Una cacicada judicial inasumible en democracia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recopilado algunos de los bulos más trillados contra los jueces y los ha sumado a varias carencias reales del Poder Judicial para, con esa amalgama de mentiras y medias verdades, fabricar una cacicada judicial que, sencillamente, es inasumible en una democracia. En la misma inercia ha incluido al Ministerio Fiscal con lo que, por el tamaño del despropósito, es razonable pensar que nada de esto saldrá adelante. Y que incluso en el supuesto de que la mayoría Frankenstein lograse aprobarlo, la Unión Europea será quien lo anule, porque va en contra de sus principales exigencias y recomendaciones. Por sumar esperanzas antes de entrar en la depresión, hasta podemos pensar que, si en Europa bajan los brazos, cansados ya de las trifulcas españolas, que llegará un futuro Gobierno español menos disparatado que el actual, ya sea de izquierdas o de derechas, que dejará la propuesta de reforma judicial en un recuerdo triste, peregrino y osado.

Pero todo esto lo anotamos sólo como expectativa o anhelo; la realidad de la reforma propuesta por el Gobierno es, como se decía antes, una cacicada judicial construida con una mezcla de tópicos, consignas y medias verdades. El objetivo nítido es el de promover en España un Poder Judicial y un Ministerio Fiscal de baja calidad, con lo que aumentan exponencialmente las posibilidades de manosearlo. Es decir, la existencia misma de un Poder Judicial independiente, como uno de los pilares del Estado de derecho, es lo que se resquebraja con la reforma propuesta por el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

La distorsión mentirosa de la que surge esta reforma consiste en difundir que "la plantilla de jueces y fiscales de España es escasa y anacrónica, proviene del franquismo, y que, por esa cuestión, es necesario ‘democratizarla’ y abrirla a la sociedad, para que no siga siendo una actividad elitista, ejercida por una casta hereditaria de alto poder adquisitivo". Ese es el argumentario que, si se presta atención, se comprobará en días sucesivos cómo comienza a difundirse masivamente en mítines, conferencias, tertulias y redes sociales, siguiendo la estrategia habitual de portavoces y replicantes.

Nada de ese argumentario, sin embargo, es cierto. Todo falso. Para empezar, por una mera cuestión biológica, se entenderá que en España apenas quedan jueces que lo hubieran sido durante la dictadura. Si hace 50 años que se murió el dictador, las cuentas son fáciles de hacer si tenemos en cuenta que la jubilación forzosa se produce a los 70 años. El cálculo oficioso es que el porcentaje actual de jueces que ya ejercía antes de que se aprobase la Constitución puede estar es del uno por ciento de la plantilla actual. ¿Jueces y fiscales franquistas? Falsedad grosera.

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Tampoco se sostiene que la plantilla judicial en España constituya una especie de ‘casta hereditaria’: las tres cuartas partes de los jueces y fiscales españoles no cuentan con ningún miembro de su familia que se hubiera dedicado antes a la judicatura. Con respecto a otras profesiones, médicos, profesores o abogados, la ascendencia familiar entre jueces y fiscales debe ser incluso menor. ¿Una casta de jueces y fiscales? Falsedad completa. Finalmente, la tercera acusación se refiere al elevado poder adquisitivo de las familias de las que proceden, como si la carrera universitaria y las oposiciones de jueces y fiscales fueran muy distintas a otras como Medicina, Ingeniería o los propios cuerpos superiores de funcionarios. En absoluto. Todas esas carreras universitarias son costosas, obviamente, porque necesitan muchos años de preparación y formación, entre másteres y oposiciones de temarios inabarcables, pero decenas de miles de jóvenes se sacrifican y se esfuerzan para conseguirlo. El insulto que ninguno de ellos se merece es esta insolencia política que los contempla como unos privilegiados. La respuesta a sus problemas no puede ser jamás la de ofender o menospreciar a quienes logran su objetivo, sino la de ampliar y mejorar el sistema de becas existente. ¿Jueces ricos? Falsedad final.

Hasta aquí el argumentario tramposo que se viene difundiendo y que, como decimos, tenderá a intensificarse. Junto a ese abanico de consignas, la parte de verdad en la que se sustenta la reforma planteada tiene que ver con la precariedad de la plantilla actual de jueces y fiscales, con respecto a la media europea, y a las exigencias europeas para fortalecer el Poder Judicial español. Las dos son medias verdades. Por ejemplo, es cierto que, desde hace años, la Unión Europea está urgiendo a España para que acometa algunas reformas del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, sobre todo por la figura del fiscal general del Estado, pero lo que se pide son reformas que fortalezcan la independencia de jueces y fiscales, no lo contrario. Fijémonos en el Consejo General del Poder Judicial: lo que exige Europa, y en España se desatiende, es un sistema de elección de los vocales que acabe con las cuotas de partido, como ocurre ahora. Lo que se pide es que el máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, que tiene que velar por la independencia judicial y la dignidad de los recursos judiciales, esté compuesto por "jueces-miembros" que sean elegidos "teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial", como se dice en el último dictamen europeo.

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Y precariedad, claro que existe una enorme precariedad en las plantillas de jueces y fiscales españoles, con ratios por persona que son los más bajos de la Unión Europea. Es más, la falta de personal de la actualidad se incrementará de forma alarmante cuando se jubilen todos los profesionales de las generaciones del ‘baby boom’ (la alarma también se extiende a otros servicios públicos). Pero para paliar esa precariedad, la única barbaridad que no se puede cometer es la que pretende el Gobierno, abrir las puertas para facilitar un acceso masivo a ambas carreras. Por el ‘cuarto turno’ o por procesos de selección aliviados… La obligación constitucional de igualdad, mérito y capacidad desaparece, o se atenúa, y, con ello, se acaban las garantías de un Poder Judicial consciente de serlo, celoso de sus competencias y defensor de su independencia. Como se decía al principio, mantengamos la confianza en que esta reforma judicial no saldrá adelante, pero el único resultado de todo esto, a medio plazo, sería el de una plantilla de jueces y fiscales de peor calidad y más fácil de manosear. En suma, una cacicada judicial inasumible en democracia.