La azarosa vida del fiscal kamikaze

Habrá otros, Álvaro García Ortiz, pero como tú, ninguno. El fiscal general del Estado que, de natural, con sus gafitas redondas, ya tiene unos rasgos que podrían hacerlo pasar por un japonés entreverado, puede recordarnos perfectamente la figura del kamikaze nipón. Hiroshi, que significa generoso, sería el nombre, Hiroshi García Ortiz, con su turbante en la frente y el puño y la rosa en vez del sol naciente de la bandera de Japón, dispuesto a sacrificar su nombre en la historia para salvar el honor del dedo que le puso en el sillón de la Fiscalía General. ¿A quién protegía cuando borró todos los datos de su teléfono? ¿Solo a él o también a quien desde el Gobierno estuviera en conversaciones con él? ¿Hablaba el fiscal general con el presidente del Gobierno sobre el relato que ambos tenían que construir? ¿Era eso lo que ocultaba? Los supuestos ‘secretos de Estado’ que tenía que proteger, ¿eran sus conversaciones con Pedro Sánchez?

"Eso ahora no importa", que es lo que nos volvería a responder el fiscal kamikaze. Y nuevamente, como entonces, imaginaremos en su expresión un gesto de abatimiento, propio de quien sabe que lo ha perdido todo, que se ha equivocado y que ya no hay marcha atrás. "Eso ahora no importa", que fue lo que le contestó a la fiscal superior de Madrid cuando, el 14 de marzo del año pasado, le preguntó directamente si había sido él quien había filtrado el correo de la Fiscalía con Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Álvaro, ¿lo has filtrado tú?". Ante una pregunta así, la respuesta normal del fiscal general, como la de cualquiera que se sabe inocente, hubiera sido: "Por favor, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo voy a hacer yo una barbaridad así? Los dos sabemos que es ilegal. No, Almudena, quédate tranquila, que yo no he filtrado nada". Pero no ocurrió, sino que nuestro fiscal kamikaze, desbordado por su subconsciente, le dijo eso otro, que era como un resoplido, un ‘no le demos más vueltas, que ya no tiene remedio’.

La breve, y reveladora, conversación entre el fiscal general del Estado y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la relató esta última en la segunda ocasión en la que fue a declarar por el procedimiento contra su jefe, a mediados de enero de este año, en el Tribunal Supremo. También contó en aquella comparecencia como testigo que la filtración solo pudo haber salido de la Fiscalía, porque los datos que se estaban publicando en la prensa no estaban en poder ni de los juzgados ni del abogado de la defensa del novio de Díaz Ayuso. Conviene recalcar este detalle para quienes han llegado al extremo paradójico y singular de intentar autoinculparse como periodistas para exonerar al fiscal general del Estado de toda responsabilidad. Dicen, ‘si había periodistas que manejaban esa información previamente, no se puede culpar al fiscal general del Estado…’

Una vez más: se les puede valorar el intento, pero, desgraciadamente para ellos, no sirve de nada. El delito no se produce por la filtración de los delitos fiscales que ha podido cometer González Amador, sino por la revelación de datos y detalles privados, particulares, que solo estaban en poder de la Fiscalía. Y, al respecto, el artículo 417 del Código Penal es claro y determinante: comete el delito "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Más adelante, añade, como agravante, que "si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos o a cuatro años".

Opinión

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En todos estos meses, superados todos los intentos en tres instancias judiciales de tumbar el procedimiento, la única pregunta que se ha intentado responder en la instrucción judicial es qué persona del Ministerio Fiscal pudo filtrar esos datos. Ni eran muchas las personas que tenían acceso a la documentación de esa investigación ni se trataba de un caso reciente, sino que llevaba ya varios meses en la Fiscalía sin que hubiera trascendido nada. Hasta que en dos semanas de febrero del año pasado se producen dos hechos que lo cambian todo: detención de los implicados en el caso Koldo y revelación, por parte de El Confidencial, de que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, solía reunirse con el que la Guardia Civil consideraba "el nexo corruptor" de la trama.

Es a partir de esa noticia sobre la mujer de Pedro Sánchez cuando se filtra la denuncia de fraude fiscal de González Amador, al que nadie conocía ni era pública su relación sentimental con la presidenta de Madrid. ¿Obedece todo ello a una estrategia de la Presidencia del Gobierno para buscar un escándalo paralelo, simétrico, con el que tapar las revelaciones sobre Begoña Gómez? Esa es la tesis que se ha defendido aquí mismo en otras ocasiones y que también planea sobre el procedimiento judicial: fue el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien desveló las presiones que recibió de la Moncloa para que hiciera públicos los datos de la denuncia de fraude fiscal, pero se negó a hacerlo porque, al ser inspector de Hacienda, sabía que podía cometer un delito. Así que se guardó los WhatsApp y, llegado el momento, los dio a conocer.

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Si comparamos su comportamiento con el del fiscal general del Estado, observamos algo interesante: Lobato guardó los mensajes de WhatsApp en una notaría, por si estallaba el escándalo e intentaban salpicarle, y García Ortiz borró todos los de su móvil. Como hemos reseñado en otras ocasiones, si el fiscal general del Estado afirma que es inocente, lo que debe tener claro es que su comportamiento ha sido el propio de un delincuente: borrar las pruebas. Cada uno de los dos mil seiscientos fiscales de España conocerán muchos casos similares, en los que para ejercer la acusación, tienen que enfrentarse a la destrucción de pruebas. Por eso, se considera un indicio claro de responsabilidad y un motivo sólido para dictar una prisión provisional.

¿Quién de la Fiscalía pudo filtrar esos datos reservados, que ni los juzgados ni los abogados tenían en su poder? El único que mostró un interés exacerbado en los días claves de la filtración fue el fiscal general: llegó al extremo de forzar que un subordinado suyo abandonara, a las diez de la noche, un partido de fútbol de Champions para que le remitiera toda la documentación. "El fiscal general no puede esperar", le dijeron. Eso sucedió a las diez de la noche del martes 13 de marzo. La documentación llegó a esa hora al correo personal del fiscal general, como había solicitado, y, una hora después, primero en la radio y luego en periódicos, el día 14, comenzaron a difundirse "esos datos y detalles que sólo tenía la Fiscalía".

Ya veremos si esta secuencia, tan elocuente como indiciaria, es suficiente para sustentar una condena penal. Pero, sea cual sea el sentido de la sentencia, nadie podrá borrarnos esta estampa de fidelidad del fiscal kamikaze. El más fiel de los devotos de Pedro Sánchez, aquel que no dudó en inmolarse para defender al presidente y a su esposa cuando más lo necesitaba. Habrá otros, Álvaro García Ortiz, pero como tú, ninguno.