Los jóvenes de Marruecos ocupan la mayoría de las plazas de acogida y eso, además de carecer de sentido, es contrario a las obligaciones internacionales suscritas por España
Menores en la frontera entre Marruecos y Ceuta (EFE)
La carga de menores que no podemos soportar es la marroquí y ese es el dato que se oculta, la realidad estadística que distorsiona todo el debate. El propósito, digno y humanitario, de acoger a los menores inmigrantes que llegan a las fronteras españolas, y que el Estado asuma su tutela hasta la mayoría de edad, haciéndose cargo de su formación y del resto de necesidades; ese objetivo loable se encuentra tan distorsionado en la actualidad que lo que se pervierte es el fin mismo de la acogida. Vamos a subrayar, antes de continuar, esto que decimos porque ninguna crítica que se le pueda hacer a la acogida de menores inmigrantes persigue otro fin que el de mejorarlo y ampliarlo. Es decir, estas críticas están en el extremo opuesto de aquellos que tratan a los menores inmigrantes como si fueran una plaga de langosta que devora nuestra comida o como bandas de delincuentes que atentan contra nuestra seguridad.
Ese racismo miserable, practicado por tantos que se dicen de costumbres cristianas, es el primero que hay que erradicar de la sociedad. Antes de secundar las proclamas racistas y los bulos que generan odio, deberían repasar las contradicciones con esta cultura judeocristiana que tanto dicen proteger y respetar. "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me acogisteis". Eso está en Mateo 25:35, pero también se encuentran las mismas referencias en el Antiguo Testamento.
Sentados estos principios fundamentales de humanidad, vayamos a la anomalía marroquí que distorsiona nuestro sistema de acogida de menores inmigrantes y que, como tantos otros asuntos, ni siquiera se abordan en el debate político, plagado de lugares comunes. Fijémonos, por ejemplo, en lo que dijo el pasado martes la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la aprobación del real decreto que impone la distribución por autonomías de los miles de menores inmigrantes que se encuentran hacinados en Canarias, en Ceuta y en Baleares. Dice la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez: "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria".
Esa literalidad es una buena demostración del discurso prefabricado, alejado de la realidad. Porque no siempre se trata de un problema de acogida de niños y niñas que llegan solos a España, desde lugares remotos en los que sus vidas están amenazadas y el futuro es una invitación al hambre y la miseria. En la actualidad, según los datos del propio Gobierno, a través del Observatorio Permanente de la Inmigración, el colectivo de menores marroquíes en España alcanza el 59 %, con datos de marzo de este año, pero ha llegado a acercarse al 80 % del total en años anteriores. De los 18.967 menores tutelados de la actualidad -con los datos del Observatorio que podrían variar tras las últimas crisis migratorias-, más de once mil proceden de Marruecos, en su inmensa mayoría varones ya que sólo hay 589 mujeres. Los menores de los demás países, tanto africanos como sudamericanos, están exponencialmente por debajo de esas cifras abrumadoras de Marruecos. El hecho, en sí mismo, de que en el colectivo de menores marroquíes la cifra de mujeres será ínfima, ya nos hace pensar que no se trata estrictamente de un problema de "niños y niñas", como dice la ministra.
Itziar Reyero. SantanderAna Belén Ramos. SantanderGráficos: Unidad de Datos
Sólo tenemos que calcular qué sucedería en los saturados centros de menores de toda España si se descontara esa carga de menores marroquíes y las posibilidades de acogida que se abrirían. Pero avancemos: la renta per cápita de Marruecos quintuplica la de otros países del África subsahariana, con lo que deberíamos considerar que si se trata de administrar bien los recursos y de dirigir la solidaridad hacia aquellos que más la necesitan, los menores marroquíes no deben ser los primeros de la lista y, sin embargo, ocupan la mayoría de las plazas que podrían dedicarse a otros menores inmigrantes con más necesidades y peores perspectivas de vida que ellos.
Y un aspecto más, que es esencial. Todos los convenios y tratados internacionales suscritos por España, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siempre destacan que la prioridad absoluta de toda acogida es la reagrupación familiar. Siempre, esa es la primera exigencia. Al tratarse Marruecos de un país en vías de desarrollo, con el que tanto España como la Unión Europea mantienen numerosas relaciones comerciales y diplomáticas, no se entiende que no exista el más mínimo interés por cumplir con lo que exigen esos tratados, en beneficio del interés superior del menor inmigrante.
La renta per cápita de España es más de quince veces superior a la marroquí y, por lo tanto, lo que tampoco se cuestiona es la necesidad de solidaridad y de apoyo a Marruecos. Pero, ¿podría plantearse un tipo de solidaridad distinta a la actual, que respete el mandato de reagrupación familiar? Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de construir en Marruecos centros de formación financiados íntegramente por la Unión Europea, que incluyan becas de estudios en nuestros países, como una especie de ‘Erasmus africano’. Ni la colaboración ni la solidaridad española y europea deben resentirse con Marruecos, porque el interés estratégico de esa relación va mucho más allá de lo que podamos imaginar.
Los lazos con Marruecos son una necesidad, y esa realidad no varía. Pero, de la misma forma, no debe suponer un chantaje constante y una sumisión permanente, que es en lo que ha caído el Gobierno de Pedro Sánchez desde aquel triste episodio del engaño a Marruecos con el asilo de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario al que luego dejó tirado. Sin principios, ni objetivos, ni dignidad, este tipo de relaciones avanzan siempre de concesión en concesión hasta el caos final. Así que volvamos a lo esencial, la obligación humanitaria de acoger a la mayor cantidad posible de menores inmigrantes y de respetar aquello a lo que nos hemos comprometido: el interés superior del menor. Es decir, nada de lo que se contempla en el debate político español. Pero sabemos bien que la política es imaginación, riesgo y valentía. Y compromiso.
La carga de menores que no podemos soportar es la marroquí y ese es el dato que se oculta, la realidad estadística que distorsiona todo el debate. El propósito, digno y humanitario, de acoger a los menores inmigrantes que llegan a las fronteras españolas, y que el Estado asuma su tutela hasta la mayoría de edad, haciéndose cargo de su formación y del resto de necesidades; ese objetivo loable se encuentra tan distorsionado en la actualidad que lo que se pervierte es el fin mismo de la acogida. Vamos a subrayar, antes de continuar, esto que decimos porque ninguna crítica que se le pueda hacer a la acogida de menores inmigrantes persigue otro fin que el de mejorarlo y ampliarlo. Es decir, estas críticas están en el extremo opuesto de aquellos que tratan a los menores inmigrantes como si fueran una plaga de langosta que devora nuestra comida o como bandas de delincuentes que atentan contra nuestra seguridad.