Corrupción política, corrupción constitucional

Cuando todo esto pase, que pasará, cuando la era de Pedro Sánchez sea un triste episodio de cesarismo y crispación en la historia de la democracia española, no será la corrupción política lo que más lamentaremos, sino la corrupción constitucional. Por esa razón, es urgente que el Tribunal Constitucional detenga las intenciones de Cándido Conde-Pumpido de forzar la aprobación de la ley de amnistía este mismo mes de junio, antes de que una nueva oleada de escándalos pueda tumbar al Gobierno de Sánchez.

Cuando todo esto pase, las consecuencias de la corrupción política se ventilarán en los tribunales de Justicia y, de todo lo que nos alarma en la actualidad, habrá comportamientos que no merezcan ningún reproche penal, otros que se archiven porque no se podrán demostrar y un puñado de ellos que llevará a la cárcel a algunos de los que hoy proclaman su inocencia. Pero las consecuencias de la corrupción constitucional son más graves e irreversibles y, una vez que se apruebe el dictamen político que ha redactado Inmaculada Montalbán, los independentistas catalanes contarán a su favor con la humillación del Estado de derecho y la legalización de su intento de golpe contra la Constitución española. La llegada, previsible, de un gobierno de derechas activará en el independentismo catalán, y también en el vasco, el discurso del agravio de España, populista y corrosivo, que podrán desplegar en sus mítines con la confianza de que, cuando declararon la independencia, fue el Estado español quien acabó pidiéndoles disculpas y anulando todos los delitos cometidos, incluso borrándolos del Código Penal.

Los estertores del sanchismo ("no sé cuánto tiempo queda, pero aprovechemos lo que nos quede", como le ha aconsejado Gabriel Rufián a Pedro Sánchez) no pueden incluir la legalización de una ley de amnistía que las autoridades europeas han reprobado por dos veces. La Comisión de Venecia, cuando visitó España el año pasado para ofrecer su opinión sobre la ley de amnistía, ya advirtió y aconsejó sobre algunas obviedades que, por supuesto, fueron ignoradas por el Gobierno de Sánchez. Tanta insolencia prepotente se ha llegado a acumular, que la ‘mayoría Frankenstein’ le prohibió a los letrados del Congreso de los Diputados que se reunieran y atendieran a los miembros de la Comisión de Venecia. "El propio letrado mayor o secretario general del Congreso manifestaron que no era oportuno comparecer, algo realmente insólito. No hay precedentes de que una institución democrática como el Congreso se niegue a participar en esa investigación", como dijo, asombrado, el catedrático de Constitucional, Agustín Ruiz Robledo.

Si la amnistía se tramitó por el procedimiento de urgencia para eludir todos los informes de órganos consultivos españoles, lo lógico son estas prisas, esta aceleración de hechos consumados. Por eso mismo, la Comisión de Venecia entre sus recomendaciones, todas ellas de una obviedad democrática apabullante, resaltó la importancia de que "los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para adoptar leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance y su naturaleza a menudo controvertida".

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El colmo de los despropósitos es que ahora, en este momento agonizante de la legislatura, sea el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, el que ejecute esas órdenes de aceleración. Si las prisas, que se asemejan a una huida hacia adelante, son inadecuadas y contraproducentes en un proceso legislativo, en el caso de la Justicia se convierten en una temeridad. Qué ocultas razones, o compromisos, o pactos, puede haber alcanzado Conde-Pumpido, antes de llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional, para tomarse la aprobación de la sentencia sobre la ley de amnistía con este ardor guerrero. El Tribunal Constitucional tiene en su currículum sentencias, sobre asuntos controvertidos de la democracia española, que se han demorado durante años y años, con lo que no existe ni una sola razón de peso para sustentar el disparate de aprobar en estas circunstancias la ley más polémica de todo el periodo democrático. Más aún cuando, tras la Comisión de Venecia, ha sido ahora la propia Comisión Europea la que ha censurado abiertamente que se pretenda sacar adelante una "autoamnistía", redactada y aprobada por los mismos delincuentes y condenados que se benefician de ella.

"Los votos de los beneficiarios [de la amnistía] han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español [con lo que] no parece que la ley responda, efectivamente, a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea", como ha señalado la Comisión Europea. En contra de esa realidad objetiva, contrastable con sólo oír un discurso del independentismo afirmando que lo volverán a hacer, el Tribunal Constitucional pretende aprobar una sentencia en la que, directamente, plagia y reproduce la mentira del Gobierno sobre "los efectos benéficos de la amnistía para la convivencia pacífica y democrática".

Opinión

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