Políticos inútiles e inutilidad de la política

Desconfía como de la bicha de quien te susurre al oído que todos los políticos son unos aprovechados, que sólo van a lo suyo. Sobre todo en situaciones de grave crisis, como el apagón que ha sufrido España esta semana, en la que caben muchas posibilidades de que todo se haya producido por un gravísimo error político. Se trata de algo tan elemental como diferenciar entre políticos inútiles y la inutilidad de la política. Lo primero es una mera constatación; lo segundo, una peligrosa temeridad. Y nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, señalar y apartar de la política a los inútiles, con el ejercicio democrático de las elecciones. La democracia no nos libra de los políticos inútiles, pero nos permite tarifarlos de una forma pacífica.

Quienes aprovechan para desacreditar a toda la clase política lo que esconden es su ambición siniestra de un sistema dictatorial en la que la inutilidad es el menor de todos los males, porque será la propia vida, los derechos humanos, los que estén en peligro. Cualquiera que preste atención a esas campañas, sibilinas o descaradas, observará además que suelen proceder de algunos dirigentes ultras, normalmente populistas de extrema derecha, pero también de sus contrarios, porque la propagación de esa barbaridad les sirve a sus intereses. Incluso si no existe la descalificación de la política, ni del sistema democrático, propagan la existencia de esa amenaza para desviar la atención. Fijémonos, por ejemplo, en lo que está sucediendo con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus replicantes. Para todos ellos, la censura a la gestión de esta crisis cuestiona la legitimidad del sistema democrático. Nada que ver. Que no intenten tapar vergüenzas y responsabilidades.

De hecho, cada vez se van encontrando más indicios sólidos de que el insólito apagón de toda la red eléctrica peninsular se ha debido a un gravísimo error político. Un problema de "mesianismo renovable", como lo ha definido el exministro socialista Jordi Sevilla. El objetivo razonable de procurarnos energías limpias se convierte en ideología intransigente y lleva a este Gobierno a forzar la desaparición de las centrales nucleares sin atender a los riesgos que se corrían, y que se advirtieron.

Ya empezamos a intuirlo cuando, como subrayamos el lunes pasado, el apagón eléctrico fue seguido de un apagón informativo por parte del Gobierno. Las cinco horas y media que tardó en comparecer el presidente Pedro Sánchez sólo podía tener una explicación, la preparación de una estrategia de huida de la crisis. Se trata de un asunto de especial gravedad porque, en esta ocasión, el estallido de la crisis se produjo en pleno día, a las doce y media de la mañana, y paralizó por completo a todo el país. Un colapso total, en toda la península, cuya percepción no dependía de informaciones ni valoraciones de terceros: todos lo estábamos padeciendo, todos conocíamos exactamente qué estaba pasando. Nadie tenía que desvelarnos el caos porque el caos estaba alrededor, en el atasco infinito, en los vecinos encerrados en el ascensor, en las decenas de trenes parados en medio del campo, en los hospitales, en los bloques de pisos a oscuras y sin agua, en las estanterías vacías de los supermercados, en los enfermos conectados a un respirador…

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En otras circunstancias, cuando una tragedia afecta a provincias o comunidades autónomas en las que no vivimos, la situación es radicalmente contraria y el Gobierno de la nación tiene más margen de maniobra. Pero esta vez, toda la península estaba padeciendo el mismo apagón. ¿Quién puede entender, en este sentido, que el Gobierno de Pedro Sánchez no compareciese desde el primer momento para comunicar que declaraba el Estado de Emergencia en España? ¿Qué más hacía falta para declarar una emergencia nacional? Había un país paralizado, sin conocer las causas de lo que estaba ocurriendo, si se trataba del ataque de una potencia extranjera o de un grave accidente interno, y ni siquiera en esas circunstancias el presidente del Gobierno de España se consideró afectado, interpelado directamente por las leyes que exigen la inmediata implantación de la coordinación del Estado.

Aunque sólo se tratase de tranquilizar a la población, la declaración solemne del presidente del Gobierno de movilización de todos los recursos del Estado constituía una obligación política. Pero es que, además de ese criterio de oportunidad, entre la legislación que está vigente en España nos encontramos con la Ley 36/2015 en la que se atribuye al presidente del Gobierno la responsabilidad de declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional. Lo ocurrido se ajusta milimétricamente a lo dispuesto en esa ley: "La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley". Conviene volver a pensar que hablamos de las primeras horas del apagón, cuando nada se sabía ni de la gravedad real ni de la autoría de lo que estaba ocurriendo.

Lo que sí ocurrió, sin embargo, es que el Gobierno de Pedro Sánchez esperó a que varias comunidades autónomas fueran las que solicitaran, en virtud de otra ley, la de Protección Civil, la declaración del estado de emergencia, para coordinar todas las actuaciones y todos los recursos que se precisaran. También esa Ley de Protección Civil establece que la declaración de emergencia nacional le corresponde al ministro del Interior, por iniciativa propia o porque lo soliciten varias comunidades autónomas. Pero tampoco el ministro Grande-Marlaska debió considerar que lo que estaba ocurriendo tenía la suficiente envergadura para implicarse él y declarar una emergencia nacional que garantizara una "respuesta inmediata" del Estado ante el apagón.

Esa ley también detalla qué es una ‘respuesta inmediata’: "Se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protección civil la actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada". Es evidente, en fin, que, a medida que la explicación del origen del apagón va evolucionando hacia una responsabilidad política, la censura al Gobierno por la inutilidad demostrada no cuestiona la utilidad de la política, sino a los autores del error. Diferenciar conceptos tan elementales nos evitará caer en trampas grotescas y cegarnos con el humo de candelas de papeles.