Marlaska, el ministro escapista

Fernando Grande-Marlaska aprendió a ser político siguiendo el primer mandamiento de un detenido cuando está ante el juez: "Lo niego todo". Ahora que los incendios han arrasado media España, la mayor catástrofe forestal que se recuerda, el ministro del Interior debe haberse acordado de alguno de los sujetos que ha mandado al trullo y se ha limitado a decir lo mismo que le dijeron a él: "Lo niego todo". O como dijo aquel quinqui arrabalero al que dos guardias civiles llevaron ante el juez cuando lo sorprendieron con un saco de cables de cobre: "¡Me acojo a la quinta enmienda!". Como giro biográfico es espectacular porque todos sabemos que este hombre fue un magistrado famoso en España antes de ser ministro del Interior, y uno presupone que en esas vocaciones profesionales los principios se graban a fuego en la mente, y siempre permanecen indelebles.

Grande-Marlaska, además, no sólo se mostró inflexible en la persecución de los asesinos de ETA -"el juez que le plantó cara a ETA", le decían-, sino que estuvo amenazado y perseguido por la banda para intentar matarlo cuando estuviera de vacaciones o en un descuido de sus rutinas laborales. Cómo tiene que ser que uno pase de un despacho en el que ordena la detención de Otegi (año 2006) a otro despacho en el que atiende y complace a los emisarios de Otegi (año 2018)… En fin, que en esos giros biográficos acabamos de asistir a otro diametral en el que el ministro Grande-Marlaska ha ignorado el primero de los deberes de todo ciudadano en un Estado de derecho: el cumplimiento de la ley.

Cuando, ya iniciado el mes de agosto, se desató en España un infierno de incendios forestales, el ministro del Interior debía estar en Lanzarote, junto a Pedro Sánchez, en uno de esos lujosos bungalows de La Mareta, el palacio que el rey Hussein de Jordania le regaló a Juan Carlos I. (Por cierto, anotemos, entre paréntesis, que ya que tanto se censuran, justamente, los excesos financieros del rey emérito y sus desmanes fiscales, justo es resaltar también que una de las peculiaridades de esas vidas reales es que les ocurrían cosas como La Mareta, que un ‘primo’ árabe le hace un regalo de esa naturaleza, un complejo de gran lujo de 10.000 metros cuadrados, que directamente pasa a Patrimonio Nacional y luego, por orden directa de Felipe VI, se pone a disposición "los intereses turísticos de España para su promoción y defensa". El presidente Sánchez hizo una interpretación más amplia y decidió elegirlo como lugar de vacaciones junto a familia y amigos).

El mes de agosto se inició en España con la misma tónica que en las semanas anteriores de julio, en las que también soportamos una ola de calor. Pero a partir del 5 de agosto, que se declara el primero de los incendios en Tarifa, que obliga a desalojar a 1.500 personas, comienza una concatenación de fuegos en el oeste español que acaba convirtiéndose en una catástrofe descomunal y desconocida hasta entonces. Podemos hacernos una idea con sólo dos cifras: hasta el 5 de agosto, el fuego había afectado a algo más de 47.000 hectáreas en España, pero solo 15 días después la cifra se disparó hasta las 400.000 hectáreas.

¿Por qué se concentran todos los incendios, a partir del primero de Tarifa, en las autonomías del oeste español? Esa sería una buena pregunta para las comisiones de investigación porque si le añadimos que entre el 80 y el 90% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea por negligencia o por intencionalidad, el ‘misterio’ se agranda. La cuestión es que veinte de los cincuenta incendios más grandes registrados en España en el último cuarto de siglo se han concentrado en esas dos semanas y en la mitad occidental de la península, si la dividimos en dos con una línea imaginaria que atraviesa Madrid. Los datos son del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

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La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil dice de forma escueta y precisa qué se considera una emergencia nacional, quién debe decretarla y cómo se tiene que actuar. Son dos artículos muy precisos, el 28 y el 29. "Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional". Parece evidente, sin necesidad de ser un jurista experto, que la descripción de lo ocurrido en España a partir del 5 de agosto, y de una forma tan acelerada, encaja literalmente en los supuestos de la ley.

¿Y quién debe declarar esa emergencia nacional? En esto la ley es más precisa todavía: "Corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas". La utilización del verbo "corresponder", y su tiempo verbal, tienen un significado inequívoco en un texto legal a la hora de delimitar las responsabilidades. Cuando, ya en la segunda quincena de agosto, se conocieron las primeras declaraciones del ministro del Interior sobre el desastre, Fernando Grande-Marlaska insistió en aquello que sigue repitiendo el Gobierno de Pedro Sánchez: que "desde el minuto uno se puso a disposición de las comunidades autónomas todos los medios que le iban solicitando". Pero la ley no dice eso, que es lo que se puede esperar de los Gobiernos de los países vecinos, sino que le atribuye al ministro un papel protagonista. En una entrevista en El País, Marlaska lo dejó todavía más claro: "No ha estado sobre la mesa que el Gobierno declare la emergencia por los incendios".

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Si se vuelven a releer los dos artículos anteriores, todas las preguntas se reducen a una: ¿y si durante la mayor catástrofe forestal, la emergencia nacional ni siquiera está sobre la mesa, cuándo piensa el Gobierno de Pedro Sánchez que tendría que decretarla? Si se quieren exigir responsabilidades políticas por los incendios, el primero en asumirlas tiene que ser el ministro del Interior. Y a partir de él, todos los demás que están citados en la ley o tienen competencias directas, estatales y autonómicos. Aunque de todas formas, esa es la menor de las necesidades.

Lo sucedido en España en este mes de agosto debería llevarnos a una reflexión profunda sobre el medio rural y a una revisión completa sobre el funcionamiento de nuestro modelo de Estado. Y, por supuesto, sobre las consecuencias de estas olas de calor desconocidas, productos del cambio climático, indudablemente, que provocan los incendios de sexta generación, imposibles de controlar.

Dicen que el ministro Grande-Marlaska lleva tatuado en su muñeca una leyenda, "Ni pena ni miedo", que es "un lema de resistencia que significa que el miedo a las consecuencias de nuestros actos no debe paralizar nuestras decisiones futuras, que hay que ser consecuente con lo que creemos y defendemos". Habría que añadir que también hay que ser consecuentes con nuestras obligaciones. Y las suyas no se solventan con el escapismo.