Portugal, una forma democrática de tratar un 'caso Begoña'

La soberbia y la cobardía son erupciones democráticas infectadas. Cuando aparecen en la piel un dirigente político, es que su estado ha comenzado a empeorar. Mal diagnóstico. En los regímenes totalitarios no suelen distinguirse porque la actuación del sátrapa siempre será coercitiva, pero en una democracia tienen mucho que ver con la crisis, o el problema, que un líder político intenta resolver mediante el silencio o la represión. Lo que acaba de suceder en Portugal nos ofrece la posibilidad de comparar dos formas de actuar ante una acusación similar, la primera afectada por esa pus de la soberbia y la segunda regida por los procedimientos democráticos clásicos, de sometimiento al refrendo popular, cuando el respaldo parlamentario ha dejado de funcionar.

Dicho de otra forma, Portugal acaba de mostrarnos que existe una forma democrática de tratar un ‘caso Begoña’, que nada tiene que ver con la absurda y alocada espiral de amenazas, venganzas y represión que se ha desatado en España en este último año. Nada de lo que se dice, obviamente, tiene que ver con el final de los distintos procedimientos penales, sino exclusivamente con la forma con la que debe responder un líder democrático ante una acusación que afecta a su propia esposa. Veamos.

El escándalo de Portugal estalla a principios de este año, en febrero, cuando se conocen algunos detalles de una sociedad llamada Spinumviva, una empresa de consultoría de negocios y gestión, cuya propiedad es de la familia del primer ministro, más exactamente de la mujer y los dos hijos del conservador Luís Montenegro. La explicación que ofrece, inicialmente, el político portugués es que esa empresa, en efecto, se constituyó cuando él se dedicaba a los negocios privados pero que, al entrar en política, dejó todas sus acciones en manos de su familia, para que continuasen trabajando. Con lo cual, sostenía, ningún conflicto de intereses, según su criterio, aunque quedaba claro que el hecho de no disponer de acciones de la empresa no lo desconectaba del patrimonio familiar, que sí tenía que ver con la marcha de la consultoría. Y el matrimonio, además, no tiene bienes gananciales.

En medio de ese debate, una nueva investigación periodística desveló que Spinumviva tiene un contrato de asesoramiento, a razón de 4.500 euros al mes, con un grupo empresarial, Solverde, dedicado a la gestión de casinos, que sí son concesiones del Gobierno. El escándalo político, obviamente, aumentó la temperatura y el primer ministro portugués decidió someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento, después de sortear la moción de censura con la que le amenazaba el partido de la extrema derecha. "Creo que es la voluntad mayoritaria de los portugueses que el Gobierno siga aplicando su programa, pero corresponde a la Asamblea de la República interpretar también la voluntad de los portugueses", dijo Montenegro. Y como perdió la moción de confianza, acabó provocando la convocatoria extraordinaria de elecciones, que son las que ha vuelto a ganar este domingo.

En plena vorágine del escándalo, también el primer ministro portugués lamentó el acoso público al que estaba viéndose sometida su familia y se preguntó, como tantos otros en situaciones similares, que si a todos los suyos "había que privarlos del trabajo" mientras que él se dedique a la política… En fin, argumentos habituales, todos ellos rebatibles, en los que no debemos entrar ahora porque la cuestión es otra. Y porque tampoco se trata, como se señalaba antes, de prejuzgar si el ‘caso Begoña’ de Portugal tiene más sustento penal, o no, que el ‘caso Begoña’ español; ya veremos cuál es el recorrido penal de cada uno. La cuestión es que, en cuatro meses, ¡cuatro meses!, el primer ministro portugués ha ofrecido explicaciones, ha convocado una moción de confianza y luego ha ido a elecciones, mientras que el presidente del Gobierno de España, catorce meses después de conocerse el escándalo de los negocios de su mujer, Begoña Gómez, mantiene in crescendo la única estrategia de represión y amenazas que inauguró en cuanto El Confidencial ofreció las primeras informaciones del caso.

Ha llegado a simular una dimisión para elevar la tensión política y social, ha utilizado a la Fiscalía General del Estado hasta convertirla en un ‘bufete’ de aguerridos defensores de su causa y ha bloqueado con sus socios parlamentarios cualquier iniciativa que pudiera plantearse al respecto, incluida, por supuesto, una moción de confianza. Hasta ayer mismo, que es la misma explicación que se ofrecerá mañana y pasado, sus ministros de propaganda personal, que son casi todos, siguen presentando a Pedro Sánchez como la víctima inocente de una ‘cacería humana’ por ser un político de izquierdas. Es decir, las erupciones de pus que cuando aparecen en la piel de un gobernante nos muestran una deriva antidemocrática.

Nada extraño, ni contraproducente, hizo El Confidencial cuando destapó, con extrañeza, la vinculación existente entre a esposa de Pedro Sánchez y el "nexo corruptor’ de la trama Koldo, y nada ajeno, ni conspirativo, ha sucedido en los jueces y magistrados que durante este año han mantenido viva la investigación judicial abierta a partir de aquellas informaciones. Lo que nos demuestra el ejemplo portugués es, como se decía antes, que existe una forma democrática de afrontar el ‘caso Begoña’, pero Sánchez optó por la represión. Repitámonos otra vez que la deformidad aquí no está en la actuación de los ‘contrapoderes’ sino en los abusos del poder.