la "corrupción" del Gobierno

Ana Belén Ramos

Que Félix Bolaños haya dicho ante el juez que no recuerda quién contrató a la asesora de Begoña Gómez era tan previsible como lo es el hecho de que todos ellos tengan la certeza de que, en efecto, pueden haber cometido un delito. Y la ‘amnesia parcial’ de muchos testigos y acusados forma parte de la historia desde los juicios del rey Salomón. Este juez cerrará la instrucción, otro tribunal decidirá sobre los posibles delitos y, finalmente, los tribunales superiores cerrarán el caso, si se presentan recursos contra las sentencias que se dicten. La única vergüenza añadida en este proceso, la única anomalía, es las sucesivas campañas emprendidas por orden de Pedro Sánchez, en defensa de su esposa. El lawfare en España es el que representa el acoso del Gobierno al Poder Judicial, no al revés como le corresponde al concepto. Son los dirigentes políticos quienes atacan la independencia judicial, por eso Félix Bolaños es el ministro del lawfare.