La abundancia en el despilfarro complica la elección, pero lo que está ocurriendo con las empresas públicas es clamoroso. Tras el escándalo de Correos, faltaba que se hundiera el ferrocarril
Varias personas esperan tras aunciarse retrasos de Renfe. (EFE/Alberto Esévez)
Este es uno de esos años en los que la saturación de inutilidades trasciende del sarcasmo a la bronca, y de la bronca al cabrero sordo. Todo se precipita en el justo momento en el que hemos acabado de hacer la declaración de Hacienda y nos percatamos de que una buena parte del dinero que hemos pagado irá a parar a las manos de un inútil público. De ese instante de irritación es del que surge este ejercicio pacífico y ficticio de rebeldía social, que puede ser compartido por todos, en el que nos imaginamos que en la declaración de la Renta existe una casilla, que podemos marcar, para señalar a un inútil público que despilfarrará el dinero que hemos pagado para otros objetivos, muy distintos y necesarios, carreteras, hospitales, colegios, ayudas sociales, seguridad… ¿Cuánto dinero nos cuestan en España los inútiles públicos? Ya nos gustaría que existiera ese dato, pero tenemos que conformarnos con aquello que vemos y denunciamos.
Este año, como se decía antes, la abundancia del despilfarro complica mucho la elección. Jésica, por ejemplo, la amiga asalariada de José Luis Ábalos, merecería, como símbolo, un título de inutilidad. Lo ocurrido con esta mujer es de primero de corrupción política, digno de un cacique del XIX. Como era la amante del ministro, ‘hombre fuerte’ del PSOE y buen amigo del presidente del Gobierno, a esta mujer le buscaron un empleo en una empresa pública en la que sólo tenía que cobrar. En siete horas le dieron el puesto, sin mirar el currículum, claro, para qué, y desplazó de la lista a 175 personas, gente corriente de las que pagan impuestos, pero no tienen enchufe en el partido. Además del trabajo, le pusieron un lujoso pisito, cerca de la sede del PSOE en Madrid, para no complicar la relación con distancias urbanas, y el alquiler se lo pagaban los comisionistas de la trama de adjudicaciones ilegales. Un completo, que se diría.
Como la tal Jésica, la tropa de aprovechados que hemos conocido desde que estalló el ‘caso Koldo’, en febrero de 2024, es numerosa, pero lo que está ocurriendo con las empresas públicas lo supera todo. Tras el escándalo de Correos, al frente del cual puso Pedro Sánchez a un colega suyo que ya mereció el título de ‘Inútil del año’, faltaba que se hundiera el ferrocarril. El prestigio de Renfe, de la alta velocidad sobre todo, se ha desplomado. Los lemas de puntualidad se han convertido en memes, en chistes: "Ave… si llegamos". El deterioro de las numerosas incidencias ha llegado a provocar alarma social cuando los pasajeros atrapados en una avería se ven obligados a pasar horas y horas en medio del campo, sin agua ni alimentos, sin electricidad, y hasta sin explicaciones.
Para reforzar la indignación, tras cada incidente, aparece el ‘ministro jabalí’, Oscar Puente, con alguna de sus patadas, ya sea las invenciones de sabotajes inexistente o el choteo de afirmar que "el tren vive en España el mejor momento de su historia". Se trata de la misma cínica estrategia que se empleó cuando el apagón de electricidad en toda España, algo que no ocurría desde la posguerra. Sin embargo, el Gobierno y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, -otra destacada aspirante al título de ‘Inútil del año’- lo despacharon todo con la sombra de otra conspiración inventada y hasta la exaltación del apagón como una muestra de eficacia y de solvencia internacional.
El prestigio de Renfe se ha desplomado. Los lemas de puntualidad se han convertido en memes: "Ave… si llegamos"
La realidad, obviamente, es otra muy distinta. El amiguismo, el sectarismo y la politización en la designación de los responsables de las empresas públicas es un agujero negro de dinero que se pierde, que se malgasta, que se despilfarra. Tampoco en esto disponemos de una cifra concreta, aunque existe en Bruselas un centro independiente que realiza informes de esta naturaleza, un thinktank llamado ‘Bruegel’, que estima que las designaciones políticas pueden generar ineficiencias en las empresas públicas con costes económicos que alcanzan hasta el 0,19% del PIB anual. Una auténtica barbaridad, en definitiva, aunque solo sea una estimación general. La referencia aparece en un artículo publicado en la web de ‘Hay Derecho’, en la que cuentan con un medidor de enchufes, un ‘dedómetro’.
Aunque se trata de puestos muy bien remunerados, 186.171 euros brutos anuales en el caso del presidente de Renfe, los nombramientos no se guían por la cualificación, experiencia y valía, sino por el compromiso político o amistoso. En consecuencia, a menudo se trata de mandatos cortos y desastrosos. En el caso de Renfe, ya existía una media elocuente de inestabilidad, una media de presidencias de dos años y medio en los últimos veinte años. Pero es que, con Pedro Sánchez, todo eso ha saltado por los aires: en los últimos dos años han pasado por Renfe tres presidentes: Isaías Táboas Suárez, que se fue en febrero de 2023, Raúl Blanco, que se marchó en enero de 2025, y Álvaro Fernández, que es quien ostenta el cargo en la actualidad.
El amiguismo, el sectarismo y la politización en la designación de los responsables de las empresas públicas es un agujero negro de dinero
Por los nombres, en sí mismos, nadie los reconocerá, pero sí sabrán de ellos por sus andanzas. El primero, Isaías Táboas, un reconocido ‘fontanero’ del socialismo catalán, llegó a la empresa cuando Sánchez ganó la moción de censura en 2018. Es otro de los nombres que ha salido en las conversaciones de Koldo García porque colocó en una filial de Renfe a otra de las amigas de José Luis Ábalos, Claudia, la que fue mis de Asturias. Táboas tuvo que dimitir en 2023 por aquel escándalo antológico de los trenes que no cabían por los túneles. Fue un ‘error de diseño’ de 31 trenes que, cuando iban a entrar en servicio, se comprobó que no pasaban por los túneles. Los perjudicados fueron los ciudadanos de Cantabria y Asturias, dos de las comunidades más castigadas con la falta de inversiones, sobre todo de conexiones ferroviarias. El sustituto de Táboas, Raúl Blanco, también vinculado al PSC de Salvador Illa, presentó, a su vez, la dimisión a principios de este año "por motivos personales" para irse al sector privado. Lo que no sabremos es si el hombre entendió que aquello era imposible de arreglar o que le cargaron los retrasos y los parones de los ferrocarriles, que ya se habían convertido en un escándalo periódico y habitual.
El presidente actual, Álvaro Fernández Heredia, ha llegado directamente desde la secretaría general de Movilidad Sostenible, un alto cargo del Gobierno que se une a sus anteriores destinos políticos, también como concejal de Más Madrid. En su currículo se destaca que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y que su especialidad es "la movilidad urbana sostenible". No dice nada de ferrocarriles, que es donde está ahora. Será por esa razón por la que, tras un semestre en el cargo, el sindicato CGT ya ha constatado que Renfe va a peor y que el nuevo presidente está contribuyendo a su empeoramiento con los nombramientos de nuevos directivos cuyas "contrataciones se están basando en otras cuestiones como la afinidad política y la amistad entre el nuevo presidente y antiguos conocidos", fundamentalmente de empresas de transporte interurbano. Es decir, más del mismo vicio. Pero tranquilos, que el ‘ministro jabalí’, Oscar Puente, que lo ha nombrado, ha dicho que duda de "que haya una persona más capacitada en España" para presidir Renfe. Pues eso, lo que faltaba.
Este es uno de esos años en los que la saturación de inutilidades trasciende del sarcasmo a la bronca, y de la bronca al cabrero sordo. Todo se precipita en el justo momento en el que hemos acabado de hacer la declaración de Hacienda y nos percatamos de que una buena parte del dinero que hemos pagado irá a parar a las manos de un inútil público. De ese instante de irritación es del que surge este ejercicio pacífico y ficticio de rebeldía social, que puede ser compartido por todos, en el que nos imaginamos que en la declaración de la Renta existe una casilla, que podemos marcar, para señalar a un inútil público que despilfarrará el dinero que hemos pagado para otros objetivos, muy distintos y necesarios, carreteras, hospitales, colegios, ayudas sociales, seguridad… ¿Cuánto dinero nos cuestan en España los inútiles públicos? Ya nos gustaría que existiera ese dato, pero tenemos que conformarnos con aquello que vemos y denunciamos.