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Matacán
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A favor del veto del catalán en Europa
Con imposiciones, coacciones y mentiras permanentes, están consiguiendo lo contrario de lo que persiguen y lo único que no se merece una lengua tan fantástica y rica como la catalana
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Hace muy bien la Unión Europea cuando congela, se aparta o ignora los disparates de la política española que el Gobierno de prestado de Pedro Sánchez ha convertido en prioridades. Todo aquello que provoca división y enfrentamiento está en la agenda española. Todo lo baldío es preferente mientras que se aplaza y se posterga lo que nos puede hacer mejorar como país. Si el debate urgente en Europa es el de construir un modelo organizativo más eficiente y ágil, si la prioridad es acumular recursos para que Europa avance en su propia seguridad y defensa, más unidos que nunca porque estamos más solos que nunca; si esos son los retos, ahí que va el Gobierno de España con su propuesta de que, en vez de las 24 lenguas oficiales que ya se contemplan, se amplíe el abanico a las 84 que existen en todo el continente comunitario porque es de suponer que, una vez abierta la puerta del catalán, no habrá razón alguna para prohibir el reconocimiento del bretón, el corso, el siciliano o el sorabo, de igual forma que el gallego o el vasco.
En países como Alemania, Francia o Italia, tan cercanos, sólo les hacen falta dos minutos de seguimiento de una sesión cualquiera del Congreso de los Diputados para reparar en el absurdo grotesco que se persigue. Nada puede superar que dos políticos españoles, con una lengua común, necesiten el uso de traductores para intervenir en las Cortes españolas. Ese espantoso ridículo es suficiente para que en Europa le den largas a este intento de exportar engendros propios, como trozos del Frankenstein que se ha constituido en mayoría parlamentaria en España.
Ocurre, además, que la premisa política principal que esgrime el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, es tan falsa como la impostada pomposidad con la que construye todas sus intervenciones. No es cierto que con la aceptación del catalán, el vasco y el gallego lo que se pretenda es enriquecer y fortalecer España, sino todo lo contrario: debilitarla y enfrentarla. Esa es la única razón por la que los independentistas lo incluyen entre su programa de máximos, porque cuantos menos elementos existan en común entre los catalanes y el resto de los españoles más avanzarán en sus propósitos secesionistas. El nacionalismo excluyente, racista, es el que está en el germen de las peores tragedias de Europa en el último siglo, que han costado millones de muertos, y el nacionalismo de la actualidad, con esa mezcla letal de populismo con la que se exhibe, es el mayor peligro de la Unión Europea en este siglo.
De modo que toda exigencia de esos tipos, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, jamás será inocente, ni bien intencionada, por mucho que el ministro Albares las recite con su canturreo empalagoso. Todo ello, claro, sin ni siquiera entrar a valorar que el reconocimiento de otras 60 lenguas oficiales en la Unión Europea, además de las 24 que están reconocidas, conlleva un gasto obligado. En el caso de España, supera los 130 millones de euros y, como es obvio, el Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha apresurado a decir que corre con todos los gastos. Los costes superfluos de un Gobierno de prestado se despilfarran con la misma facilidad con la que se racanean tantas reivindicaciones de infraestructuras o de servicios públicos.
Reparemos ahora en una obviedad que se pasa por alto. La elección de los eurodiputados, como bien sabemos, se realiza mediante la presentación de candidaturas por circunscripción electoral única, el territorio nacional. Es decir, lo contrario a lo que ocurre en unas elecciones generales. La cuestión, por tanto, es tan simple como la de asumir que en esas elecciones concurren eurodiputados españoles, ni andaluces, ni gallegos ni canarios. En cada formación política se elabora una sola lista y lo lógico es que todos ellos se sometan a lo que dice, taxativa, la Constitución española en su artículo 3: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Luego, en el segundo punto de ese artículo, se añade que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas", pero en el conjunto del Estado sólo existe una lengua oficial.
Coincidiremos todos en que lo que debe ser de una lógica constitucional aplastante es que, en unas elecciones de circunscripción única, los elegidos utilicen la lengua común. Sólo quien considera un agravio la utilización del castellano, o del español, por mejor decir, deben ser considerados como elementos sospechosos cuyos objetivos distan mucho del enriquecimiento y de la fortaleza del país por el que son elegidos para representarnos en Europa.
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Esta confusión de los intereses particulares con el interés general está en la génesis misma de esa otra confusión grosera, la que pretende identificar la pluralidad de España con la mayoría Frankenstein. Como si los independentistas o los nacionalistas vascos, unidos a las mareas varias, representaran las inquietudes, las necesidades y las costumbres de todos los pueblos de España. Como si el uso del español, que es el segundo idioma más hablado del mundo, se hubiera convertido en una limitación o en un complejo en la propia España. Por los siete votos de un fugado de la Justicia se pide la cooficialidad de todas las lenguas en Europa y por los cinco votos del PNV, el Gobierno español se niega a aplicar la reforma electoral de la UE que impide obtener representación a quien no alcance un mínimo del 5% en las elecciones europeas.
España es el único país de Europa que no lo aplica para no perjudicar a sus socios. En fin… A lo largo de la historia, lo que siempre acaba demostrándose es que todo aquello que se pretende imponer a una sociedad acaba provocando un ‘efecto rebote’ de naturaleza contraria. Algo de eso deberían aprender cuando, como confirma la propia Encuesta de Usos Lingüísticos de la Generalitat de Cataluña, el uso del catalán como lengua habitual, entre mayores de 15 años, ha pasado de un 46 % en 2003 a un 32,6% en la actualidad. Con imposiciones, coacciones y mentiras permanentes, están consiguiendo lo contrario de lo que persiguen y lo único que no se merece una lengua tan fantástica y rica como la catalana.
Hace muy bien la Unión Europea cuando congela, se aparta o ignora los disparates de la política española que el Gobierno de prestado de Pedro Sánchez ha convertido en prioridades. Todo aquello que provoca división y enfrentamiento está en la agenda española. Todo lo baldío es preferente mientras que se aplaza y se posterga lo que nos puede hacer mejorar como país. Si el debate urgente en Europa es el de construir un modelo organizativo más eficiente y ágil, si la prioridad es acumular recursos para que Europa avance en su propia seguridad y defensa, más unidos que nunca porque estamos más solos que nunca; si esos son los retos, ahí que va el Gobierno de España con su propuesta de que, en vez de las 24 lenguas oficiales que ya se contemplan, se amplíe el abanico a las 84 que existen en todo el continente comunitario porque es de suponer que, una vez abierta la puerta del catalán, no habrá razón alguna para prohibir el reconocimiento del bretón, el corso, el siciliano o el sorabo, de igual forma que el gallego o el vasco.