Deforman la realidad, la inventan o la retuercen, para acompañar cada abuso, cada ilegalidad, de una justificación que repetirán mil veces para convertirla en verdad, siguiendo a Goebbels
Sánchez en un encuentro con Junts. (EP/Carlos Luján)
El atropello inconstitucional de la Ley de Amnistía podrá legalizar la ignominia de Pedro Sánchez para retener el poder después de perder unas elecciones, pero de ninguna de las maneras convierten en verdades las mentiras catalanas que desde hace años se vienen repitiendo. Desde los derechos históricos del pueblo catalán hasta la responsabilidad del Tribunal Supremo por haberse excedido con la condena a los líderes independentistas. Con insultante prepotencia van diciendo ahora que lo que hay que hacer es ignorar todas las críticas, tirar para adelante sin escuchar el grito escandalizado de quienes señalan las consecuencias de esta barbaridad inconstitucional. Quieren extender una manta de silencio sobre todo lo ocurrido, como si nada hubiera pasado, perdón y cuenta nueva. Esa es la razón por la que tenemos que persistir en el recuerdo de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando, para no concederles la ventaja de que, por cansancio o por hastío, sigan repitiendo el discurso tramposo que quieren instalar como verdad. Deforman la realidad, la inventan o la retuercen, para acompañar cada abuso, cada ilegalidad, de una justificación que repetirán mil veces para convertirla en verdad, siguiendo a Goebbels.
Lo ocurrido en Cataluña durante la revuelta independentista del otoño de 2017, con la convocatoria de aquel referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia de la República de Cataluña, supuso la mayor amenaza constitucional que ha tenido que superar la democracia española. Más grave que el intento del golpe de Estado de Tejero, en 1981, por la dimensión del conflicto planteado. Un delito colectivo, como planteó aquí el jurista y filósofo Javier Gomá. "La democracia tiene un aspecto formal, que es votar, y un aspecto material, que es qué se vota. Si vas a votar a favor de que a todos los rubios se le corten las piernas, se cumple el aspecto formal, pero todo el mundo sabe que no se cumplirá el aspecto material. Invocando a la mayoría, nunca se pueden atropellar los derechos de la minoría. Cuando se habla del derecho al referéndum del 1 de octubre como un derecho de la democracia, será un derecho formal, pero desde el punto de vista material era evidente que se trataba de un paso más tendente a la consumación de un delito colectivo", decía Gomá en una entrevista en El Confidencial en noviembre de 2017.
Conviene subrayar la fecha, un mes después de que se consumara aquel ‘delito colectivo’ que el Estado de Derecho supo encauzar perfectamente con la detención y encarcelamiento de los cabecillas de la revuelta, la suspensión de la autonomía de Cataluña y el inicio del proceso penal que culminaría el Tribunal Supremo. En las siguientes elecciones, los independentistas volvieron a tener mayoría en el Parlamento de Cataluña, pero ya nunca más se aprobaron leyes inconstitucionales ni se organizaron más referéndums. Fue en ese momento en el que comenzó la caída paulatina del independentismo, que se ha ido desinflando progresivamente hasta perder la mayoría. Esa es la verdadera normalidad de una democracia, la que se logra con el imperio de la ley. La amnistía, como antes los indultos, jamás conducen a la normalización de una sociedad porque el mensaje que se traslada a la sociedad es que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Antes o después, esos mismos independentistas volverán a desafiar al Estado español, como ellos mismos repiten, con las garantías procesales que ahora les proporciona la humillación democrática de esa ‘autoamnistía’ declarada constitucional.
Ha sucedido lo mismo que con otra de las falsedades del mantra independentista y también del Partido Socialista de Cataluña, convertido con Pedro Sánchez en la matriz ideológica del PSOE, eso de que ‘el agravio de Cataluña, su incomodidad en España, proviene del rechazo del Estatut que habían votado los catalanes. El referéndum del Estatuto de Cataluña, que posteriormente fue corregido por el Tribunal Constitucional, apenas levantó interés en la sociedad catalana, y se aprobó con el apoyo de menos del cuarenta por ciento de los catalanes, por la baja participación electoral de aquella jornada. Tampoco es cierto que sólo lo recurriese el Partido Popular, el entonces defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, presentó un recurso similar al de los populares. Y la sentencia no lo mutiló, apenas modificó un puñado de artículos -19 artículos de un total de 223- que eran claramente inconstitucionales, como la creación de un Poder Judicial propio en Cataluña.
Antes o después, esos mismos independentistas volverán a desafiar al Estado español, como ellos mismos repiten
La sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut de Cataluña se aprobó en junio de 2010 y lo que ocurrió en España es que al año siguiente se celebraron unas elecciones generales en las que arrasó el Partido Popular. En Cataluña, en aquellas elecciones, un año después del supuesto ‘agravio’ de la sociedad catalana por el ‘recorte’ del Estatut, el PP triplicó en votos a Esquerra Republicana. La verdadera movilización se produjo un año más tarde, en plena crisis económica, cuando se pone en marcha la infamante campaña del "España nos roba", que sí fue efectiva, como todo incendio populista, porque trasladó a la sociedad catalana que todos sus problemas tenían un solo responsable, un Estado opresor. El nacionalismo de Convergencia i Unió, que había gobernado la Generalitat la mayor parte de la democracia, se hizo independentista, mudó de piel, y se despojó de la corrupción y la ineficacia de décadas de gobierno.
En la historia se recordará siempre cómo hubo en España un presidente, Pedro Sánchez, que aprobó y declaró constitucional una Ley de Amnistía en tan sólo un año y medio. Para conseguirlo, ignoró y eludió todos los dictámenes, todas las opiniones y advertencias de inconstitucionalidad, incluidas las suyas propias. La amnistía no está en la Constitución porque se descartó, conscientemente, en el debate constitucional, porque también es falso que exista un ‘vacío legal’ que se presta a cualquier interpretación. La amnistía se descartó y en la Constitución se detalló la prohibición expresa de los indultos generales. "La verdad es la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero", como le decía a sus alumnos Juan de Mairena, uno de los mejores heterónimos de Antonio Machado. Así es. Mentiras. Mentiras catalanas. Lo diga Cándido Conde Pumpido, su porquero y todos los que comen de la misma servidumbre.
El atropello inconstitucional de la Ley de Amnistía podrá legalizar la ignominia de Pedro Sánchez para retener el poder después de perder unas elecciones, pero de ninguna de las maneras convierten en verdades las mentiras catalanas que desde hace años se vienen repitiendo. Desde los derechos históricos del pueblo catalán hasta la responsabilidad del Tribunal Supremo por haberse excedido con la condena a los líderes independentistas. Con insultante prepotencia van diciendo ahora que lo que hay que hacer es ignorar todas las críticas, tirar para adelante sin escuchar el grito escandalizado de quienes señalan las consecuencias de esta barbaridad inconstitucional. Quieren extender una manta de silencio sobre todo lo ocurrido, como si nada hubiera pasado, perdón y cuenta nueva. Esa es la razón por la que tenemos que persistir en el recuerdo de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando, para no concederles la ventaja de que, por cansancio o por hastío, sigan repitiendo el discurso tramposo que quieren instalar como verdad. Deforman la realidad, la inventan o la retuercen, para acompañar cada abuso, cada ilegalidad, de una justificación que repetirán mil veces para convertirla en verdad, siguiendo a Goebbels.