La destrucción del adversario a la que encomiendan sus estrategias el PSOE y el PP solo beneficia al populismo autoritario, sobre todo de extrema derecha, y daña irreversiblemente la democracia
Pedro Sánchez (c), Alfonso Rueda (c-i), Fernando Grande-Marlaska (c-d), y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (3d), visitan el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. (EFE/Brais Lorenzo)
El gran pacto de Estado que necesita España es el de una política con honor y no las naderías que nos propone el presidente del Gobierno cuando siente la necesidad de decir algo. Una política sustentada en unos mínimos de decencia y de moral, alejada de la destrucción del adversario político. Respeto, rigor y contundencia. Una hipotética ‘ley universal de las democracias’ establecería como artículo primero y único que el desprestigio de la política es el objetivo fundamental de todas las dictaduras. "Desinfección política de nuestra vida pública y un enérgico saneamiento moral del pueblo", proponía Hitler en sus discursos y esa es la línea de pensamiento que unifica todas las dictaduras de la historia, sea cual sea el signo político con el que se hayan identificado.
Por esa razón, la dinámica de autodestrucción a la que han encomendado sus estrategias políticas el PSOE y el Partido Popular lo único que conseguirá es deteriorarlos a ambos y fortalecer a los dirigentes antisistema de la extrema derecha, sobre todo, y de la extrema izquierda. Habrá quien considere que, aunque se comparta este miedo por el deterioro democrático, lo fundamental es determinar quién es el principal responsable, quién comenzó primero o quién desprecia más a su adversario. En realidad, da igual porque, si se comparte la preocupación, debemos saber que lo fundamental es detener esa espiral autodestructiva antes de que se haya vuelto imposible. Ese es el pacto de Estado que necesitamos, una política con honor en la que se repudien esas estrategias de destrucción del adversario y la política miserable que acaba dañando irreversiblemente la democracia.
Pensemos, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en la política española en estos dos últimos meses, desde finales de junio hasta estas últimas semanas de agosto. La primera polémica autodestructiva a la que se lanzaron los dirigentes del Partido Popular y del PSOE fue la de la ‘crisis de los currículos’, como podríamos llamarla. A partir de las falsedades biográficas de una joven diputada madrileña del Partido Popular, Noelia Núñez, que no era casi nada de lo que afirmaba ser en su expediente académico, se desató una polémica creciente y exponencial que adoptó la forma de una bola de nieve de desprestigio de toda la clase política. Cada día, durante dos o tres semanas, se colocaba a alguien en el disparadero y se le forzaba a dimitir, pero los discursos políticos no se detenían en esas individualidades sino que se extendían a todos los dirigentes del partido afectado. Sólo el intento de suicidio del comisionado del Gobierno para la reconstrucción de Valencia, tras la dana, José María Ángel Batalla, del PSOE, que también tuvo que dimitir por falsificar una titulación hace casi cincuenta años, hizo que, de forma inmediata, desapareciera toda la polémica.
Desde que se conoció aquella noticia del intento de suicidio, si nos fijamos, no han vuelto a aparecer más acusaciones sobre currículos falsificados de los políticos. Ya entonces se dijo aquí que aquella polémica lo que debía provocar es un debate serio sobre las estructuras militantes de los partidos políticos desde las propias juventudes, que fomentan la dependencia, el culto al líder y las conspiraciones internas antes que la libertad de pensamiento, la independencia profesional y la vocación de servicio público. Pero no ocurrió así, claro. Quienes fomentan a diario el desprestigio de la clase política fueron los únicos que aplaudieron a rabiar la gresca de paletadas de suciedad que se lanzaron populares y socialistas.
Cuando se disipó la enorme polvareda de la crisis de los currículos, comenzó una polémica mayor por la sucesión infernal de incendios forestales en España. Si la controversia anterior afectaba al prestigio de las personas, de los políticos, la escalada de acusaciones sobre la extinción del fuego atenta directamente contra el prestigio y la consideración de las instituciones. El mensaje que se traslada, frívolamente, es que en España nadie se ha preocupado de los incendios, porque los responsables públicos estaban desaparecidos de vacaciones y han dejado que se quemen los bosques y los pueblos de medio país. También en esto, como se decía al principio, podríamos señalar el origen de toda la polémica o al incitador de esa espiral de odio contra el adversario, pero no serviría más que para continuar con la secuencia de este despropósito. Lo esencial es que alguien tiene que detenerla; un dirigente político que se salga del guion de descalificaciones que se espera de él y frene la oleada de descrédito institucional en todos los niveles del Estado, como si fueran nidos de vividores que dejan tirados a los ciudadanos en las peores catástrofes.
Otra vez se ha vuelto a escuchar el clamor populista de "el pueblo salva al pueblo", como si no existieran los retenes contra el fuego de decenas de miles de profesionales y los incendios forestales los hubieran apagado los vecinos con cubos de agua y escobas mojadas. Se puede realizar un debate serio, riguroso, sobre las deficiencias de los servicios públicos que se ponen de manifiesto en este tipo de situaciones, pero tampoco podemos esperar ese mínimo de consideración cuando, en un par de semanas, se haya reanudado el curso político.
Siguen los rescoldos de la batalla política por los fuegos de estos días
Un filósofo y político español, Manuel Cruz, del PSOE, que fue presidente del Senado, es, quizá, el único que ha levantado la mano estos días para recordar que "el mandato que reciben tanto diputados como senadores cuando se ven elegidos incluye también una dimensión moral". La lucha por el poder no puede justificarlo todo cuando, como vemos, se pretende destruir al adversario arrasando el propio prestigio de la democracia. Cada vez son más los ‘pensadores’ e ideólogos de los nuevos movimientos populistas en todo el mundo que hablan abiertamente de las democracias como sistemas políticos decadentes y desfasados, al mismo tiempo que abogan por nuevos modelos dictatoriales.
En España -y esta es la única buena noticia al respecto- todavía se puede evitar una degeneración mayor. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que ser el primero en frenar la escalada, recuperar el honor del servicio público y alejarse de esa política miserable. También los medios de comunicación y los ciudadanos, todos nosotros, debemos sentirnos concernidos por esta degradación, el abismo al que nos acercamos. Nunca olvidemos este otro aserto: "Qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan". También lo dijo Hitler.
El gran pacto de Estado que necesita España es el de una política con honor y no las naderías que nos propone el presidente del Gobierno cuando siente la necesidad de decir algo. Una política sustentada en unos mínimos de decencia y de moral, alejada de la destrucción del adversario político. Respeto, rigor y contundencia. Una hipotética ‘ley universal de las democracias’ establecería como artículo primero y único que el desprestigio de la política es el objetivo fundamental de todas las dictaduras. "Desinfección política de nuestra vida pública y un enérgico saneamiento moral del pueblo", proponía Hitler en sus discursos y esa es la línea de pensamiento que unifica todas las dictaduras de la historia, sea cual sea el signo político con el que se hayan identificado.