Parece mentira que, un año después del esperpento con el que se coronó la investidura de Salvador Illa, no se haya creado ni una triste comisión de investigación ni que la Justicia haya aclarado nada
El presidente de Junts, Carles Puigdemont. (Europa Press/Glòria Sánchez)
Llegó, se pavoneó y se largó. Hace ahora un año de aquel bochorno y nada sabemos del esperpento, la humillante burla al Estado español por parte de un fugado de la Justicia, con órdenes de detención en todo el territorio nacional desde hace ocho años. Quizá el problema principal radica precisamente en eso, que en ningún momento la fuga de Puigdemont, el 8 de agosto del año pasado, ha tenido en la sociedad la consideración de escándalo político. Vivimos tiempos tan críticos para el prestigio institucional de la democracia española, que una de las consecuencias es esta que vemos, la banalización de todo. Pasotismo social, podría decirse. Pero sin presión social, la interpretación política es que, como no está en juego ninguna rentabilidad electoral, se pasa página y el asunto comienza a olvidarse.
Esa debe ser la razón, por ejemplo, de que ni siquiera el principal partido de la oposición, este PP de Alberto Núñez Feijóo, haya querido convertir el esclarecimiento de este escándalo en una de sus prioridades políticas. Tampoco podemos esperar nada de la investigación judicial porque el procedimiento se limita a los tres mossos d'Esquadra que asistieron a Puigdemont en su fuga, como hacían muchos de ellos en los tiempos convulsos del proceso independentista. Ni la cúpula de la policía catalana ni ningún responsable político, de ninguna de las tres administraciones que pueden estar salpicadas, se ha visto afectada por la investigación judicial.
Un año después del escarnio, la única versión que se está difundiendo es la del propio independentismo, como los dos libros que se han editado hace unos meses en los que Carles Puigdemont aparece como un Steve McQueen de la vida, en una película heroica de fuga, astucia y valentía. En esos libros, el fugado, o su entorno, son los que aportan diversos datos de lo ocurrido, siempre con ese aire peliculero que señalamos: sujetos anónimos, identificados con denominaciones enigmáticas, como ’señor X’ o ‘tercer hombre’, que burlaron los rastreos de móviles y aparatos electrónicos y le facilitaron refugio en pisos secretos de Barcelona desde que pasó la frontera clandestinamente, dos días antes de que apareciera en público para la sesión de investidura en el Parlament de Cataluña en la que fue elegido presidente de la Generalitat el socialista Salvador Illa.
Mi compañero Marcos Lamelas sostiene la teoría de que esas publicaciones suponen, en cierta forma, "el regreso del ‘procés’ editorial", que tuvo su máximo esplendor en el quinquenio de auge y caída del independentismo, desde 2014 hasta 2019. Entonces se llegaron a editar hasta ochocientos libros; este repunte de ahora "intenta revestir a Puigdemont de un barniz de heroísmo" en un momento de declive electoral para el fugado y para su partido. Pero bueno, lo importante es saber que todo eso es patraña, que no existió un ‘gran plan’ de fuga sino un ‘gran pacto’ para permitirlo.
Es literalmente imposible que los servicios secretos españoles, incluyendo a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no hubieran detectado los movimientos de una persona a la que llevaban siete años siguiendo, desde que se fugó en el maletero de un coche tras declarar la independencia de Cataluña. Eso, sin contar con que fue el propio Carles Puigdemont el que anunció, una semana antes de que sucediera, que el día 8 de agosto pensaba aparecer en Barcelona. Lo hizo el 27 de julio, en un mitin en el sur de Francia, ante mil personas: ¿de verdad alguien pretende que nos traguemos que el fugado más famoso de España no fue detectado por los servicios secretos españoles en cuanto pisó el territorio nacional? Es imposible a no ser que hubiera una orden expresa de ignorarlo y un pacto previo para simular la charlotada.
Una fuga pactada y consentida entre el Gobierno del PSOE y el líder independentista fugado para que el pleno de investidura de Salvador Illa se desarrollara con normalidad. A cambio de que Puigdemont no boicoteara el pleno, como tenía previsto, se le permitía entrar y salir de España sin que nadie lo detuviera, incluso cuando apareciera para dar un mitin en el centro de Barcelona, a la vista de todo el mundo y con todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, ofreciendo su intervención en directo. El beneficio para el Partido Socialista era la investidura de Salvador Illa, mientras que Puigdemont conseguía su trofeo más preciado, protagonismo mediático a costa de una nueva burla al Estado.
Esta hipótesis, elaborada aquí hace un año a partir de la cronología del suceso y de algunas declaraciones reveladoras, sigue siendo plausible hoy, sobre todo a tenor de lo declarado por los Mossos d'Esquadra en la instrucción del caso. Lo más extraño de todo, en ese sentido, es el silencio absoluto que se mantiene por parte de algunas de las personas que, en esos días de agosto del año pasado y en los posteriores, debieron tener acceso a muchos detalles de esas negociaciones para permitir la fuga. Nos referimos tanto a jueces y fiscales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional como a mandos y sindicatos policiales. En fin…
La actuación posterior de los Mossos sí que es mucho más nítida: judicialmente se ha elaborado una tesis exculpatoria y, orgánicamente, se ha reintegrado en el servicio a los tres agentes implicados, como si nada hubiera pasado. Lo que dijo el mando de los Mossos ante la jueza de instrucción que lleva el caso es que, aquel día, no hicieron nada porque "no se contempló" que Puigdemont pudiera volver a España y luego escaparse de nuevo. El tipo lo dice así, con un par, como quien se fuma un puro.
Y el nuevo jefe de los Mossos, José Luis Trapero, que ya participó en la algarada independentista, lo que ha hecho a continuación, se supone que con el permiso de Salvador Illa, ha sido levantarles la sanción de empleo y sueldo y reincorporarlos al servicio, sin esperar siquiera la resolución judicial. De modo que sí, esto es lo que hay. Lo que comenzó siendo un escarnio bochornoso se ha consolidado como un escarnio lacerante. Anotémoslo antes de que la literatura panfletaria del independentismo quiera borrarnos la memoria.
Llegó, se pavoneó y se largó. Hace ahora un año de aquel bochorno y nada sabemos del esperpento, la humillante burla al Estado español por parte de un fugado de la Justicia, con órdenes de detención en todo el territorio nacional desde hace ocho años. Quizá el problema principal radica precisamente en eso, que en ningún momento la fuga de Puigdemont, el 8 de agosto del año pasado, ha tenido en la sociedad la consideración de escándalo político. Vivimos tiempos tan críticos para el prestigio institucional de la democracia española, que una de las consecuencias es esta que vemos, la banalización de todo. Pasotismo social, podría decirse. Pero sin presión social, la interpretación política es que, como no está en juego ninguna rentabilidad electoral, se pasa página y el asunto comienza a olvidarse.